Educación llega al regreso a clases entre recortes y deudas

El Departamento de Educación se encamina al comienzo de clases con un problema que trasciende la preparación física de los planteles: cada año tiene menos estudiantes, pero continúa administrando una extensa estructura escolar con obligaciones legales, contratos millonarios y servicios esenciales cuyo costo no disminuye al mismo ritmo que la matrícula.

El año escolar 2025-2026 comenzó con 231,010 estudiantes. Para el próximo curso, el proceso de matrícula en línea había registrado 220,967 solicitudes al cierre del 11 de marzo, una reducción preliminar de unos 10,000 alumnos. La cifra todavía puede variar, pues el calendario oficial establece el 28 de agosto como la fecha límite para fijar la matrícula conocida como M-1. Las clases comienzan este jueves, 6 de agosto. 

La caída no constituye un fenómeno aislado. Durante el año escolar 2020-2021, el sistema contaba con 276,413 estudiantes. En cinco años, por lo tanto, habría perdido alrededor de 45,000 alumnos. Las propias proyecciones de Educación anticipan que la matrícula podría bajar de 200,000 estudiantes para el curso 2029-2030. 

Menos estudiantes y posibles consolidaciones

Ante esa realidad, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, no descartó que la agencia tenga que continuar cerrando o consolidando escuelas con matrículas demasiado bajas. El dilema consiste en mantener planteles que consumen recursos de mantenimiento, energía, seguridad, personal y transportación, aunque algunos atiendan menos de 100 estudiantes.

La discusión ya dejó de ser hipotética. Educación confirmó el cierre de la escuela intermedia Benjamín Franklin de Coamo para el nuevo curso y ha evaluado otros planteles, entre ellos la escuela Luis A. Ferré Aguayo, en Yauco, cuya matrícula proyectada era de apenas 70 estudiantes. El portal oficial de la agencia también mantiene publicados estudios recientes sobre cierres, consolidaciones y reorganizaciones de escuelas. 

La baja matrícula obliga a revisar la distribución de maestros, asistentes, trabajadores sociales, consejeros y otros recursos. También crea excedentes de personal cuando no existen suficientes estudiantes para formar grupos, mientras otras escuelas con mayor población reclaman servicios adicionales.

Sin embargo, cerrar una escuela tampoco representa una solución automática. Las consolidaciones pueden aumentar las distancias que recorren los estudiantes, elevar la necesidad de transportación y afectar comunidades rurales donde el plantel funciona como una de sus principales instituciones públicas.

Transportistas esperan pagos

A la incertidumbre por la matrícula se suma el conflicto con los transportistas escolares, quienes advirtieron que no firmarían los contratos del nuevo año académico hasta recibir los pagos pendientes.

En junio se alcanzó un acuerdo para desembolsar cerca de $13 millones adeudados a estas empresas. Los reclamos incluían problemas de facturación, trámites administrativos y pagos por servicios ya ofrecidos. Cerca de 100 compañías habían denunciado facturas pendientes, algunas de entre $30,000 y $80,000. 

El servicio de transportación atiende a más de 30,000 estudiantes y representa un costo anual aproximado de $130 millones. Una parte considerable corresponde al transporte adaptado de alumnos de educación especial, por lo que cualquier interrupción podría afectar derechos y servicios establecidos en los Programas Educativos Individualizados. 

Ramos Parés explicó que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó el 30 de junio una reprogramación de fondos para atender obligaciones de transportación y educación especial. No obstante, sostuvo que la implantación del nuevo sistema financiero gubernamental ERP retrasó los desembolsos durante julio. 

El ERP comenzó a implantarse durante el verano para centralizar la contabilidad, las órdenes de compra, las facturas y los pagos de 62 agencias. La transición obliga a los suplidores a registrar o actualizar sus datos en un nuevo portal, mientras las agencias deben reconciliar facturas pendientes entre el sistema anterior y la nueva plataforma. 

El problema no se limita a los transportistas. En julio, el Gobierno anunció la aprobación de $118 millones para atender obligaciones con 122 proveedores de educación especial, incluyendo servicios relacionados con terapias, evaluaciones y otras prestaciones requeridas por los estudiantes. 

Menos dinero para mantenimiento y seguridad

Mientras intenta completar pagos y contratos, Educación también comienza el curso con recortes sustanciales en dos áreas visibles para las familias: mantenimiento y seguridad escolar.

Según Ramos Parés, la partida de mantenimiento ascendía a aproximadamente $71 millones hace dos años. Luego bajó a $53 millones y para este año quedó reducida a cerca de $28 millones. Eso representa una disminución de alrededor de 61 % en dos años. 

La seguridad escolar también recibió un recorte de $11 millones frente al año anterior. El secretario reconoció que ambas reducciones tendrán consecuencias y adelantó que la agencia no podrá atender todos los planteles de la misma manera. La distribución se realizará considerando la matrícula, el tamaño de las instalaciones y las necesidades particulares de cada escuela. 

El desafío es significativo porque Educación administra cerca de 870 escuelas y más de 5,300 edificios. La agencia había advertido durante el proceso presupuestario que las asignaciones para transportación, seguridad, mantenimiento, conserjes privados y educación especial resultarían insuficientes. 

Un comienzo marcado por la incertidumbre

El secretario ha explicado que la reducción del presupuesto consolidado —de cerca de $5,200 millones a unos $4,000 millones, según las cifras ofrecidas esta semana— responde parcialmente al agotamiento de fondos federales extraordinarios otorgados durante la pandemia. Pero también reconoció que, más allá de esa explicación contable, las partidas ordinarias para mantener y proteger las escuelas sí disminuyeron. 

De esta forma, el regreso a clases ocurre bajo varias interrogantes: cuántos estudiantes llegarán realmente a los salones, cuáles escuelas podrán sostenerse con matrículas reducidas, cuándo se completarán los pagos a suplidores y cómo se reflejarán los recortes en la limpieza, conservación y seguridad de los planteles.

Educación asegura que pretende tener disponibles todos los servicios desde el primer día. No obstante, las advertencias de los transportistas, los retrasos del nuevo sistema financiero y la reducción de recursos revelan que el principal reto del curso 2026-2027 no será únicamente abrir las escuelas, sino demostrar que pueden operar de forma estable después de abiertas.