PFEI archiva querella contra jueza Jessika Padilla
Panel concluye que no hay prueba suficiente para acusar criminalmente; defensa denuncia una “patraña política” y exige reparar su reputación.
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó el archivo de la querella contra la jueza Jessika D. Padilla Rivera, ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tras concluir que la prueba recopilada durante una extensa investigación no era suficiente para sostener responsablemente un procesamiento criminal en su contra.
La Resolución, emitida el 10 de septiembre y notificada este jueves, acogió la recomendación de las fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón, quienes investigaron posibles violaciones al artículo 264 del Código Penal, relacionado con malversación de fondos públicos, y al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.
La pesquisa incluyó entrevistas a 45 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la CEE, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y la Policía, además del análisis de documentación relacionada con el desembolso investigado.
El caso giraba alrededor de un pago realizado en abril de 2025 a 65 empleados exentos de la CEE, por una suma total de $177,586.49, identificado como un “pago único no recurrente”. Según establece la resolución, los fondos provenían de un sobrante presupuestario relacionado con servicios logísticos u operaciones de las elecciones generales de 2024.
La investigación determinó que el desembolso se realizó sin obtener previamente las autorizaciones de la OGP y de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para utilizar esos recursos para un propósito distinto al originalmente autorizado.
El PFEI también identificó “deficiencias significativas” en el procedimiento seguido para autorizar y tramitar los pagos. Entre ellas, señaló que no se documentó adecuadamente el criterio utilizado para determinar las cantidades que recibirían los distintos empleados, que no se utilizó un procedimiento uniforme y que el asunto no fue sometido al pleno de la Comisión.
Sin embargo, esas irregularidades administrativas no fueron suficientes para establecer la comisión de un delito.
Irregularidades, pero no prueba criminal
Las fiscales concluyeron que los empleados beneficiados habían prestado servicios durante el proceso electoral y que el propósito del pago estaba dirigido a compensar trabajo realizado por funcionarios públicos.
De acuerdo con la resolución, la evidencia no permitió establecer que los fondos se utilizaran para fines privados o ilícitos, ni que las cantidades concedidas fueran determinadas mediante un acuerdo con la intención criminal necesaria para configurar el delito de malversación.
El Panel sostuvo que la existencia de una irregularidad presupuestaria o administrativa, aunque pudiera ser seria, “por sí sola” no demuestra todos los elementos de un delito.
Tampoco encontró prueba suficiente para establecer más allá de duda razonable los elementos objetivos y subjetivos necesarios para sostener una acusación criminal bajo la Ley de Ética Gubernamental.
No obstante, el PFEI aclaró que su determinación de no procesar criminalmente a Padilla Rivera no adjudica ni descarta posibles responsabilidades administrativas, éticas o de otra naturaleza.
La resolución advierte particularmente que la participación de la entonces presidenta alterna de la CEE en un proceso que culminó con un beneficio económico para ella misma amerita consideración independiente por los organismos con jurisdicción.
Por esa razón, el Panel ordenó enviar copia de la resolución y del informe final a la Oficina de Ética Gubernamental, la CEE, la OGP y el Departamento de Hacienda para que evalúen el asunto dentro de sus respectivas competencias.
Defensa: “Fue una patraña política”
Tras conocerse la determinación, el abogado de Padilla Rivera, Yuseph Lamboy López, sostuvo que el archivo confirma la posición que la defensa mantuvo desde el comienzo del procedimiento.
“Esta determinación confirma lo que sostuvimos desde el primer día: mi clienta no cometió los delitos que le fueron imputados”, expresó el abogado.
Lamboy López aseguró que la investigación no logró establecer los elementos necesarios para configurar ni el delito de malversación de fondos públicos ni una violación criminal a la Ley de Ética Gubernamental.
El letrado fue más lejos al describir todo el proceso como una “patraña política” que, a su juicio, pretendió convertir una controversia administrativa en un asunto criminal.
“Se intentó convertir en delito lo que el propio Panel reconoció que no podía sostenerse mediante la prueba y el derecho aplicable”, afirmó.
El abogado defendió además la trayectoria de Padilla Rivera y sostuvo que la jueza enfrentó la investigación “con dignidad, prudencia y respeto hacia las instituciones”, pese al impacto público que tuvieron las imputaciones.
“Hoy defendemos con mayor firmeza la integridad, el honor y el buen nombre de la jueza Jessika Padilla Rivera”, añadió.
Lamboy López reclamó que el archivo del caso reciba una exposición pública comparable con la que generaron las acusaciones originales.
“La honra de una persona no puede ser destruida mediante acusaciones políticas y luego pretender que el archivo del caso pase inadvertido”, manifestó.
