Rivera Schatz propone policías retirados para los municipios

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó ayer el Proyecto del Senado 1595 para crear el Programa VALOR, Veteranos en Apoyo a la Labor de Orden y Resguardo, que autorizaría a los municipios a nombrar como agentes de sus cuerpos de Policía Municipal, mediante nombramiento especial, a los miembros retirados del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico "sin menoscabo de la pensión que reciben". La medida, a la que INDIARIO tuvo acceso, se presentó por petición de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que preside el alcalde de Camuy, Gabriel "Gaby" Hernández, y llega en el momento en que los pueblos se quedan sin agentes por los dos lados, los retiros masivos de la Policía estatal y la incapacidad de los municipios de reclutar y pagar su propia fuerza. Pese al nombre, el programa está dirigido a agentes retirados de la Policía y no a veteranos de las Fuerzas Armadas.

El proyecto resuelve el problema que hasta ahora mantenía a los retirados fuera de la calle. La medida exceptúa a los participantes del Artículo 1 de la Ley 187 de 1952, del Artículo 1 de la Ley 40 de 1959 y de los Artículos 2-101(c) y 2-104 de la Ley 447 de 1951, las disposiciones que condicionan la pensión de quien vuelve a trabajar para el Gobierno. A cambio, fija un régimen retributivo especial de equiparación salarial, exige una Certificación de Elegibilidad que expediría la propia Policía de Puerto Rico, con requisitos, evaluaciones y procedimiento, y añade un inciso al Artículo 17 de la Ley 83-2025, la nueva Ley de la Policía, y un párrafo al Artículo 3.026 del Código Municipal para darle base legal al nombramiento especial.

EL SEGURO SOCIAL QUE NUNCA TUVIERON

El detalle que más pesa está en los créditos. Para participar habrá que haber acumulado no menos de 27 y menos de 40 créditos del Seguro Social, y el proyecto ordena al secretario de Hacienda, como Administrador Estatal del Seguro Social, hacer las gestiones bajo la Sección 218 de la Ley Federal de Seguridad Social para que los participantes coticen.

La razón es histórica. Los miembros del sistema de rango de la Policía no cotizaban al Seguro Social hasta que la Ley 71-2019 bajó su aportación al plan de contribución definida de 8.5% a 2.3% para hacerlos elegibles, y a los que estaban a menos de diez años del retiro obligatorio les dio apenas 30 días para decidir si entraban. Muchos agentes se retiraron a los 55 años con 30 de servicio, o a los 58 por retiro obligatorio, sin completar los 40 trimestres que exige el programa federal. VALOR toma prestada la fórmula de la Ley 17-2006, la Ley para el Empleo Prioritario de Personas Mayores de 60 Años, que atiende precisamente a trabajadores con al menos 27 créditos y sin la pensión federal, y la aplica "salvo en cuanto al requisito de edad", porque un policía retirado tiene menos de 60.

Los números explican la petición de los alcaldes. La Policía cerró 2025 con 942 bajas, 74% más que las 541 de 2024, de ellas 560 retiros por pensión y 165 retiros obligatorios, y sumó 182 más en el primer trimestre de 2026. La fuerza ronda los 11,000 agentes, con poco más de 6,000 en operaciones de campo. El superintendente Joseph González dijo en mayo en la Cámara que 766 agentes cualifican para retirarse este año fiscal y que la Policía podría perder hasta 4,000 por retiro para 2030.

En los municipios, una investigación de Rayos X encontró el verano pasado que Aibonito, Cayey y Culebra ya no tienen policías municipales, que Jayuya bajó de siete a uno y que Aguas Buenas y Maricao tienen cuatro cada uno, mientras adiestrar a un agente nuevo cuesta unos $25,000 que se pierden si el recluta abandona la academia. El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, atribuyó la crisis al "retiro en masa de policías estatales". VALOR ofrece a los municipios agentes ya adiestrados, con décadas de calle, y a los retirados un salario equiparado y los créditos que les faltan.

EL OTRO PROYECTO DE LOS ALCALDES

Rivera Schatz radicó el mismo día el Proyecto del Senado 1594, a petición de la Federación de Alcaldes y de la Federación de Legisladores Municipales, con una nueva ronda de enmiendas al Código Municipal. La medida fija normas mínimas y uniformes de procedimiento parlamentario para las legislaturas municipales, precisa el comienzo y la terminación de sus sesiones ordinarias, integra los informes anuales de los directores de unidades administrativas al informe del alcalde sobre finanzas, moderniza las compras municipales de alimentos, flexibiliza la distribución de la jornada regular de los empleados municipales y permite publicar en una plataforma digital o red social de alto alcance el aviso a persona desconocida sobre la intención de declarar una propiedad estorbo público.

La enmienda de más calado está al final del título. El proyecto enmienda el inciso (6) de la Sección 5(a) de la Ley General de Expropiación Forzosa de 1903 "a fin de aclarar y agilizar los procedimientos municipales de expropiación de estorbos públicos, eliminando el depósito o pago previo de la justa compensación como condición para la investidura del título". Hoy el título pasa al municipio con el depósito de la compensación estimada. La Constitución dispone que no se tomará propiedad privada para uso público "a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley", y cuando la Cámara evaluó la ronda anterior de poderes municipales, que terminó convertida en la Ley 97-2026, el Departamento de Justicia consideró "excesivamente breves" los términos de expropiación y cuestionó su compatibilidad con la justa compensación. Esa ley, también de Rivera Schatz a petición de los alcaldes, ya permite a los municipios expropiar sin consulta previa a la Junta de Planificación y deducir de la compensación los gastos no recobrados. Las dos medidas nuevas esperan referido a comisión.