PRIMICIA: Senado demanda a Hacienda para que se entregue información sobre Antonio Sagardía
Rivera Schatz alega que el secretario Ángel Pantoja rechazó indebidamente un requerimiento de datos contributivos y pide que se produzcan so pena de desacato
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
El Senado de Puerto Rico acudió esta noche al Tribunal de Primera Instancia en San Juan para solicitar una orden que obligue al Departamento de Hacienda a entregar información relacionada con el contratista y exsecretario de Justicia Antonio Sagardía de Jesús, tras la negativa de la agencia a cumplir con un requerimiento legislativo.
La demanda, presentada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, sostiene que Hacienda se negó a responder una petición aprobada de forma unánime el pasado 12 de marzo, en la que se solicitaba información puntual sobre declaraciones informativas y formularios W-2 y 480 vinculadas a la gestión del contratista.
En su recurso, el cuerpo legislativo solicita al tribunal que emita una orden de producción de documentos contra Hacienda, bajo apercibimiento de desacato, al amparo del Artículo 34-A del Código Político.
Según el documento judicial de 18 páginas en poder de INDIARIO, la agencia rechazó entregar los datos tras argumentar que están protegidos por el derecho constitucional a la intimidad y por disposiciones contributivas.
No obstante, el Senado alega que la solicitud no incluye planillas contributivas ni información detallada sobre ingresos, sino aspectos básicos como si se presentaron las declaraciones, la fecha de radicación, los recipientes de pagos y si hubo enmiendas.
“El requerimiento se limitó a una contestación de sí o no”, argumenta el Senado en la demanda, al insistir en que Hacienda interpretó erróneamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo utilizada para justificar su negativa.
La controversia surge en medio de una investigación legislativa sobre contratos otorgados a Sagardía, quien mantiene vínculos contractuales con varias agencias, incluyendo el Departamento de la Familia, Educación y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
El Senado sostiene que la información solicitada es esencial para evaluar el uso de fondos públicos y el cumplimiento contributivo del contratista, y que forma parte de su facultad constitucional de fiscalización.