Fallas en recaudos de la Policía: Contralora destapa desorden administrativo
Auditoría revela cobros sin autorización, recibos irregulares y controles débiles en el manejo de fondos públicos
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
La fiscalización volvió a encender las alarmas dentro del aparato de seguridad pública. Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico destapó serias deficiencias en los procesos de recaudo del Negociado de la Policía de Puerto Rico, incluyendo cobros sin autorización, recibos no oficiales y fallas en controles internos que, aunque no evidencian pérdida de dinero, sí abren la puerta a irregularidades.
La contralora Carmen Vega Fournier fue tajante al resumir el hallazgo:
“La seguridad pública también exige disciplina fiscal… y absoluto cumplimiento con las normas que rigen el manejo de fondos públicos”.
El informe cubre operaciones entre julio de 2021 y junio de 2025, un periodo en el que la Policía aún operaba bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Pública y era dirigida, hasta finales de 2024, por el coronel Antonio López.
Recaudos sin control: lo que encontró la auditoría
Los hallazgos no son menores. La auditoría examinó ingresos generados por servicios policiacos, almacenamiento de armas, donativos federales y otras operaciones, que sumaron más de $145.4 millones en ese periodo.
Pero en medio de ese volumen de dinero, el problema no fue cuánto entró, sino cómo se manejó:
- Empleados realizaron cobros sin estar autorizados por el Departamento de Hacienda
- Se emitieron recibos manuales no oficiales, sin control ni registro adecuado
- Se detectaron depósitos tardíos, de hasta 29 días
- Hubo inconsistencias entre registros contables y depósitos bancarios
- Se identificaron recibos fuera de secuencia y documentos ilegibles
En términos simples: dinero público entrando por múltiples vías… pero sin una trazabilidad confiable.
Controles internos débiles y funciones mal asignadas
Uno de los señalamientos más delicados no es técnico, es estructural.
La auditoría reveló que una misma empleada podía facturar, cobrar y registrar pagos, una combinación que rompe cualquier principio básico de control interno y abre espacio a errores o potenciales irregularidades.
Además, al cierre del periodo auditado, había 985 cuentas por cobrar acumulando cerca de $980,233, sin controles adecuados para su seguimiento.
El riesgo no es teórico
La propia Contralora advirtió el alcance del problema: estas fallas “abren espacio a errores, irregularidades o uso indebido de fondos”.
En otras palabras, aunque no se identificaron pérdidas concretas, el sistema —tal como operaba— tenía todas las condiciones para que ocurrieran.
La respuesta del gobierno
Desde el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico se defendieron señalando que: "no se detectaron pérdidas de fondos, el dinero fue eventualmente depositado y registrado. y ya comenzaron ajustes en los procesos y capacitación del personal."
Por su parte, la Policía argumentó que muchos de los señalamientos corresponden a la etapa previa a su reorganización bajo la Ley 83 de 2025, que le otorgó autonomía administrativa y fiscal.
Las recomendaciones: lo básico que no se estaba haciendo
La Contralora fue directa en lo que debe corregirse:
- Nombramientos formales para quienes manejan dinero
- Uso exclusivo de recibos oficiales autorizados
- Depósitos diarios
- Separación de funciones en procesos financieros
- Supervisión estricta de los recaudos
Nada revolucionario. Todo elemental.
Cuando la seguridad también pasa por la contabilidad
El caso deja una lección incómoda: no basta con patrullar calles si las finanzas internas operan sin control.
El Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene la misión de proteger vidas y propiedad, pero esa responsabilidad también implica manejar con rigor cada dólar público.
Porque cuando falla la contabilidad, no solo se compromete el dinero: se erosiona la confianza. Y eso si es una perdida.
