Exjefes del DDEC apuntan a presiones desde La Fortaleza
Declaraciones juradas de Sebastián Negrón y Ernesto Zayas describen intervenciones, disputas internas y referidos en la investigación del Senado.
Por Redacción InDiario|Política|
Exfuncionarios declaran bajo juramento ante el Senado
Dos declaraciones juradas sometidas ante el Senado de Puerto Rico colocan bajo escrutinio las gestiones internas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Oficina de Incentivos y la Oficina del Secretario de la Gobernación en medio de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 548.
Los testimonios fueron presentados por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, y por Ernesto J. Zayas García, exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico. Ambos comparecieron por escrito bajo juramento y narraron, desde sus respectivas funciones, episodios que apuntan a presuntas presiones, intervenciones administrativas y controversias en torno a decretos contributivos, procesos de evaluación y asuntos vinculados a Politank y Opus Miramar.
Negrón sostiene que hubo un patrón de interferencia
En su declaración jurada, Negrón Reichard no se limitó a contestar preguntas puntuales del Senado. El exsecretario trazó una secuencia de eventos que, según su versión, reflejan un patrón de intervención externa en procesos que correspondían al DDEC y a sus unidades administrativas.
Vea la declaración de Sebastián Negrón Reichard aqui
Negrón alegó que desde Fortaleza se impartieron instrucciones relacionadas con la remoción de funcionarios, la paralización de medidas disciplinarias, la reestructuración de personal de confianza y la atención de asuntos vinculados a decretos contributivos. En su testimonio, el exfuncionario también sostuvo que hubo intentos de influir sobre evaluaciones internas y sobre comunicaciones públicas relacionadas con controversias en el DDEC.
El eje de su relato es que decisiones que debían tramitarse mediante criterios técnicos, legales o administrativos habrían sido impactadas por consideraciones externas al expediente oficial.
La controversia por Opus Miramar
Uno de los puntos más sensitivos en ambas declaraciones es el proyecto Opus Miramar.
Zayas García relató que representantes vinculados al proyecto buscaron reuniones y seguimiento sobre una solicitud de decreto contributivo. Según su declaración, el proyecto contemplaba una inversión significativa y beneficios contributivos bajo el Código de Incentivos, incluyendo créditos relacionados con actividad turística.
El exdirector de Incentivos sostuvo que el caso no podía moverse simplemente por endoso o por presión externa, ya que faltaba documentación y análisis técnico para determinar si cumplía con los requisitos aplicables.
Negrón, por su parte, afirmó que el asunto de Opus Miramar fue uno de los casos en los que percibió una intervención directa del entonces secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Según su declaración, la insistencia no se limitó a pedir estatus del trámite, sino que incluyó expresiones dirigidas a adelantar o encaminar el asunto.
Zayas narró una reunión en la que, según su versión, Domenech discutió el caso de Opus Miramar y otros decretos, cuestionó la forma en que se estaban evaluando los expedientes y presionó para que se atendieran con mayor rapidez. El exdirector afirmó que se negó a recomendar o certificar un trámite sin que se completaran los requisitos.
Politank y la auditoría que encendió otra controversia
La declaración de Zayas dedica una sección completa a Politank, firma vinculada a Domenech. Según el exdirector de Incentivos, tras señalamientos sobre el cumplimiento de la empresa con su decreto de exención contributiva, la Oficina de Incentivos realizó una auditoría y preparó un informe fechado el 2 de junio de 2026.
Ese informe, según Zayas, identificó incumplimientos relacionados con informes anuales de negocio exento, ausencia de autorización para una alegada transferencia o cambio de control y otros asuntos administrativos. La recomendación que surge del relato fue imponer multas y revocar retroactivamente el decreto desde el 1 de enero de 2021.
Zayas sostuvo que, al comenzar la auditoría, personal de la Oficina de Incentivos le comunicó que el expediente de Politank no aparecía en el sistema ordinario. Según su testimonio, luego se localizó un expediente físico que permitió revisar el cumplimiento de la corporación.
