Pugnas del gobierno encienden alarmas sobre inversión

Las pugnas internas en el gobierno de Jenniffer González Colón comenzaron a provocar un reclamo más amplio desde sectores políticos y económicos: que la controversia entre altos funcionarios ya no es solo un problema de gabinete, sino una amenaza directa al clima de inversión en Puerto Rico.

La Asociación de Industriales de Puerto Rico y Proyecto Dignidad coincidieron en levantar banderas sobre el impacto que pueden tener las disputas públicas, las denuncias de corrupción, la inestabilidad administrativa y los retrasos en proyectos clave sobre la credibilidad del país ante inversionistas locales y extranjeros.

El señalamiento surge en medio de la controversia entre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, quien renunció tras denunciar alegadas intervenciones indebidas en asuntos del DDEC y la Oficina de Gerencia de Permisos.

A esa disputa se suman señalamientos cruzados, referidos ante organismos investigativos, expresiones públicas desde La Fortaleza y cuestionamientos en Washington sobre el uso y la supervisión de fondos federales en Puerto Rico.

La Asociación de Industriales advirtió que las controversias entre funcionarios pueden afectar la certeza jurídica, la credibilidad local e internacional de la isla y la confianza de empresas vinculadas a procesos de incentivos, decretos fiscales y operaciones de manufactura.

El presidente de la organización, Rafael Vélez Domínguez, sostuvo que el desarrollo industrial y la confianza de los inversionistas deben mantenerse protegidos de las disputas del sector público. Su planteamiento fue directo: “La estabilidad y la certeza jurídica son los activos más valiosos” para atraer inversión.

La vicepresidenta ejecutiva de los Industriales, Karen Mojica Franceschi, también alertó sobre el peligro de convertir los decretos, incentivos y estrategias de reshoring en piezas de controversia política. Según la organización, esos instrumentos son pilares institucionales para atraer, retener y expandir negocios en Puerto Rico.

La entidad, que agrupa a cerca de 1,000 empresas y representa un sector con peso significativo en el Producto Interno Bruto de la isla, sostuvo que ha recibido preocupaciones de compañías que operan en Puerto Rico y que forman parte de sectores como farmacéuticas, dispositivos médicos, tecnología y distribución.

El mensaje de los Industriales coloca la controversia en un punto delicado. La crisis ya no se mide únicamente por quién tiene razón entre Domenech y Negrón, sino por el efecto que el ruido gubernamental puede tener en empresas que evalúan invertir, expandirse o permanecer en Puerto Rico.

Proyecto Dignidad, por su parte, fue más allá y acusó al Partido Nuevo Progresista de encabezar un gobierno con deterioro administrativo. La colectividad sostuvo que la crisis en OGPe, los retrasos en la reconstrucción, la inestabilidad en agencias clave y la falta de ejecución efectiva de fondos federales evidencian una administración incapaz de responder con eficiencia.

La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez, planteó que Puerto Rico no puede aspirar a convertirse en un destino competitivo para la inversión si funcionarios de alto nivel se mantienen inmersos en controversias de esa naturaleza.

“La confianza es uno de los activos más importantes para el desarrollo económico, y estas acusaciones erosionan esa confianza”, expresó Pérez.

El vicepresidente de la colectividad, Luis Yordán Frau, también vinculó la controversia con el impacto económico directo sobre familias y trabajadores. A su juicio, cuando el gobierno se convierte en noticia por disputas internas, acusaciones de corrupción y problemas de ejecución, el mensaje que recibe el sector privado es de incertidumbre.

“Esa incertidumbre retrasa inversiones, limita la creación de empleos y perjudica directamente a las familias puertorriqueñas”, sostuvo Yordán Frau.

El reclamo no ocurre en el vacío. Desde la salida de Negrón Reichard del DDEC, sectores empresariales habían pedido rapidez y estabilidad en el liderato de la agencia. La Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Industriales instaron a la gobernadora a nombrar con celeridad un sucesor para proteger la continuidad de iniciativas vinculadas a competitividad, inversión y desarrollo económico.

La Cámara de Comercio también reconoció públicamente a Negrón Reichard durante su convención anual como “Colaborador/Ciudadano del Año”, en momentos en que ya se discutían las circunstancias de su salida del gobierno. En su mensaje grabado, el exfuncionario destacó la libre empresa, la innovación y el desarrollo económico responsable como pilares del progreso de Puerto Rico.

La controversia también ha trascendido el plano local. En una vista del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, la gobernadora enfrentó preguntas sobre el manejo de fondos federales y los señalamientos relacionados con el DDEC. El senador republicano Mike Lee cuestionó cómo el Congreso podía tener garantías de que los fondos enviados a Puerto Rico no estaban siendo mal utilizados o desviados.

La gobernadora rechazó las alegaciones y sostuvo que son falsas, al tiempo que defendió los mecanismos de supervisión sobre los fondos federales. Sin embargo, el hecho de que el asunto llegara al Congreso elevó el costo político de una controversia que comenzó como una disputa administrativa y ahora toca la confianza federal, empresarial e institucional.

Para los sectores económicos, el problema principal es la señal que se envía al mercado. Puerto Rico compite por inversión en manufactura, tecnología, farmacéuticas, logística, turismo, energía y servicios profesionales. Esa competencia exige reglas claras, continuidad, ejecución y agencias capaces de procesar permisos, incentivos y proyectos sin interferencias ni incertidumbre.

Cuando el DDEC y la OGPe aparecen vinculados a disputas internas, señalamientos de presiones, referidos investigativos y renuncias de personal clave, el mensaje que reciben los inversionistas es contrario al que el gobierno intenta proyectar en misiones comerciales, foros económicos y campañas de atracción de capital.

El punto común entre Industriales, Cámara de Comercio y Proyecto Dignidad es claro: Puerto Rico necesita estabilidad institucional para crecer. Sin ella, los incentivos pierden fuerza, los permisos se vuelven más inciertos, los proyectos se retrasan y la credibilidad del gobierno se erosiona.

La crisis coloca a La Fortaleza ante una prueba de ejecución y confianza. No basta con negar alegaciones ni anunciar investigaciones. El sector privado y las organizaciones políticas que se han expresado reclaman señales concretas de control, transparencia y continuidad operacional.

La pregunta ahora es si el gobierno logrará separar la agenda de desarrollo económico de sus pugnas internas o si la controversia seguirá contaminando el mensaje que Puerto Rico intenta vender al mundo: que es un destino confiable para invertir, producir y crecer.