Deloitte admite que ERP sigue sin cierres financieros

La investigación del Senado sobre el funcionamiento del sistema financiero IntegraPR, conocido como ERP, reveló nuevas deficiencias en su implementación, incluyendo la ausencia de cierres financieros mensuales desde julio, atrasos en pagos a suplidores, diferencias sobre la configuración de la plataforma y el aplazamiento de su segunda fase, relacionada con Recursos Humanos y Nómina.

Durante una vista pública de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, presidida por el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, representantes de Deloitte Consulting LLP y de la Administración de Servicios Generales (ASG) presentaron evaluaciones distintas sobre las causas de los problemas que enfrenta el sistema.

Uno de los señalamientos más significativos surgió cuando Deloitte reconoció que no se han completado los cierres financieros mensuales desde que IntegraPR comenzó a operar en julio de 2026, situación que podría complicar la preparación de los estados financieros del Gobierno.

Deloitte defiende el sistema, pero reconoce atrasos

El principal oficial de Deloitte Consulting LLP, Ángel Quiñones Cardona, sostuvo que las principales dificultades responden a problemas de conversión de datos y al manejo de la plataforma por parte de las agencias, descartando que existan fallas críticas de configuración.

Según los datos presentados por la empresa, desde julio se han procesado 80,692 facturas por aproximadamente $5,950 millones, correspondientes a más de 7,000 suplidores.

En el Departamento de Educación, Deloitte informó que se han pagado 33,735 facturas por unos $353.8 millones. Sin embargo, reconoció que todavía permanecen pendientes 2,373 facturas relacionadas con transportación escolar, por aproximadamente $7.4 millones.

Quiñones Cardona admitió que será necesario atender los cierres financieros correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre para evitar mayores complicaciones al finalizar el año fiscal.

La empresa tampoco pudo establecer una fecha definitiva para normalizar los pagos.

Contrato aumenta a $86.4 millones y nómina se retrasa

Otro de los hallazgos de la audiencia estuvo relacionado con el costo del proyecto.

Deloitte confirmó que su contrato original, ascendente a $73.1 millones, ha sido enmendado en 14 ocasiones, aumentando su valor máximo a aproximadamente $86.4 millones.

De esa cantidad, la empresa ha recibido alrededor de $67.6 millones y, según su representante, no se le han impuesto penalidades contractuales.

Además, se confirmó que la segunda fase del sistema, correspondiente a Recursos Humanos y Nómina, no estará lista para enero de 2027, como estaba previsto.

La firma atribuyó el retraso a dificultades para obtener información necesaria para validar los cálculos de nómina y beneficios, así como a integraciones pendientes con otras plataformas gubernamentales.

Quiñones Cardona explicó que la implementación de este componente debe coincidir con determinados ciclos trimestrales, por lo que incumplir una fecha de lanzamiento puede representar un aplazamiento adicional de tres meses.

También trascendió que Elite BCO, empresa encargada de convertir los datos durante la primera fase, continúa realizando esa función en la segunda, pese a los problemas que Deloitte atribuyó al proceso anterior.

La firma reconoció que recomendó contratar una compañía con experiencia especializada en conversión de datos para plataformas ERP.

ASG contradice a Deloitte y señala fallas de configuración

La administradora de Servicios Generales, Karla G. Mercado Rivera, presentó una evaluación considerablemente distinta sobre el funcionamiento de IntegraPR.

La funcionaria sostuvo que los problemas no se limitan a las facturas pendientes, sino que incluyen deficiencias estructurales de configuración que, según indicó, su agencia había advertido antes de la implementación.

“Lo que se ve allá afuera es el pago a suplidores, pero eso tan solo es la punta del iceberg”, expresó Mercado Rivera.

La administradora alertó que algunas transacciones podrían estar registrándose incorrectamente en las partidas de gastos, lo que pondría en riesgo la confiabilidad de los estados financieros.

