Senado y Justicia chocan por caso Suzanne Roig

Lo que comenzó como una denuncia de la delegación popular del Senado sobre presuntas omisiones en el expediente del caso de Suzanne Roig Fuertes escaló en cuestión de horas a un choque frontal entre dos poderes: el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.

La controversia, que ya venía cargada por señalamientos sobre el manejo de una investigación relacionada con la actual secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tomó un giro mayor luego de que Justicia citara a varios senadores en calidad de potenciales testigos, bajo apercibimiento de desacato, para que comparezcan ante la agencia a entregar información relacionada con sus denuncias públicas.

La movida provocó una reacción inmediata del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien advirtió que defenderá a los senadores de minoría y las prerrogativas constitucionales de la institución legislativa que preside. De no suspenderse las citaciones, el Senado podría abrir una investigación legislativa sobre todo el trámite del caso, incluyendo la otorgación del contrato bajo escrutinio, el manejo del expediente, el cierre de la investigación en Justicia y las actuaciones de fiscales que intervinieron en el proceso.

La pugna ya no se limita al expediente de Roig Fuertes. Ahora el debate gira en torno a una pregunta de mayor calado institucional: ¿puede el Departamento de Justicia citar como testigos, bajo amenaza de desacato, a senadores que están solicitando la reapertura de una investigación y ejerciendo funciones de fiscalización legislativa?

La denuncia original: 24 páginas que no aparecían

El primer capítulo de esta controversia surgió cuando la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado denunció que el expediente entregado por el Departamento de Justicia sobre el caso de Suzanne Roig Fuertes presuntamente estaba incompleto. Según los senadores populares, faltaban 24 páginas relacionadas con documentos que, a su juicio, eran pertinentes para evaluar el alcance de la pesquisa y determinar si procedía reabrir la investigación.

El caso gira alrededor de señalamientos contra Roig Fuertes, quien antes de ocupar la secretaría del Departamento de la Familia dirigía la división de personas con discapacidad intelectual en el Departamento de Salud. La delegación popular ha planteado que Roig Fuertes intervino junto a terceros para que un proveedor de servicios subcontratara a la compañía One Source Investigations para ofrecer servicios a un participante de esa división.

El portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que la delegación no ha hecho denuncias “en el vacío”, sino que ha presentado información, declaraciones juradas y documentos que, según su versión, apuntan a un esquema para beneficiar a una empresa privada sin pasar por los procesos ordinarios de contratación gubernamental.

En una carta enviada a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, Hernández Ortiz citó a la funcionaria para comparecer el lunes, 11 de mayo de 2026, a las 10:00 de la mañana, a su oficina en el Edificio Anexo del Senado, junto a la delegación popular.

La invitación tenía un propósito político e institucional claro: que Gómez Torres aclarara expresiones hechas en medios de comunicación, particularmente en torno a la postura de Justicia de que no podía actuar con meras alegaciones y que los senadores debían entregar formalmente cualquier información adicional.

“En sus expresiones, usted insinúa y adjudica incorrectamente que nuestra delegación solo ha hecho denuncias sin aportar información relacionada a este caso”, planteó Hernández Ortiz en la comunicación.

El portavoz popular añadió que toda la información denunciada públicamente había sido remitida al Departamento de Justicia mediante cartas acompañadas de documentos. También recordó que Gómez Torres había tenido oportunidad de reunirse con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para discutir el caso, mientras que la delegación popular no había tenido ese espacio.

Justicia riposta: no irá al Senado

La respuesta de la secretaria de Justicia no tardó en producirse, pero no fue la que esperaba la delegación popular. Gómez Torres dejó claro que no acudiría a la oficina del portavoz popular. En cambio, sostuvo que los senadores serían citados al Departamento de Justicia para entregar formalmente la información que alegaban tener.

La secretaria rechazó que Justicia hubiera ocultado documentos al Senado. Según su explicación, las páginas que la delegación popular señaló como omitidas no formaban parte del expediente original que tenía el Departamento de Justicia. Gómez Torres indicó que esos documentos fueron suministrados posteriormente por el Departamento de Salud, por lo que no podían considerarse documentos ocultados por Justicia.

La controversia subió de tono cuando Gómez Torres acusó a los senadores populares de haber mentido a sabiendas al presentar públicamente la denuncia sobre las supuestas omisiones. Para la secretaria, la delegación construyó una imputación contra Justicia sobre documentos que, según ella, la agencia no tenía al momento de producir el expediente.

Ese punto es medular en el choque actual. Para Justicia, los senadores hicieron señalamientos públicos sin entregar formalmente la prueba que dicen tener. Para los senadores, la agencia está intentando desplazar el eje del debate: de la posible deficiencia de la investigación original a una presión indebida contra legisladores que ejercen fiscalización.

