Ya son ley las medidas que refuerzan la lucha contra la violencia doméstica y rehabilitación de confinados

La gobernadora Jenniffer González firmó cuatro nuevas leyes que abordan temas de violencia doméstica, rehabilitación de personas confinadas, acceso a servicios de salud y control de sustancias reguladas, como parte de su agenda legislativa para atender asuntos sociales críticos.

Una de las nuevas leyes, la Ley 21-2025, requiere que los jueces en Puerto Rico participen, dos veces al año, en adiestramientos sobre violencia doméstica, incluyendo actualizaciones en políticas y procedimientos relacionados con la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

Estos adiestramientos estarán a cargo de la Procuraduría de las Mujeres. La medida responde a una iniciativa de la propia administración.

Por otro lado, la Ley 22-2025, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez y del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, restituye la autoridad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir certificados de rehabilitación y capacitación laboral a personas que han cumplido sus penas. Además, permite su contratación en el servicio público municipal, salvo algunas excepciones, y establece una Oficina de Colocación de Empleos para ayudar en la reintegración de exconfinados.

En el ámbito de la salud, la Ley 23-2025, también impulsada por Méndez junto al representante Jorge Navarro, garantiza la continuidad de planes médicos bajo la política de transición de 2013 del Departamento de Salud federal.

Esta ley busca evitar que ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico pierdan acceso a servicios médicos por razones de costo.

Finalmente, la Ley 24-2025 modifica la Ley de Armas para reconocer como agentes del orden público a los inspectores de la Oficina de Sustancias Controladas del Departamento de Salud. Esta medida fortalece la capacidad del Estado para fiscalizar el uso, distribución y disposición de sustancias controladas en la Isla.

Las nuevas leyes reflejan un enfoque amplio de la administración González para atender temas urgentes con impacto directo en la seguridad, la salud pública y la justicia social.