Senado aprueba ley que protege a empleados federales durante cierre del gobierno federal

La medida de Rivera Schatz establece una moratoria automática de 90 días en deudas y prohíbe cortes de servicios esenciales

Por Redacción InDiario
Política|Nov 5, 2025
(Suministrada)
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El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, a iniciativa del presidente Thomas Rivera Schatz, el Proyecto del Senado 844, que crea un marco de protección económica para empleados federales en la Isla ante cierres parciales o totales del Gobierno de Estados Unidos.

La medida, titulada "Ley Especial de Moratoria Obligatoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico", dispone una moratoria automática de 90 días en pagos de hipotecas, préstamos personales, automotrices, tarjetas de crédito y otras deudas, sin acumulación de intereses, penalidades ni daño al historial crediticio de los afectados.

Además, el proyecto ordena la suspensión de procesos judiciales de cobro y desahucio, y prohíbe la interrupción de servicios esenciales como agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Las instituciones financieras o empresas que incumplan se exponen a multas de hasta $10,000.

Rivera Schatz señaló que el propósito de la medida es ofrecer un escudo de seguridad social y financiera durante los cierres federales.

“Este proyecto establece un escudo de protección inmediato, justo y responsable, para que ningún empleado federal en Puerto Rico pierda su hogar, su crédito o los servicios básicos necesarios para vivir dignamente durante un cierre gubernamental”, expresó el presidente senatorial.

El PS 844 también ordena a las agencias del Gobierno de Puerto Rico identificar programas de apoyo complementario en áreas como alimentación, vivienda y asistencia laboral, para atender a las familias impactadas. Su aplicación será retroactiva al inicio de cualquier cierre federal que se extienda más de 15 días.

Con la aprobación de esta legislación, el Senado busca mitigar los efectos económicos de los cierres federales y brindar estabilidad a los empleados federales que viven en Puerto Rico, garantizando que puedan mantener sus hogares, créditos y servicios esenciales.