PRIMICIA: Proponen eximir a Puerto Rico de la Ley Jones para bajar el costo energético

Un grupo de legisladores en el Congreso de Estados Unidos presentó hoy, jueves, un proyecto de ley bipartita que busca eximir a Puerto Rico, Hawái, Alaska y Guam de las restricciones de la Ley Jones de 1920 en el transporte de productos energéticos.

Los congresistas Ritchie Torres (D-NY), Ed Case (D-HI) y el delegado James Moylan (R-GU) radicaron el "Noncontiguous Energy Relief and Access Act", una propuesta que pretende mitigar lo que describen como una “escasez artificial” causada por las limitaciones del Acta de la Marina Mercante, que cumple 125 años de existencia.

Esta medida es un nuevo intento por aliviar los altos costos energéticos en regiones estadounidenses no contiguas, como lo es Puerto Rico, quien experimenta una crisis energética sin precedentes, la cual podría exacerbarse tan pronto como en este verano.

"El alto costo de la energía en lugares como Puerto Rico, Guam, Hawái y Alaska no es una inevitabilidad: es el resultado de políticas obsoletas que ya no sirven al interés público”, expresó Torres, congresista de origen puertorriqueño por el Bronx, en Nueva York.

“El Acta Jones se ha convertido en una barrera para el acceso y la asequibilidad energética en las regiones no contiguas, y es hora de cambiar eso”, añadió el legislador demócrata.

Obstáculos históricos

En términos generales, la Ley Jones impone que todo transporte marítimo entre puertos estadounidenses sea realizado por embarcaciones construidas en Estados Unidos, de bandera estadounidense, propiedad de estadounidenses y tripuladas por ciudadanos estadounidenses.

Aunque esta ley fue originalmente concebida para proteger la marina mercante nacional, sus críticos han señalado durante décadas que encarece desproporcionadamente el transporte hacia los territorios y estados no continentales.

Puerto Rico ha sido una de las jurisdicciones más afectadas por esta política. Diversos estudios y reportes, incluyendo investigaciones del Congreso y análisis del Government Accountability Office (GAO), han concluido que la isla, al igual que Hawái, depende en mayor grado de combustibles importados de países extranjeros, pues no existen suficientes embarcaciones 'Jones Act-compliant' disponibles para transportar gas natural y petróleo desde la costa continental de Estados Unidos.

Uno de los pocos casos recientes en los que se logró sobrepasar esta limitación fue cuando la empresa Crowley reabanderó un buque francés para enviar gas natural licuado (LNG) a Puerto Rico. Se trata del buque de gas natural licuado (GNL) American Energy, embarcación construida en Francia en 1994 y anteriormente conocido como Puteri Intan.

Este reabanderamiento aplica a embarcaciones construidas antes de octubre de 1996, lo cual permite que aún cuando no hayan sido fabricadas en Estados Unidos puedan operar bajo bandera estadounidense, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como ser propiedad de ciudadanos estadounidenses y estar tripuladas por marinos estadounidenses.

Gracias a esta maniobra legal, American Energy se convirtió en el primer buque de GNL con bandera estadounidense en transportar gas natural desde el continente hacia Puerto Rico. Con una capacidad de 130,400 metros cúbicos (equivalente a 34.4 millones de galones), cada viaje del buque puede suministrar suficiente energía para abastecer aproximadamente a 80,000 hogares durante un año.

Sin embargo, los proponentes del proyecto advirtieron que “este éxito aislado no es una solución escalable”.

Según el texto de la medida, la legislación pretende reducir los costos energéticos para familias y negocios en Alaska, Hawái, Guam y Puerto Rico, expandir las oportunidades para la producción energética nacional y mejorar el acceso a infraestructura energética crítica, incluyendo generación, distribución y transmisión.

“El Noncontiguous Energy Relief and Access Act es una reforma de sentido común que reducirá los costos de energía, fortalecerá las cadenas de suministro energético domésticas y brindará alivio largamente esperado a millones de estadounidenses injustamente afectados por estas restricciones”, añadió el representante demócrata.

La medida se da en momentos en que los residentes de Puerto Rico enfrentan una de las facturas eléctricas más altas de toda la nación, agravada por el deterioro del sistema energético, la dependencia del petróleo importado y la falta de infraestructura adecuada para importar combustibles más limpios y baratos como el gas natural o el hidrógeno verde.

Aunque no es la primera vez que se propone reformar o eximir a Puerto Rico del Acta Jones, estas iniciativas han enfrentado resistencia tanto de sectores navieros como de legisladores preocupados por la seguridad nacional y la protección del empleo marítimo estadounidense.

Aun así, el nuevo proyecto podría ganar terreno en un Congreso cada vez más sensible a los desafíos energéticos y económicos en regiones no contiguas, particularmente en el contexto de eventos climáticos extremos y la transición hacia fuentes energéticas más limpias.