Piden investigar a la Junta de Libertad Bajo Palabra

El representante Ramón Torres Cruz solicitó activar una pesquisa legislativa tras revelarse que convicto sentenciado a 167 años y liberado desde 2018.

Por Redacción InDiarioPolítica|

El representante por acumulación Ramón Torres Cruz (Foto: Facebook)
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El representante por acumulación Ramón Torres Cruz solicitó al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, que inicie formalmente una investigación sobre el funcionamiento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, luego de que trascendiera que Carlos Manuel Estefano Pino, señalado como sospechoso en la muerte de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro en Caguas, se encontraba en la libre comunidad desde 2018 bajo ese beneficio.

La solicitud se ampara en la Resolución de la Cámara 657, aprobada de forma unánime el 19 de marzo de 2026, que ordena examinar los procesos administrativos, criterios de evaluación, volumen de casos pendientes y mecanismos de supervisión utilizados por la Junta al conceder libertad bajo palabra.

Carta del representante Ramón Torres al presidente de la Comisión de Gobierno, Victor Parés. (INDIARIO)

El caso ha generado serias interrogantes luego de que se informara que Estefano Pino había sido sentenciado a 167 años de prisión por delitos de asesinato, violación, sodomía y robo, pero recibió el beneficio de libertad bajo palabra en 2018. Según reportes publicados, el presidente de la Junta, Samuel Silva Rosas, reconoció que la liquidación de sentencia no estaba en el expediente y que estaban buscando ese documento, responsabilidad que atribuyó al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Ante estos señalamientos, es imperativo que la Comisión de Gobierno active el vehículo legislativo ya aprobado para examinar a fondo el desempeño de la Junta de Libertad Bajo Palabra, sus procesos administrativos, el volumen de casos pendientes y los criterios utilizados para conceder este beneficio a convictos de delitos violentos”, expresó Torres Cruz.

La preocupación del legislador no se limita a la concesión original del beneficio, sino también a la capacidad real del sistema para monitorear a personas convictas por delitos graves una vez son devueltas a la libre comunidad. La Resolución 657 ordena evaluar, entre otros asuntos, cómo se evidencia el cumplimiento de las condiciones impuestas y qué métricas utiliza la Junta para determinar rehabilitación.

Estefano Pino fue detenido en medio de la investigación por la muerte de Torres Castro, cuyo caso ha sido investigado bajo el protocolo de feminicidio. De acuerdo con reportes de prensa, las autoridades inicialmente buscaban entrevistarlo como parte de la pesquisa, mientras no se habían informado cargos criminales relacionados con la muerte de la enfermera.

Torres Cruz sostuvo que, aunque no es miembro en propiedad de la Comisión de Gobierno, está disponible para colaborar con el proceso de fiscalización. A su juicio, la Cámara debe atender con urgencia las fallas que puedan existir en la evaluación, supervisión y documentación de casos donde está en juego la seguridad pública.

El reclamo coloca nuevamente bajo escrutinio a la Junta de Libertad Bajo Palabra y al Departamento de Corrección, particularmente por la aparente ausencia de documentos esenciales en el expediente de un convicto por delitos violentos. Para Torres Cruz, la investigación legislativa debe aclarar si se trató de un caso aislado o de una deficiencia estructural en el sistema que concede y supervisa estos beneficios.