Ramón Torres logra que CEE refiera caso electoral a Justicia

Un señalamiento llevado directamente ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por el representante por acumulación Ramón Torres Cruz desembocó este martes en un referido formal al Departamento de Justicia para que se determine si la aparición de una tarjeta de identificación electoral no oficial en Arecibo constituye una violación de ley.

La determinación quedó plasmada en la Resolución CEE-RS-26-009, firmada el 8 de septiembre por el presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda, quien ordenó al secretario de la Comisión remitir inmediatamente el asunto y la documentación recopilada a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres. 

El referido representa un resultado directo de las gestiones iniciadas por Torres Cruz, quien el 25 de agosto llevó el caso ante la Presidencia de la CEE y solicitó que se investigara la procedencia y posible utilización de una tarjeta electoral que, según oficiales electorales, no había sido expedida oficialmente por la Comisión.

Aunque la CEE determinó que la comunicación inicial del legislador no cumplía con los requisitos procesales para ser considerada una querella electoral formal, la propia Comisión concluyó que la información posteriormente recopilada era suficientemente seria como para requerir la intervención de las autoridades.

La resolución establece que los hechos documentados presentan “suficiente seriedad y especificidad” para que sean evaluados por la autoridad competente sin mayor dilación. 

Vea la Resolución de la CEE aquí

Una tarjeta que levantó sospechas

El incidente se remonta al 4 de agosto de 2026, durante una actividad de inscripción electoral realizada en el Recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico.

Según consta en el expediente de la CEE, un elector acudió a solicitar un duplicado de su tarjeta electoral. Los oficiales de inscripción Keyla L. Ortega Nazario, del PPD, y Radamés Medina Concepción, del PIP, observaron que la tarjeta presentada por el ciudadano no correspondía con una TIE oficial de la Comisión.

Entre las irregularidades identificadas estaba la ausencia de información en el dorso de la tarjeta, característica que alertó inmediatamente a los funcionarios.

Al ser interrogado sobre su procedencia, el elector alegó que había recibido la tarjeta en el comité municipal del candidato a alcalde de Arecibo por el Partido Nuevo Progresista en las elecciones de 2024, según recoge la resolución.

Los funcionarios retuvieron la tarjeta y documentaron el incidente en el Libro de Actas de la Junta de Inscripción Permanente de Arecibo. La CEE posteriormente examinó fotografías de la tarjeta, formularios oficiales, el relato firmado por los empleados electorales y las actas correspondientes. 

Para Torres Cruz, la decisión de referir el caso confirma que sus cuestionamientos ameritaban una investigación más profunda.

“Aquí no puede haber zonas grises ni apellidos protegidos. Si en Puerto Rico hay tarjetas electorales circulando fuera del control de la Comisión Estatal de Elecciones, eso se investiga hasta el final y caiga quien caiga”, expresó el representante popular.

El legislador insistió en que la fiscalización debe extenderse a todos los niveles del sistema electoral, desde las juntas de inscripción y las comisiones locales hasta el pleno de la CEE y el propio Departamento de Justicia.

“El voto del pueblo no se negocia y la confianza en el sistema electoral no se administra a conveniencia de nadie”, sostuvo.

Posible delito grave

La resolución cita expresamente el Artículo 12.12 del Código Electoral, que penaliza, entre otras conductas, la confección, falsificación, alteración, imitación o circulación de una tarjeta de identificación electoral falsa.

La disposición contempla una pena de uno a tres años de reclusión, una multa que no exceda los $5,000, o ambas penas, de encontrarse responsabilidad criminal. 

Sin embargo, la CEE dejó claro que corresponde ahora al Departamento de Justicia determinar si los hechos constituyen efectivamente una violación de ley.

Para Torres Cruz, el referido penal no debe cerrar el expediente.

El representante reclamó que la Comisión realice además una investigación administrativa dirigida a determinar cuántas tarjetas pudieron haber sido confeccionadas, qué equipo habría sido utilizado, quién lo operó y con qué propósito.

“Estamos a semanas de un proceso electoral y el país merece respuestas antes, no después”, planteó.

Cuestiona demora en Arecibo

Torres Cruz también puso atención sobre el manejo inicial del incidente en el ámbito local.

La propia resolución confirma que la Comisión Local del Precinto 026 de Arecibo celebró una reunión el 13 de agosto sin que el incidente apareciera reflejado como asunto discutido en el acta correspondiente. El documento señala además que su próxima reunión estaba pautada para el 24 de septiembre de 2026. 

Ese manejo provocó nuevos cuestionamientos del legislador.

“Un mes y medio después, la Comisión Local todavía no ha atendido esto. Ese silencio también hay que explicarlo”, manifestó Torres Cruz.

Torres Cruz mantiene ofensiva fiscalizadora

El caso electoral se suma a varias controversias en las que Torres Cruz ha asumido una postura activa de fiscalización desde la Cámara de Representantes.

El legislador recordó que, junto a la representante Swanny Enit Vargas Laureano, llevó al Departamento de Justicia información y una declaración jurada relacionada con señalamientos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre un centro de inspección y venta de marbetes vinculado a Ciary Pérez Peña.

También acudió al Tribunal de Primera Instancia para reclamar información relacionada con los gastos públicos asociados a las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, controversia que posteriormente culminó con la eliminación de ese beneficio y que Torres Cruz continuó impulsando mediante legislación dirigida al recobro de fondos.

Ahora, con la resolución de la CEE, el representante consigue que otro de sus señalamientos pase de la esfera política y administrativa a la consideración formal del Departamento de Justicia.

“No hago esto por titulares. Lo hago porque cuando uno deja pasar una, se abren las puertas para diez. Y en materia electoral, dejar pasar una es jugar con la democracia”, concluyó Torres Cruz.