PRIMICIA: Tribunal ordena a Hacienda entregar información sobre Antonio Sagardía
Jueza declara ha lugar la petición del Senado y da 48 horas al secretario de Hacienda para cumplir, so pena de desacato
Por Rafelli Gonzalez|Policía y Tribunales|
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Hacienda entregar al Senado información contributiva relacionada con el contratista gubernamental y exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía de Jesús, al declarar ha lugar la demanda presentada por el cuerpo legislativo.
En una orden emitida hoy, la jueza Iris L. Cancio González instruyó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a suministrar los datos solicitados en un término de 48 horas, bajo advertencia de desacato civil en caso de incumplimiento.
La controversia se originó luego de que el Senado aprobara de forma unánime una petición de información dirigida a Hacienda, en la que solicitó detalles sobre declaraciones informativas —formularios W-2 y 480— vinculadas a pagos realizados por Sagardía en los años contributivos 2024 y 2025.
Entre los datos requeridos figuran si dichas declaraciones fueron presentadas, la fecha de radicación, los nombres de los recipientes de pagos y si los documentos fueron enmendados.
La orden judicial surge tras la negativa inicial de Hacienda a divulgar dicha información al alegar que estaba protegida por el derecho constitucional a la intimidad del contribuyente. El tribunal concluyó que, conforme al Artículo 34-A del Código Político, no tiene discreción en estos casos cuando se demuestra que una agencia incumplió con un requerimiento legislativo válido, por lo que debe ordenar la producción de documentos.
La orden surge luego de que el Senado acudiera anoche al tribunal tras sostener que Hacienda interpretó erróneamente la ley y la jurisprudencia al negarse a cumplir, ya que no se solicitaban planillas contributivas ni información confidencial detallada, sino datos básicos para fines de fiscalización.
Además, el cuerpo legislativo planteó que Sagardía, como contratista del gobierno con acuerdos vigentes con varias agencias, está sujeto a mayor escrutinio público en el uso de fondos estatales.
En su análisis, el tribunal reafirmó que la Asamblea Legislativa cuenta con amplios poderes investigativos como parte de su función constitucional, incluyendo la facultad de requerir documentos pertinentes a investigaciones sobre la ejecución de política pública.
La orden judicial también advierte que cualquier desobediencia será sancionada como desacato civil, lo que podría conllevar penalidades adicionales contra el contratista.
El licenciado Antonio Sagardía de Jesús figura como contratista de servicios profesionales con varias dependencias del gobierno de Puerto Rico, tales como el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, aunque el propio Senado ha señalado que existen otros contratos adicionales no detallados públicamente. Este cuadro ha levantado interés legislativo al tratarse de un contratista con presencia en múltiples dependencias del Ejecutivo, lo que ha motivado solicitudes de información sobre pagos, facturación y cumplimiento contributivo.