Buscan destituir a jueza federal por escándalo sexual

Dos congresistas republicanos de Georgia presentaron artículos de residenciamiento contra la jueza federal Eleanor Ross, luego de que una investigación judicial concluyera que una magistrada sostuvo una relación extramarital con un alto oficial de la Policía de Atlanta, tuvo encuentros sexuales en sus oficinas del tribunal y luego ofreció declaraciones falsas durante una pesquisa interna.

La iniciativa fue impulsada por los representantes Andrew Clyde y Clay Fuller, quienes sostienen que Ross no debe permanecer en el banco federal por haber comprometido la confianza pública en la judicatura. Ross es jueza del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Georgia y fue nominada en 2014 por el entonces presidente Barack Obama.

Según la resolución de Clyde, la jueza habría sostenido una relación con el oficial Kelley Collier, quien ocupaba una posición de alto rango en la Policía de Atlanta. El documento legislativo alega que ambos tuvieron contacto íntimo, incluyendo relaciones sexuales, y que parte de esa conducta ocurrió en las cámaras de la jueza, en horario laboral y al alcance auditivo de empleados del tribunal.

El caso cobró mayor relevancia porque la investigación judicial también señaló que Ross asistió a un evento político vinculado a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, figura nacionalmente conocida por haber impulsado el caso contra el presidente Donald Trump por alegaciones relacionadas con las elecciones de 2020 en Georgia.

Para los republicanos, ese vínculo agrava las dudas sobre la imparcialidad de Ross, especialmente porque el Departamento de Justicia solicitó que la jueza se inhibiera de un caso relacionado con registros electorales de Georgia. El gobierno federal argumentó que su participación en un evento de Willis podía levantar cuestionamientos razonables sobre su neutralidad en asuntos políticamente sensitivos.

La pesquisa judicial no solo apuntó a la relación extramarital. También concluyó que la jueza hizo declaraciones falsas cuando fue confrontada inicialmente por los señalamientos. Según los hallazgos, Ross negó haber tenido relaciones sexuales en su oficina o en cualquier otra parte del tribunal, pero luego habría corregido esas expresiones.

A pesar de la gravedad de las conclusiones, el sistema disciplinario de la judicatura federal le impuso una reprimenda privada. Como parte de las medidas correctivas, la jueza aceptó disculparse con exempleados entrevistados durante la investigación, renunciar a cualquier posibilidad de servir como jueza presidenta y no formar parte de comités de la Conferencia Judicial.

Esa sanción fue precisamente lo que provocó la ofensiva republicana. Clyde y Fuller consideran que una reprimenda privada es insuficiente para una jueza vitalicia que, según ellos, comprometió la integridad del tribunal, mintió durante una investigación oficial y creó un ambiente laboral inapropiado para empleados judiciales.

“Sus acciones profundamente perturbadoras prueban que es incapaz de demostrar integridad o imparcialidad”, sostuvo Clyde al defender la medida de residenciamiento.

El proceso ahora dependerá de la Cámara de Representantes federal, particularmente del Comité de lo Jurídico, que tendría que decidir si avanza con el caso. La destitución de jueces federales es poco común en Estados Unidos, pues estos funcionarios tienen nombramientos de por vida y solo pueden ser removidos mediante impeachment en la Cámara y convicción en el Senado.

Ross no ha comentado públicamente sobre la nueva ofensiva legislativa. Mientras tanto, el caso se ha convertido en otro frente de batalla entre republicanos y el sistema judicial federal, con los conservadores denunciando una doble vara y falta de consecuencias reales para jueces acusados de mala conducta.

La controversia también coloca nuevamente bajo escrutinio la relación entre figuras judiciales, fiscales locales y casos políticamente cargados en Georgia, un estado que ha estado en el centro de las disputas legales y electorales vinculadas a Trump desde 2020.