El punto medular no es solo el hallazgo administrativo. Es que la auditoría de Politank ocurrió en el mismo contexto en que el Senado investigaba las gestiones de Domenech, sus vínculos con empresas privadas y las alegaciones de intervención indebida en agencias del Ejecutivo.
Inhibiciones y conflictos de interés
Otro tema común en ambas declaraciones es el manejo de inhibiciones.
Zayas explicó que, antes de dirigir la Oficina de Incentivos, trabajó como abogado en el bufete Reichard & Escalera. Por esa razón, dijo que adoptó un protocolo de inhibición para no intervenir en asuntos relacionados con clientes del bufete o trámites en los que hubiese tenido participación previa.
Según su declaración, esos asuntos debían ser atendidos por otra funcionaria de la Oficina de Incentivos. También indicó que la Oficina de Ética Gubernamental recibió notificación de su inhibición y que posteriormente se realizaron ajustes al documento para identificar con más precisión los casos cubiertos.
Negrón, sin embargo, sostuvo que el tema de las inhibiciones fue utilizado dentro del conflicto mayor que terminó rodeando la salida de varios funcionarios del DDEC. En su versión, los procesos internos, las consultas legales y las acciones de personal se mezclaron con presiones políticas y administrativas.
Negrón apunta a remociones y represalias
El exsecretario del DDEC también alegó que hubo gestiones dirigidas a remover funcionarios de confianza y empleados vinculados a evaluaciones internas o denuncias.
En su declaración, Negrón mencionó instrucciones relacionadas con la salida de personal de la Oficina de Gerencia de Permisos y del DDEC. Además, sostuvo que algunas medidas disciplinarias que él entendía procedentes fueron paralizadas o interferidas.
El testimonio describe un ambiente de tensión creciente entre el DDEC, Fortaleza y funcionarios que habían participado en evaluaciones, comunicaciones internas o procesos relacionados con querellas y contratos.
Sin adjudicar responsabilidad penal, Negrón enmarcó esos hechos como parte de un patrón de conducta que, a su juicio, debía ser investigado por el Senado.
Zayas dice que renunció tras presiones acumuladas
Zayas relató que, luego de los eventos relacionados con Opus Miramar, Politank y otros asuntos de incentivos, presentó su renuncia como director de la Oficina de Incentivos.
En su declaración, el exfuncionario sostuvo que no se trató de una salida ordinaria. Según su relato, la acumulación de presiones, solicitudes de información, intervenciones sobre expedientes y preocupaciones sobre el manejo de decretos contributivos desembocaron en su decisión de abandonar el cargo.
Vea la declaración de Ernesto Zayas García aqui
Zayas también incluyó como anejos correos electrónicos, capturas de mensajes, comunicaciones oficiales, documentos de inhibición y reportes internos que, según su declaración, respaldan la cronología de los hechos.
Dos testimonios, una misma línea investigativa
Aunque Negrón y Zayas ocupaban posiciones distintas, sus declaraciones convergen en varios puntos: presiones sobre expedientes de incentivos, intervenciones externas en procesos técnicos, preocupación por la independencia de la Oficina de Incentivos y controversias relacionadas con Politank y Opus Miramar.
El Senado ahora tiene ante sí dos versiones juradas que no solo describen eventos aislados, sino una posible estructura de intervención sobre decisiones administrativas del DDEC.
La investigación legislativa deberá determinar si esos señalamientos constituyen meras disputas internas de gobierno, diferencias de criterio administrativo o actuaciones que cruzaron líneas legales, éticas o reglamentarias.
Por ahora, las declaraciones colocan una pregunta central sobre la mesa: quién tenía realmente el control de los procesos de incentivos económicos en el DDEC, si los funcionarios llamados por ley a evaluarlos o las figuras políticas que, según los testimonios, intentaban moverlos desde fuera del expediente.


