Proyecto de Juan Dalmau exigía nombre, firma y dirección para solicitar información pública

Recientemente ha estado en discusión pública el Proyecto del Senado 63 (PS 63), que busca enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Quienes lo apoyan aseguran que la medida promueve la transparencia de ambas partes, mientras que sus detractores —incluyendo al candidato derrotado a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez— sostienen que se trata de un retroceso por exigir el nombre y dirección de quien solicita información, lo que podría prestarse para persecución.

Según reportado el día de ayer por INDIARIO, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz respondió a esas críticas señalando que Dalmau votó en contra de la ley que ahora defiende.

No obstante, el debate no terminó ahí.

Durante el programa Jugando Pelota Dura, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz mencionó que cuando fue legislador, Juan Dalmau Ramírez había presentado un proyecto que requería a los ciudadanos incluir su nombre, firma y dirección para solicitar información pública.

Ante esas expresiones, INDIARIO revisó los récords legislativos y confirmó que el Proyecto del Senado 442 (PS 442), radicado el 24 de abril de 2017, contenía exactamente esa disposición en su Artículo 5.

El entonces senador Dalmau presentó la medida para crear una “Ley de acceso a la información pública y de procedimiento sumario para la divulgación”, referida a la Comisión de Gobierno. La propuesta buscaba establecer una política pública sobre transparencia y un procedimiento uniforme para solicitar información a las agencias, corporaciones públicas, municipios y entidades privadas contratadas por el Estado.

Según el texto legislativo, toda solicitud debía estar fechada y describir “con razonable particularidad” la información requerida, además de incluir el nombre, firma y dirección de correo electrónico del solicitante, con la opción de añadir una dirección postal.

La propuesta también autorizaba a las agencias a utilizar formularios oficiales (“pre-formas”) para recibir las solicitudes y fijaba un plazo de 14 días naturales para responder. En caso de denegatoria, el ciudadano podía acudir al Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de mandamus libre de aranceles, con resolución obligatoria en un término máximo de 20 días.

Aunque la exposición de motivos reconocía el acceso a la información como un “derecho humano fundamental”, citando informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el texto imponía formalidades que hoy contrastan con el discurso público de Dalmau sobre eliminar barreras al acceso ciudadano.

El PS 442 nunca fue aprobado, pero su texto legislativo muestra que, en 2017, la propuesta de Dalmau incorporaba formalidades que hoy contrastan con su posición pública sobre el acceso a la información. El proyecto puede ser encontrado aquí.