Contratistas alertan sobre posible puerta a expropiaciones en reforma de permisos

La reforma de permisos impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón volvió a enfrentar cuestionamientos, esta vez desde el propio sector de la construcción, luego de que la Asociación de Contratistas Generales de América, capítulo de Puerto Rico (ACG-PR), advirtiera que una disposición del Proyecto del Senado 1183 podría abrir la puerta a expropiaciones o reclamaciones tipo takings.

El señalamiento fue presentado por el presidente de la ACG-PR, el ingeniero Ismael Sánchez, durante el análisis legislativo del propuesto Código de Planificación y Permisos. La preocupación central gira en torno a si el lenguaje de la medida podría permitir que decisiones administrativas sobre usos de terrenos, planificación o permisos terminen afectando derechos propietarios de manera tal que activen controversias constitucionales sobre justa compensación. 

El Proyecto del Senado 1183, presentado como medida de administración, propone crear un nuevo Código de Planificación y Permisos para reorganizar el sistema de permisos del Gobierno de Puerto Rico. La medida contempla nuevas estructuras adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), incluyendo la Junta de Planificación y Urbanismo, la Oficina de Atención y Resolución de Querellas, la Junta de Revisiones Administrativas y una Oficina Central de Permisos. 

Aunque la industria de la construcción ha reclamado por años un sistema de permisos más ágil, predecible y menos burocrático, la ACG-PR planteó que la rapidez no puede lograrse mediante un texto legal que deje espacios abiertos a interpretaciones peligrosas. El aviso de los contratistas coloca presión adicional sobre La Fortaleza y el Senado, porque proviene de un sector que usualmente favorece reformas dirigidas a destrabar proyectos, acelerar inversión y reducir costos de desarrollo.

La inquietud de los contratistas no llega en el vacío. Desde que comenzó la discusión pública del PS 1183, distintos sectores han expresado preocupación por la concentración de facultades en el DDEC y por el alcance de una llamada cláusula de supremacía dentro del proyecto. En una vista previa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó que el Artículo 1.05 pudiera colocar al nuevo marco administrativo por encima de leyes, reglamentos o determinaciones municipales, lo que a su juicio levantaría problemas de balance institucional. 

El DDEC, por su parte, ha defendido la propuesta como una reforma estructural para acabar con la fragmentación del sistema actual, al señalar que Puerto Rico opera bajo decenas de leyes y reglamentos que generan duplicidad, retrasos y litigios. Según la administración, el nuevo Código busca establecer una “sola regla del juego”, transformar la OGPe en una Oficina Central de Permisos y centralizar la emisión de permisos y licencias en el Gobierno central. 

Sin embargo, para los contratistas, el problema no es únicamente la intención de simplificar, sino la manera en que se redacta el poder del Estado para intervenir con terrenos, usos permitidos y determinaciones finales. En la práctica, una reforma mal calibrada podría mover el péndulo de la burocracia excesiva hacia una autoridad administrativa demasiado amplia, con consecuencias legales, económicas y constitucionales.

Sánchez también cuestionó el costo y el tiempo que tomaría implementar el nuevo sistema. De acuerdo con información divulgada sobre la discusión pública de la medida, la implementación podría requerir una inversión millonaria y varios años antes de estar plenamente operante, un dato que choca con la promesa política de producir alivios rápidos en el proceso de permisos. 

El debate deja al descubierto una contradicción importante: Puerto Rico necesita permisos más rápidos, pero también necesita reglas claras. Para desarrolladores, contratistas, municipios, comunidades y propietarios, la certeza jurídica puede ser tan importante como la velocidad. Un permiso expedito que luego termine en litigio, impugnación o reclamación de compensación no resuelve el problema; lo traslada a otro foro.

La medida de La Fortaleza compite además con el Proyecto del Senado 1173, impulsado por Rivera Schatz, que propone una reforma más directa al sistema actual mediante mecanismos como el Registro de Uso y un Permiso de Construcción Integrado. Ambas propuestas se evalúan en el Senado como parte de un intento amplio por transformar un sistema señalado por años como una de las principales trabas al desarrollo económico de la isla. 

Con la advertencia de la ACG-PR, la discusión sobre permisos entra en una zona más delicada. Ya no se trata solo de si el gobierno puede aprobar permisos en menos tiempo, sino de si la reforma puede hacerlo sin afectar derechos propietarios, sin debilitar la planificación y sin crear un nuevo laberinto legal bajo el nombre de eficiencia.