De la guerra civil al cerco de Bukele contra las maras

La transformación de El Salvador, de uno de los países más violentos del mundo a una nación que reporta una de las tasas de homicidios más bajas del continente, no comenzó con Nayib Bukele. Detrás del llamado “milagro salvadoreño” existe una historia marcada por masacres, guerra civil, migración, deportaciones y el dominio territorial que las pandillas ejercieron durante décadas.

Una cronología publicada por The Daily Caller, basada en entrevistas con altos funcionarios salvadoreños, presenta la ofensiva de Bukele como el desenlace de casi un siglo de violencia política y criminal. El resultado es indiscutible en términos de seguridad: comunidades que vivían bajo extorsión recuperaron sus calles y la tasa oficial de homicidios cayó a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025. El costo, sin embargo, incluye la suspensión prolongada de derechos constitucionales, encarcelamientos masivos y denuncias de abusos en las prisiones. 

La Matanza y las raíces de la violencia

Uno de los episodios que definió la historia moderna del país ocurrió en 1932, cuando el gobierno militar aplastó una insurrección campesina e indígena. La represión, conocida como La Matanza, dejó alrededor de 30,000 muertos y consolidó décadas de gobiernos militares, persecución política y elecciones manipuladas. 

Las tensiones sociales y políticas desembocaron posteriormente en la guerra civil entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto, desarrollado principalmente entre 1980 y 1992, provocó aproximadamente 75,000 muertes, además de desapariciones, torturas y desplazamientos internos. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992 bajo mediación de las Naciones Unidas, pusieron fin formalmente a la guerra y transformaron al FMLN en partido político. 

La paz terminó el conflicto armado, pero no reconstruyó inmediatamente las instituciones, las comunidades ni una economía capaz de absorber a miles de jóvenes que habían crecido entre la violencia y la pobreza.

Pandillas nacidas en las calles de Los Ángeles

Mientras El Salvador se encontraba en guerra, cientos de miles de salvadoreños emigraron a Estados Unidos. Una gran parte se estableció en Los Ángeles, donde jóvenes centroamericanos se encontraron en vecindarios controlados por pandillas ya existentes.

En ese ambiente surgió la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, mientras Barrio 18 amplió su presencia entre las comunidades centroamericanas. Las organizaciones comenzaron como agrupaciones callejeras en Estados Unidos, pero adquirieron una dimensión transnacional durante la década de 1990. 

Las políticas estadounidenses de deportación enviaron posteriormente a numerosos pandilleros hacia países que apenas conocían y que todavía intentaban recuperarse de sus guerras internas. Al llegar a El Salvador, esas estructuras encontraron instituciones débiles, comunidades empobrecidas y escasa capacidad gubernamental para impedir su expansión.

Las pandillas reprodujeron el sistema de “clicas”, reclutaron jóvenes y comenzaron a controlar barrios completos. Su fuente de ingresos no se limitó al narcotráfico: comerciantes, transportistas, trabajadores y familias eran obligados a pagar extorsiones para operar, trasladarse o simplemente permanecer en determinadas comunidades.

Un Estado paralelo en los barrios

El ministro salvadoreño de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que MS-13 y Barrio 18 llegaron a ejercer influencia sobre alrededor del 85% del territorio del país. Esa cifra corresponde al estimado del gobierno, pero refleja una realidad ampliamente documentada: las pandillas establecieron fronteras invisibles y castigaban a quienes cruzaban de un sector controlado por una organización rival. 

Miles de salvadoreños evitaban visitar familiares, estudiar o aceptar empleos en otros vecindarios por temor a ser identificados como colaboradores de una pandilla contraria. Los pequeños negocios incorporaron la extorsión como un costo adicional y quienes se negaban a pagar podían enfrentar amenazas, ataques o asesinatos.

El dominio criminal también alcanzó la política. El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que representantes de distintos partidos toleraron o negociaron con estructuras pandilleras para obtener ventajas electorales. Las acusaciones sobre acuerdos entre políticos y cabecillas de pandillas han perseguido tanto a gobiernos anteriores como a funcionarios de la propia administración de Bukele. 

Bukele rompe con los partidos tradicionales

Nayib Bukele comenzó su trayectoria política dentro del FMLN y llegó a ocupar las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Tras romper con ese partido, construyó el movimiento Nuevas Ideas y ganó la presidencia en 2019 con un discurso contra la corrupción, los partidos tradicionales y el control territorial de las pandillas.

Pocas semanas después de asumir el cargo, lanzó el Plan de Control Territorial, una estrategia por fases que desplegó policías y militares en municipios estratégicos, reforzó las prisiones e intentó cortar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. 

Durante los primeros dos años, Bukele gobernó sin mayoría legislativa. La situación cambió en 2021, cuando Nuevas Ideas obtuvo control de la Asamblea Legislativa y comenzó a aprobar con rapidez las medidas propuestas por el Ejecutivo.

