Estados frenan red de cámaras que rastrea vehículos
Republicanos y demócratas impulsan límites a lectores automáticos de matrículas ante crecientes reclamos de privacidad.
Por Redacción InDiario|Política|
Una tecnología utilizada durante años como herramienta para combatir el crimen enfrenta una creciente rebelión política en Estados Unidos, donde gobiernos estatales, legisladores y municipios están comenzando a limitar o eliminar cámaras capaces de registrar automáticamente las tablillas de los vehículos y reconstruir sus movimientos.
El debate gira principalmente alrededor de los llamados lectores automáticos de matrículas, conocidos como ALPR por sus siglas en inglés, y particularmente de los sistemas desarrollados por Flock Safety.
Las cámaras toman imágenes de los vehículos que pasan frente a ellas, identifican sus matrículas y almacenan información sobre el lugar y momento en que fueron detectados. Cuando múltiples cámaras están conectadas a una misma red, las autoridades pueden utilizar esos registros para identificar el recorrido de determinado automóvil.
Aunque las agencias de ley y orden defienden la tecnología como una herramienta para localizar vehículos robados, sospechosos, personas desaparecidas o automóviles vinculados con investigaciones criminales, organizaciones defensoras de las libertades civiles advierten que la misma infraestructura puede convertirse en un sistema de vigilancia masiva.
La controversia ha provocado una poco usual coincidencia entre figuras políticas republicanas y demócratas.
En Pensilvania, legisladores han presentado al menos nueve iniciativas dirigidas a regular, limitar o incluso prohibir determinados sistemas ALPR.
El representante republicano David Rowe sostuvo que las autoridades no deberían obligar a los ciudadanos a escoger entre seguridad pública y el derecho constitucional a estar protegidos contra vigilancia gubernamental irrazonable.
Otros republicanos han ido más lejos.
El senador estatal Daniel Laughlin anunció legislación para prohibir específicamente los sistemas de cámaras conectadas de Flock Safety y tecnologías similares. Según explicó en un memorando legislativo, su preocupación no se limita a que una cámara lea una matrícula, sino a que una red permita registrar y posteriormente reconstruir los movimientos de una persona.
El senador republicano Doug Mastriano también impulsa legislación para impedir la recopilación y conservación masiva de información sobre los desplazamientos de conductores sin que exista sospecha individual de delito.
Del lado demócrata también existen iniciativas para aumentar la fiscalización, establecer controles sobre quién puede acceder a la información y crear consecuencias civiles en casos de utilización indebida.
El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, incluso ha expresado reservas sobre las cámaras Flock y aseguró recientemente que su utilización no representa necesariamente el interés público.
Estados y municipios pisan el freno
La reacción contra los sistemas ALPR no se limita a Pensilvania.
En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott bloqueó recientemente el uso de fondos estatales para nuevas cámaras, mientras Florida ordenó retirar estos dispositivos instalados en determinadas carreteras estatales.
La tendencia también se está extendiendo a gobiernos municipales.
El Institute for Justice mantenía registrados al 11 de septiembre 204 gobiernos locales que habían cancelado contratos de lectores automáticos de matrículas, una cifra que continúa aumentando. Entre las jurisdicciones aparecen municipios de Texas, Florida, Virginia, Wisconsin, Massachusetts, Colorado, Michigan y otros estados.
Las razones varían: dudas constitucionales, acceso externo a los datos, falta de transparencia, costos y pérdida de confianza pública.
La controversia recibió impulso adicional después de conocerse casos en los que funcionarios utilizaron sistemas ALPR para propósitos ajenos a investigaciones legítimas.
Policía defiende las cámaras
No todos consideran que eliminar la tecnología sea la solución.
El alguacil del condado de Riverside, California, Chad Bianco, ha sido uno de sus defensores más vocales. Argumenta que las cámaras constituyen una herramienta extraordinariamente efectiva para investigar delitos y sostiene que los abusos deberían castigarse severamente en lugar de prohibir una tecnología que puede ayudar a capturar criminales.
La International Association of Chiefs of Police también ha defendido el uso legal, transparente y responsable de los lectores de matrículas, señalando que pueden ayudar a identificar vehículos relacionados con delitos violentos, recuperar propiedad robada y localizar personas desaparecidas.
El debate refleja precisamente esa tensión: cuánto poder tecnológico debe entregarse al gobierno a cambio de mayor capacidad para combatir el crimen.
Una encuesta Reuters/Ipsos publicada esta semana encontró además diferencias generacionales y políticas en la percepción de estas cámaras. Los republicanos muestran mayor apoyo a la tecnología, mientras los adultos entre 18 y 34 años presentan los niveles más bajos de respaldo.
Sin embargo, las recientes acciones legislativas demuestran que la preocupación por la vigilancia está atravesando las tradicionales fronteras partidistas.
Para republicanos preocupados por el poder del Estado y demócratas enfocados en privacidad y protección de comunidades vulnerables, el interrogante comienza a ser el mismo: una herramienta diseñada para encontrar un vehículo sospechoso también puede construir, prácticamente sin que su propietario lo sepa, un registro de dónde estuvo y cuándo estuvo allí.
Y precisamente esa capacidad está convirtiendo las cámaras Flock en uno de los nuevos campos de batalla entre seguridad pública, tecnología y privacidad constitucional en Estados Unidos.