Las citaciones: de fiscalizadores a potenciales testigos

El tercer momento de la controversia ocurrió cuando el Departamento de Justicia cursó citaciones a senadores populares para comparecer ante la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor.

Al cierre de este reportaje tres senadores han sido corroborados por Indiario que fueron citados: Luis Javier Hernández Ortiz, José A. Santiago y José Luis Dalmau. Las citaciones los colocan en calidad de potenciales testigos y les requieren presentar prueba documental relacionada con la solicitud de reapertura de la investigación sobre Suzanne Roig Fuertes, así como documentos que alegan fueron omitidos por Justicia en la copia del expediente entregada.

La citación dirigida a Hernández Ortiz, divulgada públicamente por Rivera Schatz, está fechada el 7 de mayo de 2026 y ordena su comparecencia para el martes, 12 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana. Ese mismo día estaría citado Santiago. En el caso del ex presidente José Luis Dalmau, este fue citado para otra fecha. El documento advierte que la incomparecencia podría acarrear desacato, conforme a disposiciones de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y las Reglas de Procedimiento Criminal.

El documento aparece firmado por la fiscal auxiliar Melitza Osorio Santiago, de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Ese detalle añadió otra capa de controversia, pues según han señalado legisladores, se trata de la fiscal que cerró la investigación contra Roig Fuertes y que habría sido ascendida el mismo día del cierre del caso.

Ese dato convirtió la citación en algo más que un trámite procesal. Para los senadores y para Rivera Schatz, el hecho de que la funcionaria cuya investigación está siendo cuestionada sea quien firma las citaciones contra los senadores que cuestionan ese trabajo puede interpretarse como una acción intimidatoria o retaliatoria.

Rivera Schatz entra al ruedo

Hasta ese momento, la controversia se mantenía principalmente entre la delegación popular y el Departamento de Justicia. Pero la intervención del presidente del Senado transformó el pleito en un asunto institucional.

Rivera Schatz publicó un primer mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el respeto del Departamento de Justicia hacia el Senado, pero cuestionó severamente el mecanismo utilizado para citar a los legisladores.

“¿Citar en calidad de testigos a senadores porque están solicitando la reapertura de una investigación? ¿Exigir mediante un ‘subpoena duces tecum’ la comparecencia de una delegación legislativa?”, planteó el presidente senatorial.

Rivera Schatz sostuvo que, independientemente de si la solicitud de la delegación popular tiene méritos o no, la respuesta de Justicia no puede ser convertir a los senadores en “tarjeta de investigación” por haber pedido la reapertura del caso.

Su planteamiento toca el corazón constitucional de la disputa. Los senadores no comparecen como ciudadanos privados que presenciaron hechos del caso. Comparecerían por haber formulado denuncias desde su función pública y legislativa. Ahí es donde Rivera Schatz ve el riesgo de un choque de poderes: un brazo del Ejecutivo citando bajo amenaza de desacato a integrantes del Legislativo por actos vinculados a la fiscalización gubernamental.

“Confío que el Departamento de Justicia, pronto, reevaluará el asunto y buscará otro mecanismo de diálogo que no provoque un choque de poderes constitucionales”, expresó Rivera Schatz.

Pero añadió una advertencia directa: si no se logra otra vía, su cargo y su deber lo obligan a defender a los senadores de minoría en los tribunales.

El ultimátum: hasta el lunes al mediodía

Horas después, Rivera Schatz elevó todavía más el tono. En una segunda publicación, acusó al Departamento de Justicia de insistir en lo que describió como un “grave error” y de intimidar al Senado.

El presidente senatorial advirtió que el Senado considerará el lunes abrir una investigación sobre todo el asunto si Justicia no reconsidera su proceder. Incluso fijó un plazo: la agencia tendría hasta el próximo lunes a las 12:00 del mediodía para repensar las citaciones.

“Nos veremos en el Senado”, escribió Rivera Schatz, en una expresión que convirtió la controversia en una advertencia política e institucional.

La posible investigación legislativa, según adelantó, podría cubrir varios frentes. Entre ellos, la otorgación y negociación del contrato de $60,000; la identidad de una persona mencionada como “Baby” y por qué se le informaba sobre el trámite del contrato; los años de inacción en la investigación dentro del Departamento de Justicia; y la relación entre una orden administrativa sobre cierre de casos emitida en septiembre de 2025 y el cierre del caso en octubre de ese mismo año.

También mencionó como posibles líneas de investigación el cierre del caso sin gestiones adicionales, la actuación de fiscales que intervinieron en la pesquisa y los ascensos o traslados de funcionarios vinculados al expediente.

Rivera Schatz fue más lejos al anticipar que podrían citar a pasados secretarios de Justicia, a la actual secretaria Lourdes Gómez Torres y a todo personal que investigó o participó en el caso tanto en el Departamento de Salud como en Justicia.

