Ley 75 endurece sanciones por agresión sexual
Gobernadora firma nueva ley que prohíbe programas de desvío para personas convictas por agresión sexual bajo Ley 54
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 609, una medida que refuerza las sanciones contra personas convictas por agresión sexual en el contexto de violencia doméstica y limita su acceso a programas de desvío.
La pieza legislativa, de la autoría del senador por el Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González López, fue firmada como la Ley 75-2026 y enmienda la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, estatuto que regula la política pública contra la violencia doméstica en Puerto Rico.
La nueva disposición establece expresamente que ninguna persona encontrada culpable por el delito de agresión sexual, según tipificado bajo la Ley 54, podrá acogerse a programas de desvío. Con ello, se busca cerrar una brecha legal que permitía, bajo ciertas circunstancias, que personas convictas por este tipo de delito pudieran acceder a mecanismos alternos al cumplimiento ordinario de la pena.
“El propósito de esta medida es establecer límites precisos dentro del ordenamiento legal para atender con mayor rigor los casos de agresión sexual en el contexto de la violencia doméstica”, expresó González López.
El senador sostuvo que la enmienda responde a la necesidad de que el sistema judicial trate estos casos conforme a la gravedad del delito y brinde mayor protección a las víctimas.
“Se trata de una corrección necesaria para asegurar que el sistema responda de manera proporcional a la naturaleza de estos delitos. Además, esta ley le brinda a las víctimas mayor certeza de que no tendrán que enfrentar la posibilidad de que su agresor regrese a la calle mediante mecanismos de desvío”, añadió.
Según explicó el legislador, antes de esta enmienda la Ley 54 permitía que, en determinados escenarios, personas convictas pudieran solicitar programas de desvío, lo que a su juicio generaba inconsistencias en la aplicación de la política pública contra la violencia doméstica.
“Con esta acción legislativa, se delimita de forma expresa que este tipo de conducta no cualifica para ese tipo de alternativa, ofreciendo mayor seguridad a quienes han sido víctimas. Agradezco a la gobernadora Jenniffer González Colón por firmar esta medida y respaldar este esfuerzo dirigido a fortalecer la protección de las víctimas”, indicó González López.
De acuerdo con la exposición de motivos de la medida, Puerto Rico ha experimentado en años recientes un aumento en los casos de violencia sexual dentro de relaciones de pareja, lo que llevó a revisar las herramientas legales disponibles para atender este tipo de conducta.
La firma de la Ley 75-2026 coloca nuevamente bajo discusión pública el alcance de los programas de desvío en casos de violencia doméstica y marca una política más restrictiva cuando se trata de agresión sexual en relaciones íntimas. Bajo la nueva ley, ese delito queda excluido de alternativas que puedan ser interpretadas como una salida menos severa frente a la naturaleza de la agresión.
