Justicia federal agrupa casos de fraudes por $350 millones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos agrupó investigaciones y procesos judiciales relacionados con aproximadamente $350 millones en fraude alegado contra programas financiados por los contribuyentes, como parte de una ofensiva coordinada en siete estados del sureste del país. 

La iniciativa de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude comprende 17 casos en Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los expedientes incluyen supuestas irregularidades con beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria —conocido como SNAP—, préstamos de la Administración de Pequeños Negocios, subsidios de vivienda, Medicare y créditos contributivos creados durante la pandemia. 

Los siete estados también acordaron compartir con el Gobierno federal datos sobre registros corporativos y pagos de beneficios públicos. El objetivo es permitir que fiscales y analistas comparen información entre jurisdicciones, detecten empresas relacionadas y reconozcan patrones que podrían pasar inadvertidos cuando los casos se investigan individualmente. 

El fiscal general adjunto Colin M. McDonald sostuvo que combatir el fraude requiere una colaboración directa entre las autoridades estatales y federales, mediante el intercambio de inteligencia, personal, información y prioridades investigativas. 

Millones reclamados a Medicare

Uno de los expedientes de mayor cuantía está relacionado con más de $174 millones en reclamaciones sometidas a Medicare por pruebas genéticas de cáncer y enfermedades cardiovasculares que, según las autoridades, no eran médicamente necesarias y fueron obtenidas mediante sobornos y comisiones ilegales. Medicare llegó a desembolsar más de $55 millones. 

El principal acusado de ese esquema, Jamie P. McNamara, fue sentenciado en octubre de 2025 a diez años de prisión. Las autoridades también confiscaron vehículos de lujo y más de $7 millones depositados en cuentas bancarias. 

En Carolina del Norte, ocho preparadores de planillas se declararon culpables por someter declaraciones contributivas falsas que reclamaban créditos relacionados con la pandemia. Según el Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas Internas desembolsó aproximadamente $13.9 millones en reintegros fraudulentos. 

Empleado federal utilizó su posición

Entre los casos destacados también figura el de Lakeith M. Faulkner, un exempleado de la Administración de Pequeños Negocios que utilizó su posición para facilitar más de $11 millones en solicitudes fraudulentas de préstamos de emergencia. Los beneficiarios le pagaron a Faulkner y a un cómplice alrededor de $2.3 millones. 

Faulkner se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y fue sentenciado en 2023 a 62 meses de prisión. Además, se le ordenó pagar más de $10.6 millones en restitución. 

El paquete regional también incluye, según la información suministrada al Daily Caller, un supuesto fraude de cerca de $500,000 contra subsidios de vivienda en Florida y otro expediente relacionado con aproximadamente $70 millones en fraude contributivo. 

Casos nuevos y expedientes ya procesados

La cifra de $350 millones no corresponde necesariamente a dinero descubierto o desembolsado dentro de una sola operación reciente. Algunos de los procesos utilizados para calcular el total fueron anunciados, adjudicados o sentenciados anteriormente, por lo que la cantidad representa una agrupación regional de reclamaciones, pérdidas y fondos cuestionados en expedientes que se encuentran en distintas etapas judiciales. 

La División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude fue creada el 7 de abril como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en programas federales. La iniciativa complementa una fuerza interagencial presidida por el vicepresidente J. D. Vance. 

Las acusaciones pendientes constituyen alegaciones del Gobierno y las personas imputadas se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad en un tribunal.