Ada Álvarez exige datos sobre nómina y contratos

La senadora Ada Álvarez Conde presentó una petición de información dirigida a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para conocer cómo el Gobierno distribuye los recursos públicos entre la nómina gubernamental y los contratos por servicios profesionales.

La petición de información 2026-0073 solicita datos sobre la cantidad de empleados públicos activos, la clasificación de puestos, salarios, aportaciones al retiro y el total de contratos otorgados por las agencias del Gobierno. También requiere información sobre honorarios, tarifas y compensaciones adicionales incluidas en esos acuerdos.

Según la legisladora popular, el propósito de la medida es fiscalizar el uso del dinero público y evaluar si existe un balance justo entre los recursos destinados a los servidores públicos de carrera y aquellos asignados a contratistas externos.

“Tenemos que garantizar que el dinero del pueblo se utilice de forma responsable y justa. Puerto Rico necesita transparencia para asegurarnos de que los servicios se estén ofreciendo correctamente y que nuestros servidores públicos reciban la atención y prioridad que merecen, sin que todo termine concentrado en contratos”, expresó Álvarez Conde.

La solicitud ocurre en momentos en que la delegación del Partido Popular Democrático ha denunciado aumentos en plazas de confianza dentro de agencias gubernamentales, así como preocupación por el crecimiento de contrataciones externas en comparación con los recursos destinados al personal regular del servicio público.

Álvarez Conde sostuvo que la información requerida permitirá evaluar con mayor claridad cómo se están administrando los fondos públicos, particularmente en áreas relacionadas con salarios, beneficios, aportaciones al sistema de retiro y contratación de servicios profesionales.

La medida también busca abrir espacio para una discusión más amplia sobre la eficiencia gubernamental y la justicia laboral dentro del aparato público, especialmente para empleados que sostienen servicios esenciales en agencias del Gobierno.

Con esta petición, la senadora coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre si el Gobierno está fortaleciendo su plantilla de empleados públicos o si, por el contrario, continúa delegando funciones mediante contratos que podrían representar un gasto mayor para el erario.