UGT exige garantías ante jornada de 32 horas semanales

La Unión General de Trabajadores (UGT), Local 1199, expresó reservas sobre el Proyecto de la Cámara 1459, que propone reducir la jornada laboral de los empleados públicos a un máximo de 32 horas semanales distribuidas en cuatro días, y reclamó garantías para evitar que la medida afecte salarios, beneficios y derechos adquiridos.

El presidente de la organización sindical, Edwin Méndez Cardona, reconoció que la propuesta podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores y reducir gastos relacionados con transportación y otras necesidades. Sin embargo, advirtió que su implementación debe estar acompañada de protecciones laborales claras.

“Una jornada reducida puede representar un alivio para los trabajadores que enfrentan aumentos constantes en los costos de transportación, gasolina, alimentos y utilidades. Pero ese alivio tiene que ser real. No puede venir acompañado de una reducción en sus licencias, una pérdida de beneficios o un menoscabo de sus derechos”, expresó Méndez Cardona.

Preocupación por licencias y beneficios

Entre los principales señalamientos de la UGT figura el impacto que tendría la reducción de horas sobre la acumulación de vacaciones, licencias por enfermedad, el bono de Navidad y otros beneficios laborales.

El sindicato sostuvo que mantener el salario íntegro no es suficiente si la legislación no garantiza que los empleados continúen acumulando sus beneficios bajo condiciones equivalentes a las actuales.

“No basta con establecer que el salario se mantendrá en su totalidad. También debe garantizarse que los trabajadores continúen acumulando sus vacaciones y licencia por enfermedad sin menoscabo”, advirtió el dirigente.

La organización también solicitó que se establezcan criterios específicos para aquellas agencias que, por necesidades operacionales, deban mantener jornadas superiores a las 32 horas.

Según Méndez Cardona, deben definirse los mecanismos de asignación de días libres, rotación de turnos y participación de los representantes sindicales en las decisiones sobre horarios.

Advierten sobre falta de personal

La UGT también expresó preocupación por las vacantes existentes en las agencias gubernamentales y reclamó un plan de reclutamiento que permita mantener la continuidad de los servicios públicos.

“Una jornada reducida requiere una plantilla suficiente y una planificación responsable. No debe utilizarse como justificación para subcontratar funciones del servicio público”, manifestó Méndez Cardona.

Asimismo, solicitó que los programas piloto contemplados en la legislación establezcan criterios claros de duración, selección de participantes y evaluación de resultados, con participación sindical durante todo el proceso.

Finalmente, la organización exhortó a la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, presidida por el representante Roberto López Burgos, a incorporar las garantías necesarias antes de avanzar con la legislación.

“Estamos disponibles para contribuir a una propuesta que mejore las condiciones de trabajo y fortalezca los servicios al pueblo. Para lograrlo, es indispensable proteger íntegramente los derechos de los empleados”, concluyó Méndez Cardona.