OIG cuestiona contrato de $1 en Salud por negocio millonario
Salud defendió el acuerdo, pero la OIG sostiene que el valor real debe considerar los cargos cobrados directamente a ciudadanos.
Por Redacción InDiario|Noticias|
Un contrato que representa apenas $1 anual para el Departamento de Salud podría generar hasta $9.15 millones en ingresos para el proveedor mediante cargos cobrados directamente a los ciudadanos, según un nuevo informe de la Oficina del Inspector General (OIG) que cuestiona la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar a la empresa.
El examen OIG-E-27-002, publicado el 18 de septiembre, evaluó contrataciones de servicios tecnológicos e informáticos del Departamento de Salud entre 2022 y 2025 y detectó tres áreas principales de preocupación: falta de competencia en la selección del proveedor, acceso de la compañía a información y personal antes de formalizarse el contrato y acuerdos tramitados sin cumplir determinados requisitos y autorizaciones tecnológicas.
El acuerdo bajo escrutinio corresponde a la plataforma Salud Digital, contratada para procesar por internet licencias, permisos y certificaciones de la agencia. El contrato fue otorgado el 19 de mayo de 2025 y se extiende hasta el 30 de junio de 2030. Documentos públicos identifican a XUVO Technologies, LLC como la empresa contratada.
$5 para el Gobierno, millones para el proveedor
Aunque el contrato supone un desembolso gubernamental total de apenas $5 durante cinco años, el modelo permite que el proveedor cobre cargos de procesamiento directamente a cada ciudadano que utilice la plataforma.
Ese detalle llevó a la OIG a cuestionar que el valor económico del acuerdo se limitara únicamente a lo que paga el Gobierno.
Utilizando el historial de transacciones de la plataforma anterior, el organismo estimó que los cargos podrían representar aproximadamente $9.15 millones durante la vigencia del contrato. La Junta de Supervisión Fiscal había realizado previamente su propio cálculo y estimó el valor en unos $7.5 millones.
La Junta Fiscal confirmó en octubre de 2025 que Salud no realizó un procedimiento competitivo y recomendó que la agencia llevara a cabo uno dentro de 90 días. También señaló que los procesos competitivos ayudan a promover competencia en el mercado y fortalecer la confianza pública en la contratación gubernamental.
Salud sostiene que no tenía que celebrar competencia
El Departamento de Salud rechazó esa interpretación.
En su respuesta a la OIG, la agencia argumentó que el contrato no requería competencia porque el desembolso directo gubernamental es de solo $1 anual.
El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, sostuvo que no existe una disposición legal que obligue a calcular el valor de un contrato utilizando todos los ingresos que pueda recibir una compañía por cargos de procesamiento a terceros. La agencia también entendió que la recomendación de la Junta Fiscal para celebrar una competencia no constituía una obligación legal.
La OIG, sin embargo, mantuvo su hallazgo.
Para el organismo fiscalizador, concentrarse únicamente en el dólar que paga Salud ignoraría el verdadero beneficio económico obtenido por el contratista mediante los cargos cobrados a los usuarios.
Un cargo de $5 sobre un trámite de $15
El informe también pone bajo lupa la proporcionalidad de las tarifas.
La OIG utilizó como ejemplo un permiso para disposición de un cadáver mediante cremación, cuyo costo gubernamental es de $15, pero al que se añade un cargo de procesamiento de $5. Ese cargo representa aproximadamente un 33.3% adicional sobre el costo del trámite.
En contraste, una transacción por $1,519.95 asociada a una licencia de la Junta de Cannabis Medicinal conllevaría un cargo fijo de $19.95, equivalente a cerca de 1.3%.
El organismo recomendó que Salud examine si las tarifas impuestas a los ciudadanos guardan una relación razonable con el valor de las transacciones.
Proveedor tuvo acceso antes de firmarse el contrato
Otro de los hallazgos apunta a lo ocurrido antes de que existiera formalmente el acuerdo.
Según la OIG, desde febrero de 2025 la compañía comenzó a solicitar información operacional al Departamento de Salud y personal gubernamental participó en reuniones, completó documentos y proveyó información necesaria para configurar la plataforma.
El contrato no fue firmado hasta mayo.
Para el organismo fiscalizador, permitir ese nivel de acceso previo plantea riesgos relacionados con la transparencia, la confidencialidad y la igualdad de condiciones frente a otros potenciales proveedores.
La investigación también encontró deficiencias relacionadas con documentación requerida, autorizaciones de tecnología y otros procesos contractuales examinados dentro de la agencia.
Junta Fiscal ya había levantado bandera
La controversia no comenzó con el informe de la OIG.
En octubre de 2025, la Junta Fiscal cuestionó formalmente el contrato con XUVO luego de conocer que Salud lo había tratado como un acuerdo de apenas $5 y, por esa razón, no lo sometió inicialmente a revisión del organismo.
Después de solicitar datos sobre el número de transacciones y las tarifas cobradas, la Junta calculó que el valor del negocio rondaba los $7.5 millones.
Salud había informado entonces que identificó directamente a XUVO luego de evaluar proveedores que ofrecían servicios similares a otras agencias gubernamentales y posteriormente solicitó una presentación de sus servicios. La propia agencia confirmó a la Junta que no realizó un procedimiento competitivo.
OIG exige controles
La inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, planteó que la digitalización de los servicios gubernamentales debe estar acompañada de mecanismos que garanticen competencia, transparencia y protección del interés público.
Como resultado del examen, la OIG emitió ocho recomendaciones, entre ellas realizar un proceso competitivo para la plataforma, revisar la proporcionalidad de los cargos que pagan los ciudadanos y fortalecer los controles para verificar certificaciones, autorizaciones y documentos antes de formalizar contratos tecnológicos.
El hallazgo coloca nuevamente bajo escrutinio un modelo contractual peculiar: el Gobierno prácticamente no paga, pero el ciudadano sí.
Y esa diferencia es precisamente el centro de la controversia. Mientras Salud insiste en que el valor gubernamental del contrato es de apenas $1 anual, la OIG sostiene que el análisis no puede detenerse ahí cuando el acuerdo podría representar millones de dólares para el proveedor durante cinco años.
