Senadora Roxanna Soto Aguilú presenta 33 medidas legislativas en su primer paquete de proyectos
La legisladora impulsa regulaciones a los planes médicos, reformas al sistema correccional y la devolución de carpetas de persecución política
Como parte de su compromiso de radicar 100 proyectos en sus primeros 100 días en el Senado de Puerto Rico, la senadora Roxanna Soto Aguilú anunció hoy la presentación de 33 medidas legislativas en diversas áreas de impacto social y económico. La agenda legislativa de la senadora abarca iniciativas dirigidas a regular las prácticas de las aseguradoras de salud, reforzar la fiscalización sobre el sistema correccional y exigir la devolución de documentos relacionados con la persecución política en la isla antes de 1987. Además, incluye propuestas para aliviar la carga contributiva de sectores vulnerables, fomentar el acceso a servicios médicos y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
Regulación a las aseguradoras de salud
Uno de los proyectos impulsados por la senadora busca prohibir la sustitución de medicamentos recetados sin la aprobación de un profesional de la salud, una práctica que, según denunció, actualmente se lleva a cabo sin la intervención de médicos, lo que puede afectar negativamente la salud de los pacientes. Soto Aguilú explicó que muchas veces son ejecutivos de aseguradoras quienes determinan cambios en las prescripciones médicas sin consultar a los especialistas que atienden a los pacientes, algo que considera inaceptable y riesgoso.
“Mi experiencia es que cuando las aseguradoras revierten o cambian medicamentos, la decisión no la toma un médico, sino un ejecutivo. Por ello, he radicado una medida para prohibir esta práctica”, expresó la senadora, subrayando que la medida garantizaría que solo los profesionales de la salud puedan modificar los tratamientos de sus pacientes.
Otra de sus propuestas legislativas establece la creación de un impuesto especial a las aseguradoras de salud, cuyos fondos estarían destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria y la adquisición de equipos médicos esenciales para optimizar la prestación de servicios en la isla. La senadora argumentó que, ante la crisis en el sistema de salud y el déficit en recursos de los hospitales públicos, resulta necesario que las aseguradoras, que generan ingresos significativos en Puerto Rico, contribuyan directamente al fortalecimiento del sistema de salud.
Como parte de su fiscalización, Soto Aguilú presentó una petición formal de información a First Medical, MCS, Plan de Salud Menonita, Triple-S, Humana, Popular Insurance y MAPFRE para conocer los criterios utilizados en la determinación de la cantidad de proveedores de servicios en sus redes. Destacó su preocupación ante denuncias de que algunas aseguradoras estarían limitando el ingreso de nuevos médicos, lo que impacta a profesionales recién graduados que buscan integrarse al sistema de salud y atender la creciente demanda de pacientes en Puerto Rico.
Reformas al sistema correccional y acceso a libertad bajo palabra
En el ámbito del sistema de justicia, la senadora radicó una resolución investigativa sobre la reforma carcelaria de Puerto Rico, incluyendo la evaluación del contrato de Physician Correctional, la empresa encargada de ofrecer servicios médicos en las cárceles del país. Según Soto Aguilú, existen cuestionamientos sobre la calidad y eficiencia de estos servicios, por lo que considera necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva que permita determinar si se requiere una reestructuración o la terminación del contrato.
Asimismo, la senadora presentó un proyecto de ley para enmendar los requisitos de la Junta de Libertad Bajo Palabra, con el propósito de que las personas que cumplen con los criterios de elegibilidad para este beneficio puedan establecer un plan de pago sin que este represente un obstáculo para su liberación. Explicó que en la actualidad, muchos reclusos que podrían acceder a la libertad bajo palabra no lo logran debido a barreras económicas que dificultan el pago de multas o cuotas impuestas como parte de sus sentencias.
Exige la devolución de carpetas políticas
En materia de derechos civiles, Soto Aguilú exigió la devolución de todas las carpetas de persecución política previas a 1987, las cuales aún se encuentran en posesión del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Archivo General de Puerto Rico. La senadora enfatizó que estas carpetas contienen información sobre ciudadanos que fueron objeto de vigilancia y persecución por motivos ideológicos, por lo que considera que deben ser entregadas a sus propietarios o familiares.
“Cuando Pedro Rosselló era gobernador, firmó una Orden Ejecutiva estableciendo un término para la devolución de las carpetas. Sin embargo, muchas de estas no fueron reclamadas por desconocimiento o fallecimiento de los afectados, y el ICP a través del Archivo General aún las mantiene”, afirmó la senadora.
Aseguró que, de aprobarse la medida, se establecerían mecanismos para que los familiares de las personas afectadas puedan recuperar estos documentos, los cuales forman parte de una etapa histórica en Puerto Rico que no debe quedar en el olvido.
Medidas contributivas y próximos proyectos
En el área contributiva, la senadora propuso diversas medidas para reducir la carga contributiva de adultos mayores, pequeños empresarios y personas con dependientes, con el objetivo de aliviar el impacto económico en sectores vulnerables. Destacó que muchas familias enfrentan dificultades económicas significativas y que estas iniciativas buscan proporcionarles un respiro financiero.
Soto Aguilú adelantó que en marzo presentará un segundo paquete legislativo con nuevas propuestas enfocadas en justicia social, economía y salud, reiterando su compromiso de impulsar 100 proyectos en sus primeros 100 días en el Senado de Puerto Rico.
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