Quinto Circuito avala fin de matrícula estatal en Texas
El fallo mantiene bloqueada una ley de 2001 que permitía a estudiantes sin estatus legal pagar tarifas de residentes
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Un tribunal federal de apelaciones mantuvo en vigor el bloqueo a las disposiciones de Texas que permitían a estudiantes sin estatus migratorio legal pagar matrícula estatal en universidades públicas, una decisión que refuerza la ofensiva legal del gobierno federal contra beneficios educativos reservados a residentes estatales cuando no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.
La decisión fue emitida el 9 de julio por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que confirmó la negativa de un tribunal de distrito a permitir la intervención de grupos defensores de estudiantes, un colegio comunitario y un estudiante que buscaban reabrir el caso y defender la llamada Texas Dream Act.
El punto central: trato preferente por residencia
El caso gira en torno a la interpretación de la ley federal 8 U.S.C. § 1623, que dispone que una persona que no esté legalmente presente en Estados Unidos no puede recibir un beneficio de educación postsecundaria basado en residencia estatal, a menos que ese mismo beneficio esté disponible para ciudadanos o nacionales estadounidenses sin importar si residen en ese estado.
En la opinión mayoritaria, el juez Jerry E. Smith sostuvo que las disposiciones impugnadas de Texas quedaban desplazadas por la ley federal porque permitían a estudiantes sin estatus legal acceder a matrícula de residente, mientras ciudadanos estadounidenses de otros estados debían pagar tarifas más altas como no residentes.
El tribunal confirmó la denegatoria de las mociones de intervención y desestimó los reclamos restantes por falta de jurisdicción apelativa.
Un acuerdo rápido entre Texas y Justicia
El litigio comenzó en junio de 2025, cuando el Departamento de Justicia demandó a Texas para detener la aplicación de sus leyes de matrícula estatal. Ese mismo día, Texas aceptó un acuerdo que permitió al tribunal federal bloquear la política.
La entonces secretaria de Justicia federal, Pamela Bondi, celebró el acuerdo al afirmar que el programa trataba a ciudadanos estadounidenses como “ciudadanos de segunda clase”, mientras el fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostuvo que la ley colocaba a inmigrantes sin estatus legal por encima de ciudadanos estadounidenses.
La ley venía desde 2001
Texas comenzó a ofrecer matrícula estatal a estudiantes indocumentados en 2001, convirtiéndose en el primer estado en extender ese beneficio. Para cualificar bajo la política bloqueada, los estudiantes debían haber vivido en Texas por tres años antes de graduarse de escuela superior, residir un año adicional antes de matricularse en la universidad y firmar una declaración jurada comprometiéndose a solicitar estatus legal tan pronto pudieran hacerlo.
Según datos citados por The Texas Tribune, alrededor de 19,000 estudiantes habían firmado esa declaración jurada. Antes del bloqueo, Texas figuraba entre los estados que ofrecían matrícula estatal a estudiantes indocumentados.
La disidencia advierte sobre el proceso
La jueza Irma Carrillo Ramirez disintió. En su opinión, cuestionó que el tribunal de distrito aprobara un acuerdo que invalidó una ley de 25 años apenas seis horas después de presentada la demanda federal. También planteó que el caso debía ser devuelto al tribunal inferior para examinar primero si existía jurisdicción bajo el Artículo III de la Constitución.
Ramirez además sostuvo que, aun si existía jurisdicción, el análisis sobre la intervención de los grupos fue incompleto y que la ley federal invocada podría presentar problemas bajo la Décima Enmienda.
Una decisión con lectura nacional
Aunque el fallo tiene efecto directo sobre Texas, la decisión se inserta en una batalla más amplia sobre hasta dónde pueden llegar los estados al conceder beneficios educativos a personas sin estatus legal. El Departamento de Justicia sostuvo que la política texana chocaba con la Constitución y con la ley federal, mientras los grupos que buscaban intervenir argumentaban que el acuerdo entre Texas y el gobierno federal dejó fuera a los estudiantes afectados sin una oportunidad real de ser escuchados.
El resultado, por ahora, deja en pie el bloqueo: Texas no puede aplicar las disposiciones que permitían matrícula estatal a estudiantes sin estatus legal cuando ese mismo beneficio no se ofrece a ciudadanos estadounidenses de otros estados en iguales términos.
