ASUME busca reactivar cobro de pensiones con Dominicana

La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) inició gestiones con el Gobierno de República Dominicana para establecer un acuerdo que permita localizar a padres y madres con obligaciones alimentarias pendientes y facilitar el cobro de pensiones cuando las partes residen en distintas jurisdicciones.

La iniciativa pretende atender las dificultades que enfrentan las familias cuando una persona obligada al pago de una pensión alimentaria reside fuera de Puerto Rico, circunstancia que puede complicar los procesos de localización, reclamación y ejecución de las órdenes.

Las conversaciones fueron encabezadas por la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, y el ministro de Justicia dominicano, Antoliano Peralta Romero, durante una reunión celebrada el miércoles, 4 de noviembre.

En el encuentro también participó Olga Diná, procuradora general de Corte de Apelación y directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de República Dominicana.

Buscan facilitar el cobro de pensiones entre ambos países

La propuesta, presentada inicialmente por ASUME en junio de este año, contempla establecer mecanismos de cooperación para mejorar la atención de los casos de pensiones alimentarias que involucran a Puerto Rico y República Dominicana.

Entre las medidas discutidas se encuentran fortalecer la localización de personas con deudas alimentarias, facilitar el reconocimiento y cumplimiento de órdenes judiciales y administrativas, y designar funcionarios que sirvan de enlace entre ambas jurisdicciones.

También se propone desarrollar procedimientos coordinados para atender reclamaciones internacionales, ofrecer capacitación al personal encargado de estos casos y establecer indicadores que permitan evaluar los resultados de la colaboración.

La administradora de ASUME sostuvo que el propósito es impedir que las diferencias jurisdiccionales dificulten el acceso de los menores al sustento económico que les corresponde.

"Queremos evitar que las diferencias jurisdiccionales se conviertan en un obstáculo para que los menores reciban el sustento que les corresponde", expresó Mateu Meléndez.

La funcionaria reiteró que mudarse fuera de Puerto Rico no elimina la responsabilidad legal de proveer alimentos a los hijos.

Puerto Rico y Dominicana tuvieron un acuerdo en 2006

Las conversaciones actuales no constituyen el primer esfuerzo de cooperación entre ambas jurisdicciones.

En julio de 2006, durante la administración del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Puerto Rico y República Dominicana suscribieron un acuerdo para colaborar en la ejecución de órdenes de pensiones alimentarias.

El convenio, establecido entre ASUME y la Procuraduría General dominicana, contemplaba mecanismos para localizar a personas obligadas al pago, determinar la filiación, establecer o modificar pensiones y facilitar el cumplimiento de las órdenes.

Posteriormente, en 2008, ambas jurisdicciones acordaron extender la colaboración por tres años adicionales.

La propuesta presentada este año busca retomar y ampliar aquellos mecanismos de cooperación, incorporando procedimientos de comunicación, seguimiento y evaluación de los casos.

¿Qué cambiaría para las familias?

De concretarse el acuerdo, una persona residente en Puerto Rico que tenga una orden de pensión alimentaria contra alguien domiciliado en República Dominicana podría beneficiarse de una coordinación más directa entre las autoridades de ambos países.

Asimismo, se facilitarían gestiones relacionadas con órdenes de pensión alimentaria originadas en República Dominicana cuando la persona obligada resida en Puerto Rico.

El objetivo sería reducir las dificultades administrativas que actualmente pueden presentarse cuando los casos requieren la intervención de autoridades de diferentes jurisdicciones.

Sin embargo, el acuerdo todavía se encuentra en etapa de negociación. No se ha anunciado una fecha para su firma, su entrada en vigor ni los procedimientos específicos que deberán seguir las familias interesadas.

Tampoco se han divulgado estimados sobre la cantidad de casos pendientes o el monto de las deudas alimentarias que podrían atenderse mediante este mecanismo.

La iniciativa representa un nuevo intento de fortalecer la cooperación entre Puerto Rico y República Dominicana para que las fronteras jurisdiccionales no impidan reclamar y procurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en beneficio de los menores.