Apelaciones da la razón al Senado

El Tribunal de Apelaciones determinó este viernes confirmar la orden que obliga al Departamento de Hacienda a entregar al Senado de Puerto Rico información relacionada con el ex Secretario de Justicia y contratista gubernamental Lcdo. Antonio M. Sagardía, en el marco de una investigación legislativa sobre contratos gubernamentales.

En su sentencia, el foro apelativo concluyó que el Senado actuó dentro de sus facultades constitucionales de fiscalización al requerir documentos que permitan evaluar el cumplimiento contributivo del contratista.  

La controversia surge luego de que el Senado aprobara una petición de información dirigida al secretario de Hacienda, solicitando detalles sobre la preparación y radicación de formularios contributivos vinculados a pagos realizados por Sagardía en los años 2024 y 2025.  

Hacienda se había negado a entregar los datos alegando confidencialidad y protección bajo la Carta de Derechos del Contribuyente, además de invocar el derecho a la intimidad. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones rechazaron ese argumento.

El panel determinó que la información solicitada no incluye el contenido de planillas contributivas ni datos financieros sensibles, por lo que no activa protecciones constitucionales de intimidad.  

Asimismo, el tribunal reafirmó que el poder investigativo del Senado es inherente a su función legislativa y que existe un interés público legítimo en fiscalizar el uso de fondos públicos por parte de contratistas del gobierno.  

“El Senado de Puerto Rico posee un propósito legítimo y de alto interés público al solicitar información de contratistas gubernamentales”, establece la sentencia.  

El foro apelativo también destacó que, bajo el principio de separación de poderes, corresponde deferencia al Poder Legislativo cuando ejerce su facultad investigativa, siempre que no se violen derechos constitucionales.

Con esta determinación, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto una paralización previa y ordenó el cumplimiento inmediato de la entrega de documentos, advirtiendo que el incumplimiento podría conllevar desacato civil.

La decisión representa un respaldo significativo a la capacidad del Senado para requerir información en procesos de fiscalización, particularmente en casos relacionados con el manejo de fondos públicos.

REACCIONA RIVERA SCHATZ

Rivera Schatz reaccionó al fallo esta tarde a través de sus redes sociales con un mensaje directo dirigido al Ejecutivo. "En una decisión UNÁNIME 4-0 el Tribunal Apelativo confirma que las acciones del Senado de Puerto Rico son consistentes con la constitución y que debe entregarse la información solicitada sobre el contratista investigado por el Senado Lcdo. Antonio Sagardía De Jesús", escribió el presidente senatorial. Con tres palabras dirigidas a los secretarios de la Gobernación, Hacienda y Justicia, Rivera Schatz cerró su mensaje: "¡SE LOS DIJE!"