En otras palabras, si Justicia mantiene las citaciones contra los senadores, el Senado podría responder con una pesquisa legislativa amplia contra el manejo del caso por parte del propio Departamento de Justicia.

Dos investigaciones, dos poderes, una misma controversia

El choque también revela una diferencia de enfoque entre el Senado y Justicia.

El Departamento de Justicia mira el asunto desde el prisma penal: si existe evidencia suficiente para reabrir o no una investigación criminal contra Roig Fuertes o cualquier otra persona vinculada al caso. Bajo esa lógica, la agencia exige que quienes dicen tener evidencia la entreguen formalmente para evaluarla.

El Senado, en cambio, reclama una función distinta: la fiscalización legislativa. Desde esa perspectiva, los legisladores pueden requerir información, examinar expedientes, cuestionar cierres administrativos, evaluar la conducta de agencias y determinar si hubo negligencia, encubrimiento, falta de diligencia o irregularidades en el manejo gubernamental.

Rivera Schatz resumió esa distinción al señalar que la fiscalización e investigación legislativa es diferente a la investigación criminal que le corresponde al Departamento de Justicia para un potencial encausamiento.

Ese punto será clave si el choque llega a los tribunales. No se trata solamente de si los senadores tienen documentos adicionales. Se trata de si Justicia puede obligarlos a comparecer bajo apercibimiento de desacato como parte de una investigación que, precisamente, ellos están cuestionando desde su rol legislativo.

El efecto político: defensa institucional a la minoría

Uno de los elementos más llamativos del episodio es que Rivera Schatz, presidente del Senado y figura principal del Partido Nuevo Progresista, salió en defensa de senadores de minoría del Partido Popular Democrático.

Esa movida le da al asunto un carácter institucional que trasciende la pugna partidista ordinaria. El mensaje del presidente senatorial no fue una defensa del contenido de las denuncias populares, sino de la prerrogativa del Senado como cuerpo.

Su postura implica que, aunque pueda haber diferencias políticas con la delegación del PPD, el Senado como institución no debe permitir que el Ejecutivo utilice mecanismos investigativos para presionar a legisladores por ejercer fiscalización.

Ese detalle complica la posición de Justicia. La controversia ya no enfrenta únicamente a Lourdes Gómez con Luis Javier Hernández Ortiz. Ahora enfrenta al Departamento de Justicia con la presidencia del Senado, que controla la agenda legislativa, los procesos de investigación y las citaciones desde la Cámara Alta.

El caso Roig vuelve al centro

En medio del forcejeo institucional, el caso de Suzanne Roig Fuertes regresa al centro del debate público. La actual secretaria de la Familia ha estado bajo cuestionamiento por hechos relacionados con su etapa en el Departamento de Salud, particularmente en la división de personas con discapacidad intelectual.

La delegación popular ha insistido en que hubo documentos, testimonios y declaraciones juradas suficientes para examinar si se intentó beneficiar a una compañía privada mediante una subcontratación vinculada a servicios para un participante de esa división.

Justicia, por su parte, cerró la investigación y ha defendido que el expediente entregado no fue manipulado ni ocultado. Su postura es que los documentos ahora señalados por los senadores no estaban en poder de Justicia, sino que fueron remitidos posteriormente por Salud.

Esa diferencia factual es la chispa original. Pero el incendio actual se alimenta de algo mayor: la confianza —o falta de confianza— en el proceso investigativo que llevó al cierre del caso.

Lo que puede pasar el lunes

El próximo lunes se perfila como un día decisivo.

Por un lado, la delegación popular citó a la secretaria de Justicia para reunirse en la oficina del portavoz Luis Javier Hernández Ortiz a las 10:00 de la mañana. Gómez Torres ya adelantó que no acudirá.

Por otro lado, Rivera Schatz dio hasta las 12:00 del mediodía para que Justicia reconsidere las citaciones cursadas contra los senadores. De no hacerlo, el Senado podría moverse hacia una investigación formal sobre el manejo completo del caso.

El martes, según la citación divulgada, Hernández Ortiz tendría que comparecer a Justicia a las 9:00 de la mañana. La pregunta es si esa comparecencia ocurrirá, si Justicia retirará o modificará las citaciones, o si el asunto terminará convertido en una controversia judicial entre el Senado y el Departamento de Justicia.

Por ahora, el “choque de titanes” ya está planteado: Justicia exige información formal y defiende su expediente; los senadores reclaman que están fiscalizando; y Rivera Schatz advierte que el Senado no permitirá que una investigación criminal se utilice para intimidar al poder legislativo.

Lo que comenzó con 24 páginas presuntamente ausentes terminó abriendo un expediente mucho más voluminoso: el de los límites entre la investigación penal del Ejecutivo y la fiscalización constitucional del Senado de Puerto Rico.