Reforma Contributiva recibe apoyo del sector privado, que reclama cambios estructurales
Alertan sobre riesgos a la competitividad de Puerto Rico
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
Representantes de la industria bancaria, de los Contadores Públicos Autorizados y del sector comercial respaldaron la nueva Reforma Contributiva, calificándola como un primer paso para mejorar el sistema tributario en Puerto Rico, debido a los beneficios que otorga a la clase trabajadora puertorriqueña.
No obstante, advirtieron que aún se requiere hacer mucho más para lograr cambios que impacten positivamente a otros sectores del sector privado.
En síntesis, la nueva reforma reduce la carga contributiva en ciertos niveles de ingreso y amplía las deducciones personales, pero deja intactos componentes clave del sistema contributivo que aún obstaculizan la competitividad del modelo fiscal de Puerto Rico.
Durante una vista de la Comisión cameral de Hacienda y Presupuesto, los deponentes siguieron un hilo conductor al reconocer la necesidad de proveer un alivio contributivo a los asalariados y a los pequeños y medianos comerciantes.
Asimismo, catalogaron la nueva Reforma Contributiva como una medida parcial para lograr ese objetivo, mientras señalaron la necesidad de posponer su entrada en vigor para las próximas planillas, contrario a lo solicitado por la gobernadora Jenniffer González, debido a la necesidad de capacitación, cambios en los sistemas de informática, programas y otros ajustes requeridos.

Entre los deponentes figuraron la presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio; el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, David Rodríguez Ortiz; y el abogado y Contador Público Autorizado Kenneth Rivera-Robles, ex presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
“Esta Asociación coincide con los principios y los pilares establecidos por el Proyecto en su Exposición de Motivos, y avala los mismos en la medida en que se dirigen a simplificar el sistema contributivo” , sostuvo Álvarez Rubio, quien alertó, al igual que otros deponentes, sobre los riesgos que la Reforma, tal y como está redactada, podría representar para otros sectores con escalas de ingresos más altas, como las corporaciones.
En la práctica, la Reforma elimina un descuento que reduce la tasa contributiva máxima de 33 a 31.5 por ciento. Según los deponentes, este cambio podría suponer un golpe para sectores que buscan invertir en Puerto Rico.
“Este aspecto es importante desde el punto de vista de la competitividad en Puerto Rico versus otras jurisdicciones en términos de tasa tributaria. En la medida que aumentamos la tasa máxima, Puerto Rico se vuelve menos competitivo”, indicó Álvarez Rubio.

Por otro lado, los individuos se ven beneficiados por las nuevas tasas contributivas. Por ejemplo, para una persona que devenga menos de $24,500 anuales, la tasa efectiva se reduce de 4.07 a 2.94 por ciento. Esto se traduce, en términos nominales, en una contribución determinada que disminuye de $998 a $720, lo que representa un ahorro de $278.
Del mismo modo, Rodríguez Ortiz subrayó la importancia de una Reforma Contributiva holística que abarque a todos los sectores.
“Si Puerto Rico aspira a posicionarse como un destino atractivo frente a otras jurisdicciones, debe proyectar un sistema contributivo coherente, predecible y alineado con una visión económica a largo plazo”, indicó Rodríguez Ortiz, quien catalogó la aprobación de la medida legislativa de la administración de Jenniffer González como “un paso razonable dentro de un proceso más amplio de reforma”.
De este modo, siguió la misma línea de Álvarez Rubio al advertir que un aumento en la tasa marginal máxima “afectará necesariamente el desarrollo económico de Puerto Rico”.
Por su parte, Rivera-Robles puntualizó diversos aspectos positivos de la medida, como la introducción de ajustes por inflación, aunque aclaró que este beneficio debería extenderse a todas las deducciones, tasas especiales y créditos contributivos.
“El proyecto presenta limitaciones importantes que han sido señaladas por analistas económicos y expertos contributivos”, indicó.
A modo de ejemplo, señaló que la medida no reduce las tasas contributivas corporativas, no atiende las preocupaciones de la Junta de Supervisión Fiscal relacionadas con el Crédito por Trabajo, ni elimina el impuesto al inventario, “uno de los impuestos más dañinos y distorsionantes para la actividad empresarial”.


