Lisie Burgos propone investigar el manejo de fondos del ron
La legisladora de Proyecto Dignidad busca examinar los recaudos federales, los incentivos a productores y los compromisos financieros del Gobierno.
Por Redacción InDiario|Política|
La representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, presentó una resolución para investigar cómo el Gobierno de Puerto Rico administra, distribuye y utiliza los millones de dólares que recibe anualmente del Gobierno federal por concepto de los arbitrios impuestos al ron.
La Resolución de la Cámara 875 propone ordenar a la Comisión de Hacienda realizar una investigación exhaustiva sobre el mecanismo conocido como Rum Tax Cover-Over, mediante el cual el Departamento del Tesoro federal transfiere a Puerto Rico determinados recaudos contributivos relacionados con la comercialización de ron en Estados Unidos.
La legisladora busca establecer cuánto dinero recibe el Gobierno, cómo se distribuye entre el erario y los productores, cuáles son los compromisos financieros existentes y qué beneficios económicos ha generado este mecanismo para la Isla.
«Es responsabilidad del Gobierno garantizar que los recursos públicos se administren de manera eficiente y transparente. Con esta investigación busco conocer cuánto dinero recibe Puerto Rico, cómo se distribuyen estos fondos, qué compromisos financieros existen sobre ellos y cuáles han sido los beneficios que han generado para nuestra economía y el desarrollo de la industria local», expresó Burgos Muñiz.
Aumento federal podría representar $100 millones adicionales
La iniciativa legislativa surge luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara, el 4 de julio de 2025, la Ley Pública 119-21, que elevó permanentemente de $10.50 a $13.25 por galón de prueba el límite de los arbitrios federales transferibles a Puerto Rico.
El aumento entró en vigor el 1 de enero de 2026 y representa una oportunidad para incrementar los ingresos del Gobierno provenientes de la industria del ron.
Según estimados divulgados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el cambio podría elevar los recaudos anuales asociados al mecanismo de aproximadamente $400 millones a cerca de $500 millones.
Sin embargo, estas cantidades constituyen proyecciones y no necesariamente reflejan los recaudos efectivamente recibidos durante el presente año fiscal.
El mecanismo, establecido principalmente mediante la Sección 7652 del Código de Rentas Internas federal, constituye una fuente histórica de ingresos para Puerto Rico.
Bajo examen los incentivos y compromisos financieros
Uno de los aspectos que Burgos Muñiz pretende investigar es la distribución de los recaudos entre el Tesoro del Gobierno de Puerto Rico y las empresas productoras de ron.
La medida también contempla examinar los incentivos económicos otorgados a la industria y las obligaciones financieras que pudieran comprometer parte de esos ingresos.
Entre estas obligaciones figura el Rum Contingent Value Instrument (CVI), un instrumento financiero vinculado a los recaudos del ron.
La investigación propuesta evaluaría cómo los compromisos relacionados con estos ingresos futuros podrían afectar la disponibilidad de recursos para atender otras necesidades presupuestarias y fiscales del Gobierno.
Asimismo, se busca determinar cómo se contabilizan los recaudos dentro del Fondo General y los fondos especiales, así como los mecanismos utilizados para auditar y fiscalizar su distribución.
DDEC y Programa de Rones también serían evaluados
La resolución incluye una evaluación de la gestión administrativa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y del Programa de Rones de Puerto Rico, entidades responsables de implementar políticas e iniciativas relacionadas con la industria.
Entre los indicadores que se propone examinar figuran la producción de ron, la inversión privada, la creación y retención de empleos, las exportaciones y el impacto contributivo de los incentivos económicos.
El DDEC ha destacado previamente esfuerzos para ampliar el acceso al programa de incentivos, incluyendo acuerdos con nueve productores emergentes de ron puertorriqueño para facilitar su expansión hacia otros mercados estadounidenses.
No obstante, Burgos Muñiz sostiene que es necesario evaluar los resultados de estos incentivos y determinar si producen beneficios económicos concretos para Puerto Rico.
«Tenemos que garantizar que los incentivos económicos concedidos a la industria se traduzcan en beneficios concretos y medibles para Puerto Rico. Esto implica fortalecer la competitividad de nuestra industria manufacturera y procurar condiciones de competencia justa y oportunidades de crecimiento para los pequeños y medianos productores», añadió la legisladora.
Buscan mayor transparencia en el uso de los recaudos
La investigación también permitiría examinar si las leyes, reglamentos y procedimientos administrativos vigentes responden adecuadamente a los intereses económicos y fiscales del país.
De igual forma, se pretende identificar posibles limitaciones del mecanismo contributivo y evaluar las prácticas de auditoría, cumplimiento y rendición de cuentas relacionadas con estos fondos.
La radicación de la resolución no constituye, por sí sola, un señalamiento de irregularidades en el manejo de los recaudos, sino una propuesta para que la Cámara de Representantes examine su administración y resultados.




