El escenario político de Puerto Rico se ha visto sacudido recientemente por declaraciones incendiarias de Jenniffer González Colón, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), sobre una presunta exención contributiva para los contratistas de LUMA Energy.
Según publicó González en un comunicado, la supuesta propuesta concede una exención del setenta y cinco por ciento (75%) a Luma Energy LLC del pago de impuestos municipales, el cual tendría un alegado impacto de sobre $600 millones de dólares en las arcas de los ayuntamientos.
Sin embargo, voces oficiales del gobierno han salido al frente para desmentir estas afirmaciones con datos, arrojando luz sobre la verdad de los procedimientos fiscales en curso.
Desde La Fortaleza, el Secretario de Asuntos Energéticos utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para corregir el récord público, aclarando que la información propagada por González Colón no solo es prematura, sino incorrecta. Detalló que aunque LUMA ha solicitado un decreto bajo la Ley Núm. 60-2019, conocida como el "Código de Incentivos de Puerto Rico", este no ha recibido luz verde y se encuentra en un meticuloso proceso de evaluación interagencial y municipal por parte del DDEC quien tiene "el deber ministerial de evaluar todas las solicitudes que recibe."
Por otro lado, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Manuel Cidre lanzó un comunicado de prensa que profundiza en el asunto. Confirmó que, en efecto, se había recibido una solicitud del consorcio. No obstante, aclaró que "la Ley 60 provee para que el DDEC evalúe los méritos de dicha solicitud, su impacto positivo o negativo sobre la economía, al igual que su costo fiscal, incluidos los municipios, y basado en ello, poder denegar una solicitud".
En una movida sin precedente, las declaraciones del jefe de DDEC apuntan a que el gobierno se inclina a no aprobar el decreto a favor de LUMA, si concluye que "pudiera ser contra producente (sic) proceder con el incentivo". El secretario Cidre también señaló que "los contratistas y de entidades Alianzas Público Privadas haciendo obras en la red eléctrica, tienen que pagar arbitrios y patentes a los municipios, sin exención alguna".
Este tumulto mediático pone de manifiesto la necesidad crítica de transparencia absoluta y un manejo adecuado de la información pública. Los incentivos contributivos son definidos como instrumentos para estimular el desarrollo económico y atraer inversiones que potencien la competitividad de Puerto Rico. Sin embargo, si las solicitudes no se alinean con los objetivos estratégicos del Estado, pueden ser rechazadas, tal como permite la Ley 60.
Este choque refuerza la importancia de que los líderes políticos y funcionarios comuniquen con precisión y fundamentos, evitando confusiones y garantizando que el público esté correctamente informado sobre los temas que afectan la vida y el futuro económico de la isla.
La primaria por la gobernación del PNP se llevará a cabo el 2 de junio. La carrera ha contado con varias instancias en las que la comisionada residente ataca al gobernador, también del PNP, con información que posteriormente es desmentida.