Suzanne Roig defiende a Familia ante críticas por menores

En medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo de menores bajo custodia del Estado, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, salió en defensa de su gestión y rechazó categóricamente los señalamientos de abandono, inacción y paralización de los procesos de adopción.

Mediante declaraciones escritas emitidas el martes, 27 de octubre, la funcionaria aseguró que las controversias administrativas que enfrenta la agencia no han interrumpido los servicios esenciales de protección a niños y adolescentes.

Sin embargo, Roig Fuertes reconoció dificultades para conseguir cuidadores y personal contratado, una situación que ha provocado preocupación ante las denuncias de menores que han tenido que permanecer durante la noche en oficinas gubernamentales mientras esperan ser ubicados en hogares sustitutos.

Rechaza acusaciones de abandono e inacción

La titular de Familia cuestionó la manera en que se han presentado públicamente las controversias de la agencia, argumentando que se están mezclando asuntos administrativos con los procesos de protección y adopción de menores.

Roig Fuertes sostuvo que las denuncias de abandono ofrecen una visión incompleta y distorsionada del trabajo que realiza diariamente el Departamento.

La secretaria insistió en que los procesos de adopción continúan funcionando y que los equipos especializados mantienen sus responsabilidades de protección, seguridad y bienestar de los menores.

Según explicó, las adopciones requieren evaluaciones sociales, procedimientos legales, determinaciones judiciales y planes de permanencia que no pueden acelerarse sin considerar los derechos y las circunstancias particulares de cada niño.

Menores durmiendo en oficinas: una realidad bajo escrutinio

Uno de los señalamientos que mayor preocupación ha provocado es la permanencia de niños en instalaciones del Departamento de la Familia, incluso durante la noche, debido a la falta de hogares sustitutos disponibles.

El pasado 22 de octubre, la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Lydael Vega Otero, advirtió sobre el aumento de menores que pernoctan en oficinas de la agencia.

Según planteó, una parte considerable de estos casos corresponde a niños de entre cero y cinco años, una población particularmente vulnerable por su edad y sus necesidades de atención.

La representante del gremio también señaló deficiencias en las políticas de prevención y en las alternativas disponibles antes de remover a los menores de sus hogares.

Frente a estos señalamientos, Roig Fuertes explicó que cada menor removido requiere una evaluación individual antes de determinar su ubicación.

La funcionaria indicó que las oficinas cuentan con espacios destinados a ofrecer atención provisional, incluyendo alimentos, ropa, productos de higiene y materiales recreativos.

No obstante, la existencia de estos espacios no elimina los cuestionamientos sobre cuánto tiempo permanecen los menores en ellos ni sobre la disponibilidad de hogares adecuados para recibirlos.

Reconoce dificultades con la contratación de cuidadores

La secretaria admitió que una de las principales dificultades que enfrenta la Administración de Familias y Niños (ADFAN) es la disponibilidad de cuidadores mediante las compañías proveedoras de servicios.

Según explicó, la agencia continúa evaluando alternativas para ampliar estos recursos.

Cuando no se consigue personal contratado de inmediato, trabajadores sociales, técnicos y asistentes de servicios a la familia asumen provisionalmente la atención de los menores.

Roig Fuertes defendió la labor de esos empleados y rechazó que la permanencia temporal de niños en oficinas deba interpretarse automáticamente como abandono.

Sin embargo, las expresiones de la funcionaria no incluyeron una cifra actualizada de menores que han tenido que pernoctar en instalaciones de la agencia, el tiempo promedio de permanencia ni una fecha concreta para resolver la escasez de cuidadores.

Estos datos resultarían fundamentales para evaluar la magnitud del problema y determinar si las medidas anunciadas están produciendo resultados.

Controversias administrativas también rodean a la agencia

Las expresiones de Roig Fuertes ocurren en momentos en que el Departamento de la Familia enfrenta cuestionamientos públicos relacionados con su administración, procesos de contratación y conflictos laborales.

Entre las controversias recientes figura una demanda civil presentada por la exdirectora regional de Arecibo, Blanca García Sostre, quien reclama $1.35 millones por alegados daños, hostigamiento laboral y represalias.

La secretaria ha sostenido que los señalamientos relacionados con esa demanda fueron objeto de procedimientos investigativos administrativos y que el asunto debe atenderse mediante los mecanismos correspondientes.

Las alegaciones contenidas en la demanda permanecen sujetas a los procesos judiciales y no constituyen determinaciones de responsabilidad.

Por su parte, la funcionaria reiteró que las controversias administrativas y las investigaciones en curso no han detenido el funcionamiento de los programas de asistencia y protección social.

Trabajadores sociales enfrentan una carga adicional

La situación también ha puesto sobre la mesa las condiciones laborales de los profesionales encargados de atender los casos de maltrato, negligencia y protección de menores.

Trabajadores sociales han denunciado insuficiencia de personal, acumulación de expedientes y dificultades para conseguir ubicaciones adecuadas para los niños removidos de sus hogares.

La secretaria indicó que su administración ha desarrollado iniciativas de capacitación, autocuidado y manejo del desgaste emocional para fortalecer el desempeño de estos profesionales.

No obstante, el desafío trasciende los programas de capacitación, pues también implica garantizar recursos humanos suficientes y alternativas reales de ubicación para los menores.