DOCUMENTO: Gobierno demanda a LUMA Energy y pide nulidad de la extensión de su contrato
La reclamación judicial establece que la llamada “Carta-Extensión” otorgó control indefinido a LUMA y eliminó protecciones esenciales al interés público
Por Redacción InDiario|Energía|
El Gobierno de Puerto Rico oficializó esta tarde una demanda contra LUMA Energy, en la que solicita al Tribunal de San Juan que declare nula la extensión del contrato firmada el 30 de noviembre de 2022 y que dé paso a una transición inmediata en la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico
En el documento, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como demandantes advierten que “se plantea a este Honorable Foro la invalidez de una pretendida extensión del contrato bajo el cual se alega que LUMA opera el sistema de transmisión y distribución "más allá del término interino originalmente acordado” .
La demanda sostiene que la extensión firmada en 2022 “resultó en otorgarle a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico, despojar a la P3 y a la AEE de la facultad resolutoria que les pertenecía y subordinar el interés público a la mera voluntad del operador privado”.
El Gobierno argumenta en el escrito que la acción es necesaria porque “
el Pueblo de Puerto Rico habría quedado indefinidamente atado a un contrato con LUMA sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado para proteger el interés público, lo que a juicio del Estado ha permitido que la empresa opere “sin métricas de desempeño exigibles y, por consiguiente, sin un mecanismo real de rendición de cuentas” .
El recurso también apunta a fallas de servicio que, según alega, han marcado los últimos años.
“Es evidente, tras más de cuatro (4) años de incumplimientos y fallas en el servicio, que LUMA no ha estado a la altura de esa responsabilidad”.
En la demanda se añade que “[N]o se puede mantener indefinidamente y sin controles un acuerdo para un servicio eléctrico que ha sido provisto de forma deficiente, plagado de apagones constantes, deficiencias operacionales y la ausencia de resultados positivos concretos” .
Entre los argumentos legales, el Gobierno recalca que la extensión es nula porque no contó con el voto afirmativo de ambos directores del interés público, lo cual plantean que es requisito indispensable bajo la Ley 120. Además, sostienen la nulidad del acuerdo extendido porque tampoco obtuvo el Certificado de Cumplimiento Energético.
“La ausencia de este requisito obligatorio implica que la Carta-Extensión se formalizó al margen del proceso regulatorio aplicable y carece de validez jurídica”, aducen en el recurso legal.
La demanda también denuncia que la extensión colocó la continuidad del contrato bajo condiciones sujetas a la voluntad de LUMA, al establecer que el acuerdo seguiría vigente hasta que el plan de ajuste fuera razonablemente aceptable al operador [LUMA]”, una disposición que, según el escrito, constituye una "condición suspensiva puramente potestativa prohibida por el Artículo 304 del Código Civil”.
Finalmente, el Gobierno solicita un injunction preliminar para obligar a LUMA a entregar información operacional crítica, al advertir que cualquier interrupción prolongada atenta contra la vida, la salud y la propiedad de todos los puertorriqueños.
INDIARIO continuará dando seguimiento al desarrollo de este proceso judicial y a la reacción de LUMA Energy una vez se emita.