De la Espriella abre ofensiva contra el narco en Colombia

Colombia inició una nueva etapa en su política de seguridad con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y una señal inequívoca desde sus primeras horas en el poder: el narcotráfico y los grupos armados volverán a ser enfrentados mediante una estrategia de mayor presión militar, policial y judicial.

El nuevo mandatario convirtió la seguridad en uno de los ejes centrales de su discurso de investidura y marcó distancia con la política de “Paz Total” impulsada por Gustavo Petro, cuestionada por sectores que consideran que las negociaciones simultáneas con distintas organizaciones criminales terminaron otorgando espacio y tiempo a estructuras ilegales para fortalecerse.

Desde una instalación militar en Cali, De la Espriella proclamó el inicio de una etapa de recuperación del “orden, la autoridad y la libertad” y dejó claro que su gobierno no pretende administrar indefinidamente el problema de la criminalidad organizada, sino confrontarlo.

Su mensaje a las organizaciones armadas fue directo: someterse a la ley o enfrentar la acción del Estado.

Regreso de las fumigaciones

Una de las decisiones de mayor impacto político anunciadas por el nuevo gobierno es la reactivación de las fumigaciones contra los cultivos ilícitos.

Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína y mantiene cientos de miles de hectáreas cultivadas con coca, una realidad que durante los últimos años ha alimentado las finanzas de grupos armados, organizaciones narcotraficantes y redes criminales que controlan amplias zonas rurales.

De la Espriella sostiene que combatir el narcotráfico requiere atacar no solo la distribución y exportación de la droga, sino también su origen económico: los cultivos que sostienen la cadena de producción.

El presidente ha anunciado que utilizará herbicidas de nueva generación y que cualquier programa deberá cumplir con las restricciones ambientales y judiciales vigentes.

La apuesta representa un regreso a una concepción más agresiva de la lucha antidrogas: reducir la capacidad económica de las organizaciones criminales desde la propia base de producción.

Vuelve la cooperación estrecha con Estados Unidos

Otra de las prioridades del nuevo gobierno ha sido reconstruir la cooperación de seguridad con Washington.

Colombia ingresará al Escudo de las Américas, iniciativa respaldada por el gobierno del presidente Donald Trump para reforzar la coordinación regional contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas de seguridad.

Estados Unidos también ha anunciado su intención de trabajar con el Congreso para proporcionar hasta $1,000 millones en asistencia de seguridad al nuevo gobierno colombiano.

La decisión representa un fortalecimiento de una alianza que durante décadas fue pieza fundamental de la política antidrogas colombiana y que permitió desarrollar capacidades militares, de inteligencia y de interdicción.

De la Espriella apuesta nuevamente por esa relación estratégica, bajo la premisa de que Colombia no puede combatir sola organizaciones criminales que operan mediante redes financieras y logísticas internacionales.

Cárceles dejan de ser centros de operaciones criminales

La ofensiva comenzó a extenderse también al sistema penitenciario.

Una de las primeras órdenes del nuevo gobierno fue el traslado de 117 reclusos a establecimientos de máxima seguridad, incluyendo personas vinculadas a procesos de diálogo desarrollados bajo la administración anterior.

La administración de De la Espriella plantea que las cárceles no pueden convertirse en centros desde donde dirigentes criminales continúen impartiendo instrucciones, coordinando extorsiones o administrando sus estructuras ilegales.

La medida busca recuperar el control del Estado sobre las instituciones penitenciarias y eliminar privilegios que, según las nuevas autoridades, habían permitido a determinados cabecillas mantener influencia aun estando encarcelados.

Se acaba la lógica de concesiones

El cambio más profundo quizás no sea una operación específica, sino la filosofía que comienza a dirigir la política de seguridad.

Durante el gobierno de Petro, el Estado apostó por abrir canales de negociación con múltiples grupos armados bajo el concepto de “Paz Total”.

De la Espriella considera agotado ese modelo.

Su gobierno parte de una premisa distinta: la negociación solamente puede producir resultados cuando el Estado posee suficiente capacidad coercitiva para obligar a las organizaciones criminales a escoger entre abandonar las armas o enfrentar consecuencias.

Desde esa óptica, la paz no surge de debilitar la capacidad del Estado para combatir, sino de fortalecerla.

La nueva administración también ha impulsado un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, destinado a coordinar esfuerzos contra homicidios, extorsiones y organizaciones criminales que operan dentro de las principales ciudades.

El narcotráfico responde

El desafío quedó expuesto apenas horas después de la investidura.

Un carro bomba explotó en el suroeste colombiano, en un ataque que las autoridades atribuyeron a disidencias de las antiguas FARC.

El atentado confirmó precisamente el escenario que De la Espriella utilizó durante la campaña para justificar su política de seguridad: organizaciones armadas que todavía poseen capacidad para controlar territorios, intimidar comunidades y desafiar al Estado.

Lejos de moderar su discurso después del ataque, el nuevo presidente mantiene su determinación de utilizar la Fuerza Pública para recuperar territorio y reducir la influencia de estos grupos.

Un cambio de rumbo

Todavía es demasiado temprano para medir los resultados de una administración que apenas comienza.

No existen aún cifras suficientes para determinar si aumentarán las incautaciones, disminuirán los cultivos de coca o serán desmanteladas las principales estructuras criminales.

Pero el cambio de dirección resulta difícil de ignorar.

En sus primeras horas, De la Espriella ha anunciado el regreso de las fumigaciones, reforzado la cooperación con Estados Unidos, endurecido el tratamiento de cabecillas encarcelados, establecido nuevas estructuras de seguridad y ordenado a las Fuerzas Armadas recuperar capacidad ofensiva frente a las organizaciones ilegales.

Después de cuatro años en los que Colombia apostó principalmente por negociar con los grupos armados, el nuevo gobierno ha decidido recuperar una fórmula distinta: autoridad primero y negociación desde una posición de fortaleza.

Para sus partidarios, esa política representa el regreso de un principio elemental que consideran debilitado durante el gobierno anterior: que el Estado, y no las organizaciones criminales, debe controlar el territorio colombiano.

El desafío de De la Espriella será demostrar ahora que esa firmeza puede traducirse en resultados concretos.

Si logra reducir cultivos ilícitos, recuperar territorios dominados por grupos armados y debilitar las finanzas del narcotráfico, el giro iniciado esta semana podría convertirse en uno de los cambios más significativos de la política de seguridad colombiana de los últimos años.