El fin de semana que cambió al país

El punto decisivo ocurrió en marzo de 2022. Entre el 25 y el 27 de ese mes, al menos 87 personas fueron asesinadas durante una ola de violencia atribuida a MS-13 y Barrio 18. Fue uno de los episodios más sangrientos registrados desde la guerra civil. 

La Asamblea Legislativa respondió aprobando un régimen de excepción que suspendió garantías relacionadas con la libertad de asociación, el acceso inmediato a representación legal y la obligación de informar rápidamente a una persona sobre las razones de su arresto.

Lo que inicialmente fue presentado como una respuesta temporal ha sido renovado consecutivamente. Bajo ese marco, policías y militares ingresaron en comunidades, cercaron municipios y arrestaron masivamente a personas identificadas como integrantes, colaboradores o familiares de pandilleros.

Para abril de 2026, más de 91,000 personas habían sido detenidas desde el inicio de la ofensiva. El encarcelamiento masivo convirtió a El Salvador en uno de los países con mayor proporción de su población tras las rejas. 

CECOT, símbolo de la nueva política

La imagen más reconocida de la ofensiva es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT. La prisión de máxima seguridad fue construida con capacidad anunciada para 40,000 reclusos y comenzó a recibir detenidos en 2023. 

Los traslados de miles de hombres rapados, esposados y vestidos únicamente con pantalones cortos blancos fueron difundidos por el propio gobierno. Las imágenes funcionaron como mensaje interno y externo: el Estado, y no las pandillas, volvería a controlar el territorio.

El gobierno también modificó su estrategia judicial para procesar estructuras criminales completas. En abril de 2026 comenzó un juicio colectivo contra 486 presuntos integrantes de MS-13, vinculados por la Fiscalía con más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos asesinatos, extorsiones y tráfico de armas. 

Homicidios caen a mínimos históricos

Las estadísticas oficiales reflejan una reducción extraordinaria. El Salvador, que alcanzó una tasa aproximada de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, reportó 1.3 por cada 100,000 en 2025. La cifra fue inferior a la tasa de 7.8 registrada en 2022, año en que comenzó el régimen de excepción. 

Residentes entrevistados por The Daily Caller afirmaron que ahora pueden caminar de noche, visitar comunidades anteriormente prohibidas y operar negocios sin pagar extorsiones. El gobierno atribuye también a la seguridad el aumento del turismo y la llegada de nuevas inversiones. 

La recuperación de los espacios públicos explica buena parte del respaldo a Bukele. Para numerosos salvadoreños, las críticas internacionales sobre el debido proceso resultan secundarias frente a la posibilidad de vivir sin temor a ser asesinados por cruzar una calle equivocada.

El costo de la ofensiva

Organizaciones de derechos humanos sostienen que la reducción de la violencia no puede justificar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas ni muertes bajo custodia gubernamental.

Human Rights Watch informó que más de 3,000 menores fueron arrestados durante el régimen de excepción y que la población penal salvadoreña llegó a aproximadamente 118,000 personas. La organización citó además denuncias de arrestos basados en la apariencia, tatuajes no relacionados con pandillas, acusaciones anónimas o cuotas impuestas a agentes policiales. 

Al menos 458 detenidos habrían muerto en prisión durante el régimen, según cifras recopiladas por organizaciones salvadoreñas citadas por Human Rights Watch. El gobierno rechaza que exista una política sistemática de abusos y sostiene que la mayoría de los detenidos pertenece a estructuras responsables de décadas de asesinatos, extorsiones y desapariciones. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha pedido poner fin al uso del régimen de excepción como herramienta ordinaria contra la criminalidad. Sus objeciones se concentran en la prisión preventiva prolongada, las limitaciones al acceso de abogados y los juicios colectivos. 

Seguridad frente al Estado de derecho

El modelo de Bukele plantea una discusión que ya trasciende las fronteras salvadoreñas: cuánto poder debe recibir un gobierno para recuperar territorios dominados por organizaciones criminales y qué controles deben permanecer vigentes durante una emergencia prolongada.

Para sus defensores, Bukele hizo lo que gobiernos de izquierda y derecha no se atrevieron a hacer: enfrentar directamente a las pandillas, encarcelar a sus estructuras y devolver las comunidades a sus residentes.

Para sus críticos, el gobierno sustituyó el dominio de las pandillas por un Estado con poderes extraordinarios, escasa transparencia y mecanismos insuficientes para corregir el encarcelamiento de personas inocentes.

La paradoja salvadoreña permanece en esas dos realidades. El país es hoy considerablemente más seguro, pero alcanzó esa seguridad mediante un régimen que continúa suspendiendo derechos cuatro años después de haber sido declarado temporal. El éxito del modelo dependerá no solamente de mantener bajas las cifras de homicidios, sino de demostrar que la paz puede sobrevivir cuando regresen plenamente las garantías constitucionales.