Renuncia comisionado privado de Comisión del Salario Mínimo
Jaime Núñez cuestionó la metodología del organismo y sostuvo que productividad y crecimiento deben pesar más antes de recomendar un aumento
Por Redacción InDiario|Política|
aime Núñez renunció con efectividad inmediata como comisionado en representación del sector privado de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, tras cuestionar la metodología utilizada por el organismo para analizar un posible nuevo aumento en la compensación mínima en Puerto Rico.
La renuncia fue presentada mediante una carta de cuatro páginas dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón y fechada el 9 de septiembre de 2026. El documento fue divulgado por la periodista Carla Cristina a través de una publicación en su cuenta de Facebook.
Núñez notificó que su salida es efectiva de inmediato y que comprende cualquier otra función o encomienda que ocupara dentro de la Comisión.
En la misiva, sostuvo que aceptó la responsabilidad con el entendido de que la Comisión debía evaluar el salario mínimo mediante un proceso “responsable, objetivo y balanceado”, considerando tanto las necesidades de los trabajadores como la realidad económica de Puerto Rico.
Sin embargo, planteó que el proceso desarrollado hasta ahora no cuenta, a su juicio, con una metodología suficientemente robusta para respaldar una determinación de esa magnitud.
“Mi participación siempre partió de una premisa sencilla: una decisión de esta magnitud no puede tomarse desde la impresión, la presión externa, la preferencia ideológica o la conveniencia de un resultado previamente encaminado”, escribió.
Según Núñez, cualquier recomendación debe surgir de un análisis “serio, medible, transparente y defendible”.
Productividad y crecimiento como punto de partida
El ahora excomisionado sostuvo que los dos indicadores que deberían tener mayor peso al momento de evaluar un aumento son la productividad real y el crecimiento económico.
Aunque reconoció la importancia de factores como costo de vida, inflación, pobreza, necesidades básicas, empleo, desempleo, participación laboral y salarios, argumentó que estos deben examinarse después de determinar si la economía tiene capacidad para sostener un incremento obligatorio en los costos laborales.
“La productividad real y el crecimiento económico deben contestar primero la pregunta más importante: ¿tiene Puerto Rico la capacidad económica actual para absorber el aumento propuesto?”, expresó.
Núñez afirmó que esos indicadores permiten determinar si un aumento puede sostenerse sin trasladar efectos adversos al empleo, los precios, la inversión, las pequeñas empresas o la actividad económica.
Para respaldar su planteamiento, hizo referencia a criterios utilizados internacionalmente y mencionó casos de Colombia, Costa Rica, Brasil, Australia y Sudáfrica, donde factores como productividad, crecimiento económico, competitividad, inflación y capacidad empresarial forman parte de los procesos para establecer o revisar salarios mínimos.
Señala productividad prácticamente estancada
Núñez destacó particularmente los datos de productividad incluidos en el informe económico discutido por la propia Comisión.
Según las cifras consignadas en su carta, la productividad por trabajador fue de $89,424 en 2022, $89,997 en 2023, $90,503 en 2024 y disminuyó a $89,307 en 2025.
A su juicio, esos números reflejan una productividad esencialmente estancada durante ese periodo.
“Ese dato es determinante”, sostuvo Núñez.
Argumentó que, bajo esas circunstancias, la productividad no puede considerarse simplemente un indicador complementario, sino que debe ocupar una posición principal al evaluar la capacidad económica para imponer un nuevo incremento salarial.
La carta también hace referencia al comportamiento del Índice de Actividad Económica (IAE) como otro elemento que, según Núñez, debe ponderarse antes de adoptar una recomendación.
Indicó que la información más reciente reflejaba tres trimestres consecutivos de reducción y que, para junio de 2026, el índice se encontraba en 126.8, una disminución de 0.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
“No es necesario etiquetar ese comportamiento como recesión para reconocer su importancia”, señaló.
Para Núñez, esos datos reflejan una economía con señales de desaceleración o estancamiento y obligan a evaluar cuidadosamente si un nuevo aumento obligatorio puede ser sostenido por la economía real.
