Reforma de permisos: el riesgo de quitarle poder a los municipios

En Puerto Rico, hablar de permisos es hablar de atraso. El sistema es lento, complicado y muchas veces frustrante. Eso hay que cambiarlo, y en eso hay consenso.

Pero una cosa es simplificar y otra muy distinta es concentrar el poder en el gobierno central. Ahí es donde realmente está el debate. Los proyectos de reforma buscan agilizar procesos, reducir burocracia y facilitar la inversión, lo cual es positivo. Nadie está en contra de que abrir un negocio o construir sea más rápido. El problema surge cuando esa agilidad se intenta lograr restándole participación a los municipios.

En ese contexto, vale distinguir entre las dos medidas principales. El Proyecto del Senado 1173, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, va dirigido a reducir la burocracia de forma más directa. Su enfoque es simplificar procesos y permitir que el ciudadano pueda cumplir con requisitos claros y avanzar sin quedar atrapado en trámites interminables. En esencia, apuesta por menos intervención previa del Estado y más eficiencia en la gestión.

Por otro lado, el Proyecto del Senado 1183, promovido por la gobernadora Jenniffer González Colón, propone una reforma más amplia, creando un marco integrado para el sistema de permisos. Su intención es ordenar, uniformar y modernizar el sistema. Eso tiene valor. Pero también levanta preocupaciones legítimas sobre una posible concentración excesiva de poder en el gobierno central y el desplazamiento del rol municipal.

Ambos proyectos parten de un diagnóstico correcto y, bien trabajados, pueden complementarse. Uno atiende la urgencia de agilizar; el otro busca estructurar el sistema. El reto está en lograr ese balance sin que la solución termine siendo peor que el problema.

Por eso es importante destacar la labor que está llevando a cabo el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez. Su postura ha sido clara: sí a la reforma, pero con balance. No se trata de oponerse por oponerse, sino de mejorar el sistema sin debilitar la autonomía municipal. Recientemente, la Federación anunció que estará presentando más de 20 enmiendas al proyecto. Eso no es un acto político, es un ejercicio serio de trabajo, producto de diálogo con el Ejecutivo, vistas públicas y análisis técnico.

A esa discusión también se suma otro elemento que no debe pasar desapercibido. Mientras la Federación de Alcaldes ha asumido una postura activa -proponiendo enmiendas y participando del proceso - hay otros sectores que han optado por el camino más fácil: oponerse sin presentar alternativas. No se trata aquí de una oposición basada en criterios técnicos o en propuestas de mejora, sino más bien de posturas ancladas en consideraciones ideológicas o políticas.

Incluso, en algunos casos, se recurre a falacias por asociación: se rechaza la reforma no por su contenido, sino por la percepción de que podría beneficiar a determinados sectores, como si se tratara de una especie de lucha de clases contra los desarrolladores, sin entrar a evaluar si los cambios propuestos corrigen o no los problemas reales del sistema. Esa postura, además, refleja una comprensión limitada del problema de fondo: la burocracia excesiva en los permisos y la necesidad de descentralizar procesos hacia los municipios. En esta ocasión, esa realidad también se ha visto reflejada en expresiones de la Asociación de Alcaldes, cuyos planteamientos, hasta el momento, se han limitado al rechazo general de la reforma, sin un marco claro de recomendaciones concretas. Y ahí es donde se marca la diferencia: no es lo mismo criticar desde la teoría que construir desde la responsabilidad.

El planteamiento de la Federación es sencillo: lo que funciona no debe eliminarse. Hoy existen municipios con capacidad para manejar permisos y otros que operan mediante consorcios. Esos modelos han dado resultados. Ignorarlos en nombre de la uniformidad sería un error.

La reforma debe facilitar procesos, pero también debe garantizar controles, respetar la planificación local y asegurar que los municipios sigan teniendo voz y capacidad de acción. No se puede hablar de desarrollo económico mientras se debilitan las estructuras que lo sostienen a nivel local. Se puede simplificar sin centralizar, agilizar sin excluir y reformar sin desmantelar.

Porque al final, una reforma de permisos no se mide solo por cuán rápido se aprueba un proyecto, sino por cuán bien responde a la realidad de las comunidades. Y en esa realidad, los municipios no son opcionales, son esenciales. Si en nombre de la agilidad terminamos quitándole poder a los municipios, no estaremos resolviendo el problema, estaremos creando uno nuevo.

Simplificar es necesario, pero no a costa de la autonomía local.