Rivera Schatz acusa a Oronoz de concentrar el poder judicial

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó este lunes a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, al señalar que aparentemente pretende concentrar poderes administrativos en la Rama Judicial y rechazar la revisión de sus facultades.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder senatorial sostuvo que ninguna de las tres ramas de gobierno debe operar como una monarquía y defendió la revisión de sus respectivos poderes como parte del sistema republicano establecido en las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Las expresiones surgen en medio del debate sobre la reforma judicial impulsada desde la Legislatura y las objeciones de la jueza presidenta a los cambios propuestos en la administración del Poder Judicial.

En una entrevista publicada por El Nuevo Día el domingo, Oronoz Rodríguez defendió sus facultades administrativas y advirtió sobre las amenazas que, a su juicio, representan los cambios propuestos para la independencia judicial.

Rivera Schatz rechazó que la revisión de las estructuras de gobierno constituya una amenaza y argumentó que ninguna de las ramas está exenta de cambios dirigidos a mejorar su funcionamiento.

El presidente senatorial también agradeció a los abogados y jueces que, según indicó, han expresado su respaldo a la revisión de lo que describió como poderes «unipersonalísimos» en las tres ramas de gobierno.

La controversia gira en torno a los límites de las facultades administrativas de la jueza presidenta y al alcance de la intervención legislativa en la organización del Poder Judicial, asuntos que han generado posiciones encontradas sobre la separación de poderes y la independencia judicial.

Un voto del Supremo ya había advertido sobre una «monarquía»

La controversia sobre el alcance de los poderes de la jueza presidenta no se limita al debate actual entre la Legislatura y la Rama Judicial. En marzo pasado, cinco integrantes del propio Tribunal Supremo respaldaron un voto que cuestionó la concentración de facultades administrativas en la Presidencia del máximo foro judicial.

El 12 de marzo de 2026, al aprobarse enmiendas al Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia, el juez asociado Rafael Martínez Torres emitió un voto de conformidad al que se unieron la jueza Mildred Pabón Charneco y los jueces Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Raúl Candelario López. 

En el escrito, Martínez Torres retomó planteamientos que había formulado desde 2019 sobre el funcionamiento de la Comisión de Evaluación Judicial. El juez sostuvo que ese organismo pertenece al Tribunal Supremo en pleno y cuestionó lo que describió como una «injerencia exclusiva» de la Jueza Presidenta que dejaba fuera a los demás integrantes del Tribunal. Incluso alegó que ello permitía ejercer control sobre la comisión «a espaldas» de los jueces asociados. 

Martínez Torres concluyó entonces que continuaría reclamando participación de los jueces asociados en los organismos del Tribunal para evitar, según expresó, que la Rama Judicial se administrara «como si fuera una monarquía». La utilización de ese término cobra relevancia ahora que Rivera Schatz ha empleado una analogía similar al cuestionar públicamente los poderes administrativos que ejerce Oronoz Rodríguez. 

Las enmiendas aprobadas en marzo establecieron expresamente que los jueces y juezas del Tribunal Supremo pueden participar con voz y voto en cualquier reunión o actividad de la Comisión de Evaluación Judicial. También disponen que los integrantes de la Comisión son nombrados por el Pleno del Tribunal Supremo, reforzando formalmente la participación colegiada en ese organismo. 

Este antecedente añade otra dimensión a la controversia: las diferencias sobre cuánto poder debe descansar en la figura de la Jueza Presidenta también han sido planteadas dentro del propio Tribunal Supremo, y no exclusivamente desde la Asamblea Legislativa.