Cuestiona metodología con escala del 1 al 5
Uno de los planteamientos más fuertes de la carta está dirigido al instrumento de evaluación que, según Núñez, discutía la Comisión.
Explicó que propuso utilizar una metodología basada en indicadores objetivos o KPI, bajo la cual se establecieran previamente las reglas, fuentes y parámetros que serían aplicados uniformemente a cada escenario salarial.
Sin embargo, sostuvo que el instrumento bajo consideración utilizaba una escala subjetiva del 1 al 5 para asignar valor a variables que, en muchos casos, ya cuentan o deberían contar con información cuantificable.
Núñez argumentó que ese modelo podría provocar que distintos integrantes de la Comisión examinen exactamente los mismos datos sobre empleo, inflación, cierres de negocios, productividad o actividad económica y, aun así, otorguen puntuaciones diferentes basadas en sus respectivas apreciaciones.
“Eso no produce una evaluación verdaderamente objetiva. Produce una opinión convertida en número”, escribió.
El representante del sector privado también alegó que algunos de los criterios incluidos podrían terminar favoreciendo previamente escenarios de aumentos más graduales debido a que conceptos relacionados entre sí recibirían puntuaciones separadas.
Mencionó entre ellos el tiempo de absorción, la separación de impactos, la previsibilidad y la capacidad de implantación.
En contraste, sostuvo que el desarrollo económico y la productividad no recibían la centralidad que, a su juicio, debían ocupar.
Niega oposición automática a subir el salario
Núñez enfatizó en varias ocasiones que sus objeciones metodológicas no significan una oposición automática a un eventual incremento del salario mínimo.
“Mi posición no surge de una oposición automática a un aumento salarial”, escribió.
Según explicó, su planteamiento consiste en que cualquier recomendación de la Comisión debe poder demostrar qué variables fueron medidas, qué fuentes se utilizaron, qué fórmula se aplicó, cuánto peso recibió cada criterio y de qué manera cada escenario obtuvo su resultado.
“En mi criterio, el proceso no ha alcanzado ese nivel de rigor”, afirmó.
Aseguró que expuso esas preocupaciones de buena fe durante las discusiones internas, pero concluyó que no podía continuar participando mientras la metodología utilizada no ofreciera las garantías que entiende necesarias.
“No puedo permitir que mi presencia valide” el proceso
Núñez explicó que su permanencia dentro del organismo podría ser interpretada como una aceptación de la metodología que ha cuestionado.
“No puedo permitir que mi presencia valide un curso de acción que considero incompleto y metodológicamente vulnerable”, manifestó.
El renunciante advirtió que cualquier decisión sobre el salario mínimo tiene repercusiones que trascienden a trabajadores y patronos.
Mencionó entre los sectores potencialmente impactados a pequeñas empresas, consumidores, grupos vulnerables y la economía general de Puerto Rico.
A su juicio, esa amplitud de consecuencias obliga a que la Comisión eleve el análisis por encima de apreciaciones subjetivas y utilice una metodología clara, objetiva y anclada en los criterios establecidos mediante ley.
Núñez concluyó agradeciendo la oportunidad de formar parte del organismo y reconociendo el trabajo de sus demás integrantes y asesores.
“Mi responsabilidad es actuar conforme a mi conciencia, mi criterio profesional y el deber que entendí asumí al aceptar esta encomienda”, expresó.
La carta también fue remitida a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova; al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez; y a los demás miembros de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.
Núñez dejó abierta la posibilidad de reunirse con funcionarios gubernamentales para ofrecer información adicional relacionada con sus planteamientos.
La renuncia añade un nuevo elemento al debate sobre cómo Puerto Rico deberá evaluar los próximos ajustes al salario mínimo y, particularmente, cuánto peso deberán tener las condiciones macroeconómicas y la productividad frente a factores relacionados con el costo de vida y las necesidades económicas de los trabajadores.
Fuente: Carta de renuncia de Jaime Núñez, fechada el 9 de septiembre de 2026. El documento fue divulgado por la periodista Carla Cristina mediante una publicación en su cuenta de Facebook.
