VIDEO: Gobierno de Puerto Rico impulsa el Expediente Digital Único para personas con diversidad funcional

"Se acabaron las excusas de que el expediente no aparece". Con esta afirmación, la gobernadora de Puerto Rico anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 387, una medida que busca transformar la gestión de servicios para personas con diversidad funcional mediante la creación de un Expediente Digital Único.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en las instalaciones de SER de Puerto Rico, donde estuvieron presentes representantes de las principales organizaciones que atienden esta población, así como jefes de agencias gubernamentales clave en la iniciativa que simplificaría el diagnóstico, tratamiento, y los servicios para casi 300,000 personas con retos funcionales.

La propuesta legislativa, la cual fue sometida el pasado 10 de marzo, mismo día en que fue referida a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, establece que la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) será responsable del diseño, implementación y mantenimiento de un sistema digital centralizado que garantizará la continuidad de servicios entre el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Sobre el costo de esta gestión, la gobernadora no pudo precisarlo al momento, pues espera a la recomendación de PRITS sobre el particular. Tampoco se conoce si esta iniciativa debe contar con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal.

Durante el anuncio ante los medios, la gobernadora explicó que actualmente cada agencia maneja de manera independiente los expedientes de los beneficiarios, lo que genera duplicidad de trámites, pérdida de información y retrasos en la prestación de servicios esenciales.

“La realidad es que recae sobre los padres y tutores verificar que los expedientes estén al día. De lo contrario, se paralizan las terapias, los servicios médicos y las evaluaciones necesarias para garantizar el bienestar de la persona con diversidad funcional”, destacó la gobernadora, quien subrayó que la nueva plataforma permitirá una integración eficiente de los servicios y eliminará la carga burocrática que históricamente ha recaído sobre las familias.

El evento contó con la participación e intervención de Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico; Beira Jaramillo, directora ejecutiva de la Sociedad Pro Hospital del Niño; Stephanie Moore, CEO de la Fundación de Niños; Elba Castellanos, directora ejecutiva del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Por parte del gobierno, tomaron la palabra la licenciada Amy Vega Ojeda, administradora de ACUDEN, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés y el titular del Departamento de Salud, doctor Víctor Ramos. Todos coincidieron en que la falta de un sistema unificado ha dificultado la coordinación entre agencias y ha limitado el acceso oportuno a los servicios para muchas familias.

“Cada una de estas organizaciones ha trabajado por años atendiendo distintos aspectos de la diversidad funcional, pero nunca se había logrado una coordinación con el gobierno que permitiera una transición fluida de servicios para los beneficiarios”, explicó Morales.

Según la medida, el Expediente Digital Único permitirá que la información de cada persona con diversidad funcional se transfiera automáticamente entre las agencias pertinentes, evitando la repetición de trámites y garantizando que los servicios de salud, educación y rehabilitación vocacional se brinden de manera ininterrumpida. Además, incluirá un componente de seguridad y confidencialidad para proteger los datos de los usuarios.

La gobernadora enfatizó que esta iniciativa también servirá como complemento a otros proyectos en curso, como el registro de enfermedades raras, asegurando que los ciudadanos con condiciones poco comunes tengan acceso a los servicios especializados que requieren.

El Proyecto de la Cámara 387 representa un paso crucial hacia la modernización de los servicios gubernamentales en Puerto Rico, promoviendo la inclusión y la eficiencia en la atención de una población que, según la mandataria, ha sido “invisibilizada por años”. La medida comenzará a implementarse 180 días después de su aprobación, con un periodo de adaptación para que las agencias gubernamentales integren sus plataformas al nuevo sistema.