También cuestionó la migración de los registros de suplidores, debido a la utilización de información desactualizada que dificulta la presentación de facturas y la corrección de datos.

Mercado Rivera reveló que se habían identificado más de 350 requisitos relacionados con las adquisiciones gubernamentales y que todavía quedaban numerosos asuntos sin atender en marzo de 2024.

Entre las deficiencias mencionó problemas con los permisos de acceso y la ausencia de mecanismos que permitan divulgar públicamente las compras gubernamentales en tiempo real.

“Ese módulo no estaba listo para operar”, insistió al referirse al componente de Compras del Departamento de Educación.

La funcionaria también confirmó que abandonó el comité técnico del proyecto por desacuerdos con los procedimientos utilizados para evaluar y autorizar el pago de entregables que, según ASG, no cumplían con los requisitos establecidos.

“Para solucionar debemos volver a la zapata”, manifestó.

Gobierno busca $9 millones para transportistas escolares

Durante la audiencia, Ríos Santiago informó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó una solicitud de $9 millones para atender pagos pendientes a transportistas escolares, cuyo trámite continuaría ante la Junta de Supervisión Fiscal.

El legislador advirtió que los problemas del ERP afectan directamente a proveedores de servicios esenciales, incluyendo transportistas, terapeutas y suplidores de alimentos.

“Si el sistema no funciona, el gobierno no paga”, afirmó.

Ríos Santiago aclaró que la investigación, realizada mediante la Resolución del Senado 429, no pretende cancelar el contrato ni abandonar la plataforma, sino identificar soluciones que permitan restablecer los servicios y cumplir las obligaciones gubernamentales.

Por su parte, el senador Luis Javier Hernández Ortiz cuestionó si los atrasos responden directamente al funcionamiento del ERP o a la falta de fondos disponibles en las órdenes de compra.

Deloitte reconoció que ambos factores podrían influir y señaló que la propia empresa no recibe pagos desde junio porque su orden de compra carece de fondos suficientes.

Cuestionan adiestramientos y supervisión contractual

Otro aspecto examinado fue la preparación de los empleados públicos para utilizar la plataforma.

Deloitte reveló que los servicios de gestión del cambio organizacional fueron excluidos de su contrato durante las negociaciones de 2022, por instrucciones del Gobierno.

Quiñones Cardona indicó desconocer quién ordenó la modificación, aunque aseguró que la empresa completó los adiestramientos técnicos y la preparación de instructores gubernamentales.

Estimó que una nueva capacitación podría costar aproximadamente $1 millón, mientras que los servicios de mantenimiento y apoyo operacional representan unos $649,000.

La senadora Roxanna Soto Aguilú también cuestionó las extensiones contractuales y la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, ante señalamientos de Deloitte sobre autorizaciones limitadas a periodos de 30 días.

Mientras, el senador Ángel Toledo examinó las advertencias que ASG había formulado antes de la puesta en funcionamiento del sistema.

Mercado Rivera reiteró que las deficiencias operacionales pueden comprometer tanto la confiabilidad de los registros financieros como la adquisición de computadoras, alimentos y otros equipos necesarios para los servicios públicos.

Hacienda, OGP y PRITS serán citados

Al concluir la audiencia, Ríos Santiago anunció una nueva vista pública para el 30 de noviembre de 2026, en la que serán citados representantes del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

La investigación continuará examinando las responsabilidades de las agencias y contratistas involucrados, los costos adicionales y las alternativas para corregir las dificultades que afectan el procesamiento de pagos.

Mientras Deloitte sostiene que el sistema está realizando miles de transacciones y que buena parte de los problemas responde a la conversión de datos y a los procesos de las agencias, ASG insiste en que existen deficiencias de configuración que requieren correcciones más profundas.

La controversia deja pendiente una interrogante fundamental: cuándo podrá el Gobierno garantizar que sus registros financieros sean confiables y que los suplidores reciban sus pagos oportunamente.