Gobernadora firma tres medidas y veta otras cuatro
Las leyes protegen a adultos mayores y agilizan trámites tecnológicos; una resolución reclama la estadidad y cuatro proyectos quedan vetados.
Por Redacción InDiario|Política|
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley dos proyectos legislativos y firmó una resolución conjunta para solicitar la estadidad de Puerto Rico, mientras vetó otras cuatro medidas relacionadas con instalaciones deportivas, equipos médicos de emergencia y alumbrado público.
Las determinaciones, anunciadas el sábado, 17 de octubre, incluyen nuevas disposiciones para proteger a los adultos mayores y agilizar proyectos tecnológicos gubernamentales, así como objeciones fiscales y operacionales a iniciativas aprobadas por la Legislatura.
Protecciones para adultos mayores
Mediante la Ley 208-2026, correspondiente al Proyecto de la Cámara 1164, del representante Fernando Sanabria, se fortalecen los derechos de las personas de edad avanzada para acceder a servicios esenciales públicos y privados sin enfrentar discrimen por falta de conocimientos tecnológicos o acceso a internet.
La legislación enmienda la Carta de Derechos de los Adultos Mayores para incorporar garantías de igualdad y promover alternativas que faciliten su inclusión digital.
Por otro lado, la Ley 209-2026, presentada por el representante Luis “Junior” Pérez, establece un término de 90 días laborables para revisar, evaluar y aprobar proyectos tecnológicos gubernamentales financiados completamente con fondos federales.
La medida busca evitar retrasos administrativos que puedan comprometer el aprovechamiento de asignaciones federales.
Firman resolución para reclamar la estadidad
La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta 66-2026, correspondiente a una medida de su administración, para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
La resolución solicita formalmente al presidente y al Congreso federal la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.
La iniciativa constituye una petición política al gobierno federal y no representa, por sí misma, un cambio en el estatus territorial de Puerto Rico.
Cuatro medidas reciben el veto de La Fortaleza
Entre las iniciativas rechazadas figura el Proyecto de la Cámara 181, que buscaba ampliar el acceso de personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas.
González Colón argumentó que la propuesta imponía nuevas obligaciones sin identificar el financiamiento correspondiente. El Departamento de Recreación y Deportes estimó gastos adicionales de $250,000, mientras la Defensoría de las Personas con Impedimentos calculó otros $100,000.
También vetó el Proyecto de la Cámara 279, dirigido a ampliar la disponibilidad de torniquetes médicos para controlar hemorragias y ofrecer adiestramientos sobre su utilización en agencias gubernamentales y escuelas públicas.
Según el Ejecutivo, el Departamento de Salud estimó costos aproximados de $150,000, mientras Educación identificó gastos adicionales y asuntos operacionales pendientes de resolver.
La mandataria recordó que la Ley 169-2025 ya exige que las patrullas de la Policía cuenten con torniquetes y que sus agentes reciban el adiestramiento correspondiente.
Rechaza medidas de alumbrado para Mayagüez y San Germán
Los otros dos vetos corresponden a las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63, dirigidas a atender deficiencias del alumbrado público en Mayagüez y San Germán, respectivamente.
La gobernadora sostuvo que las iniciativas deben tramitarse conforme a los mecanismos de coordinación establecidos en la Ley 174-2026.
Según explicó La Fortaleza, proceder sin integrar las propuestas a ese marco legal podría provocar duplicidad de esfuerzos, gastos sin garantías de reembolso y riesgos para la utilización de fondos públicos y federales.
En sus mensajes de veto, González Colón reconoció los objetivos de las cuatro iniciativas, pero insistió en que deben contar con financiamiento identificado, responsabilidades claramente definidas y mecanismos de implantación compatibles con las leyes vigentes.
