Contralora encuentra truco con contratación en Lajas

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó una auditoría sobre el Municipio de Lajas que apunta a serios señalamientos administrativos y fiscales, incluyendo la presunta alteración unilateral e ilegal de un contrato, pagos que excedieron la cuantía originalmente registrada, compras sin las cotizaciones requeridas y desembolsos por multas e intereses que pudieron evitarse.

El informe, identificado como OC-26-30, examinó operaciones fiscales y administrativas realizadas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024. La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas cumplieron con la ley y la reglamentación aplicable, hubo excepciones importantes contenidas en cinco hallazgos principales. 

El señalamiento más delicado gira en torno a un contrato formalizado el 18 de septiembre de 2022 para el alquiler de equipo pesado relacionado con trabajos posteriores al paso del huracán Fiona. Según la auditoría, el contrato original era por $90,000, pero los auditores detectaron otro documento con el mismo número, vigencia y términos, aunque con una cuantía aumentada a $140,000. 

La Contraloría sostuvo que la secretaria municipal alteró el contrato mediante sistema computadorizado para aumentar la cuantía pactada. También se habría alterado el documento titulado “Datos del Contrato Registrado”, emitido por la propia Oficina de la Contralora como evidencia del registro contractual. Como resultado, el Municipio terminó pagando $124,497 al contratista, es decir, $34,497 por encima de la cuantía original registrada. 

El alcalde objetó ese hallazgo y planteó que se intentó corregir internamente el contrato y gestionar cambios ante la Contraloría. Sin embargo, la Oficina determinó que el señalamiento prevalecía conforme a la evidencia obtenida durante la auditoría. 

La auditoría también reveló que el Municipio recibió servicios de alquiler de dos camiones para recogido de basura doméstica por $32,800 sin que se formalizara previamente un contrato escrito. Aunque la gerencia municipal argumentó que se trataba de una emergencia declarada mediante orden ejecutiva y que bastaba con una orden de compra, la Contraloría recalcó que una orden de compra no sustituye un contrato escrito ni establece adecuadamente los derechos y obligaciones de las partes. 

Otro de los hallazgos apunta a ocho compras por $49,343 realizadas entre mayo de 2021 y febrero de 2024 sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores representativos del mercado, como exige la reglamentación aplicable. Las compras incluyeron materiales, suministros, armas de fuego, abanicos, máquinas de presión, una cisterna, renta de vehículo y equipo de sonido con instalación. 

En algunos casos, el Municipio alegó que los suplidores eran exclusivos, pero los auditores identificaron otros proveedores disponibles en el mercado. Además, la revisión encontró 18 cotizaciones sin nombre, firma o identificación del funcionario municipal que las solicitó o recibió, lo que debilitó la trazabilidad del proceso de compras y la capacidad de adjudicar responsabilidades administrativas. 

La Contraloría también señaló deficiencias en el manejo presupuestario. Entre agosto de 2021 y octubre de 2022, el Municipio formalizó cuatro contratos y doce enmiendas por $437,440 sin obligar previamente los créditos presupuestarios correspondientes. Para la Oficina, esa práctica limita el control real sobre las asignaciones disponibles y puede abrir la puerta a sobregiros, reclamaciones o litigios innecesarios. 

El informe documentó, además, pagos por $11,697 en intereses, recargos y multas por tardanzas en remesas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Servicio de Rentas Internas federal. De ese total, $10,981 correspondieron a atrasos relacionados con el Departamento del Trabajo y $716 al IRS. La Contraloría advirtió que esos pagos reducen fondos que pudieron utilizarse en servicios directos a la ciudadanía. 

Al cierre de la auditoría, la Oficina también consignó que, al 30 de septiembre de 2024, existían demandas civiles pendientes contra el Municipio por $10.5 millones, relacionadas con incumplimiento de contrato, discrimen político, acoso laboral y daños y perjuicios. Asimismo, señaló que al 30 de junio de 2024 no se habían recobrado $85,500recomendados en un informe de auditoría anterior emitido en 2014. 

Entre las recomendaciones, la Contraloría pidió fortalecer los controles sobre contratación pública, exigir contratos escritos antes de recibir servicios, garantizar procesos competitivos de compras, obligar oportunamente los créditos presupuestarios, evitar tardanzas en remesas estatales y federales, y continuar gestiones para recobrar fondos señalados en auditorías previas.

La contralora Carmen A. Vega Fournier sostuvo que la Oficina tiene el deber de “velar por la sana administración pública” y proteger el uso correcto de los recursos públicos. 

El informe coloca nuevamente bajo lupa la administración fiscal municipal en Lajas, particularmente en un renglón sensible: la contratación pública. Aunque el señalamiento central gira sobre una presunta alteración contractual, el cuadro completo que dibuja la auditoría apunta a fallas de controles internos, documentación incompleta y procesos administrativos que, según la Contraloría, afectaron la transparencia y el uso eficiente de fondos públicos.