PPD exige cuentas por turbinas compradas por $306 millones

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado exigió este martes información detallada sobre el estado operacional de 14 turbinas de generación eléctrica adquiridas por el Gobierno de Puerto Rico por $306.6 millones, luego de que informes de prensa señalaran que ocho de esas unidades estarían actualmente fuera de servicio.

Los senadores populares radicaron la Petición de Información 2026-0122, dirigida a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), con el propósito de conocer el estado de cada unidad, sus averías, costos de reparación y periodos de indisponibilidad.

El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que el país debe conocer qué ha ocurrido con una inversión pública que supera los $300 millones, particularmente en momentos en que la generación eléctrica continúa siendo uno de los principales retos del sistema energético.

“Emplazamos tanto a la AEE, al Zar de la Energía y a la gobernadora González Colón a que informen sobre el estado real de estas unidades. El país merece saber si una inversión de $306 millones, de los cuales el Gobierno de Puerto Rico pagó $300 millones, están o no en uso”, expresó Hernández Ortiz.

Una compra de más de $306 millones

De acuerdo con la portavoz alterna de la delegación, Marially González Huertas, el entonces director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, firmó el 15 de marzo de 2024 el contrato 2024-P00067 con NFE Power PR LLC, subsidiaria de New Fortress Energy, para adquirir las 14 unidades junto a su inventario asociado.

Según González Huertas, el costo de la transacción ascendió a $306,598,756.

Las turbinas habían sido utilizadas previamente mediante un esquema financiado con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), antes de que el Gobierno optara por comprarlas.

Las 14 unidades tendrían una capacidad conjunta aproximada de 350 megavatios.

Diez fueron destinadas a la Central San Juan y cuatro a la Central Palo Seco, en Toa Baja.

Originalmente, su operación estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2025, pero FEMA posteriormente autorizó que pudieran continuar utilizándose hasta 2027, según indicó la delegación popular.

Quieren saber cuáles funcionan y cuáles no

El senador Josian Santiago Rivera explicó que la petición requiere a la AEE identificar el estado actual de cada una de las turbinas y precisar cuáles se encuentran disponibles para generar electricidad.

Los legisladores también reclaman una bitácora completa de disponibilidad e indisponibilidad de las 14 unidades desde que fueron adquiridas.

La información solicitada deberá incluir las fechas en que cada turbina entró o salió de servicio, la causa de cualquier avería y los trabajos realizados para devolverla a operación.

La senadora Ada Álvarez Conde indicó que también solicitaron copia de las comunicaciones relacionadas con averías o problemas técnicos entre la AEE, Genera PR y las entidades vinculadas al sistema energético.

Asimismo, buscan determinar si el Gobierno ha realizado reclamaciones a New Fortress Energy relacionadas con el mantenimiento de las unidades y cuánto dinero se ha desembolsado desde su adquisición en reparaciones y mantenimiento.

Piden plan de contingencia

Por su parte, el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago explicó que la solicitud dirigida a la AAPP busca conocer si la agencia realizó evaluaciones sobre el riesgo de que las unidades salgan de servicio.

La delegación también quiere saber si existe un plan de contingencia para sustituir la generación que producen las turbinas en caso de averías prolongadas.

“Requerimos además que informen si cuentan con un plan de contingencia si estas unidades dejan de operar por cualquier evento”, manifestó Dalmau Santiago.

Los senadores solicitaron además información sobre los planes del Gobierno para reemplazar o sustituir esa capacidad de generación cuando finalice la autorización para operar las unidades en diciembre de 2027.

La petición concede cinco días a la AEE y la AAPP para entregar la documentación solicitada, sujeto a su aprobación por el Senado.