Pablo José cuestiona trámite de Esencia tras apoyarlo

El comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, expresó dudas sobre el procedimiento utilizado para aprobar el Proyecto Esencia, en Cabo Rojo, meses después de haberse mostrado favorable al desarrollo bajo determinadas condiciones.

Las nuevas expresiones, colocan el foco sobre el trámite administrativo seguido para autorizar el controvertido complejo turístico y residencial. Hernández no presentó sus reparos como un rechazo definitivo al proyecto, sino como cuestionamientos relacionados con el proceso que condujo a su aprobación.

La postura contrasta con sus declaraciones de marzo, cuando sostuvo que Esencia debía construirse si demostraba cumplimiento con las leyes y reglamentaciones ambientales. En aquel momento, también afirmó que el alcalde de Cabo Rojo era quien mejor representaba el interés de la comunidad y que no consideraba correcto que desde San Juan o Washington se interfiriera con el proyecto. 

“Si cuenta con el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones y con el respaldo local […] no veo correcto que desde San Juan o Washington se interfiera”, expresó entonces Hernández, al aclarar que el PPD no había adoptado una posición institucional a favor o en contra del desarrollo. 

Sus dudas surgen en medio de reclamos de organizaciones comunitarias y ambientales para que la consulta de ubicación fuera examinada mediante vistas públicas. Los opositores han argumentado que el Reglamento Conjunto de 2023 contempla ese mecanismo para garantizar la participación de las comunidades afectadas por proyectos de esta magnitud. 

La controversia procesal es distinta a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, que la Oficina de Gerencia de Permisos notificó en diciembre de 2025. Esa determinación certificó el cumplimiento del documento ambiental, pero no eliminó la necesidad de posteriores permisos y autorizaciones relacionados con la ubicación y construcción. 

Esencia contempla una inversión aproximada de $2,000 millones en cerca de 2,000 acres de Cabo Rojo. La propuesta incluye habitaciones de hotel, residencias privadas, campos de golf, una escuela y un centro médico. Sus desarrolladores aseguran que más del 75 % de los terrenos se destinará a conservación y áreas verdes y que el complejo tendrá sistemas independientes de agua y energía. 

Los grupos opositores, sin embargo, mantienen preocupaciones sobre el consumo de agua, el impacto sobre los acuíferos y humedales, el acceso público a las costas y la participación ciudadana. La aprobación coincidió, además, con una creciente discusión sobre la sequía y las deficiencias del sistema de abasto de agua en Puerto Rico. 

Las expresiones de Hernández abren ahora una interrogante política: si sus reparos se limitan exclusivamente al procedimiento utilizado por las agencias o si anticipan una reconsideración de su respaldo condicionado. Hasta ahora, sus dudas procesales no equivalen necesariamente a una oposición al contenido del proyecto, pero marcan un cambio de tono frente a la posición que había presentado públicamente cuatro meses atrás.