"En este momento, el Centro de Periodismo Investigativo no es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia en lo que concierne al referido recibido de parte de la Comisión Estatal de Elecciones”.
Con esta afirmación luego de casi un mes del referido que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) presentó al Departamento de Justicia solicitando una investigación sobre presuntos accesos ilegales al Registro General de Electores, la agencia informó que, por el momento, no ha iniciado ninguna investigación formal contra el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre irregularidades de índole criminal en el acceso a los datos que fueron utilizados para redactar la historia periodística.
Mediante declaraciones escritas enviadas a InDiario tras este medio revelar en primicia la totalidad del referido y que este había sido asignado a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la agencia indicó que ni Justicia ni ninguna otra entidad estatal o federal discute ni ofrece detalles sobre investigaciones activas.
Sin embargo, puntualizó que en este momento el CPI no es objeto de ninguna investigación en relación con el referido de la CEE.
Este comunicado pudiera despejar las dudas y rumores que surgieron tras la solicitud de la CEE de presentar cargos criminales contra quienes hayan accedido de manera supuestamente ilegal al registro electoral con propósitos periodísticos para revelar que miles de personas fallecidas aún figuran como votantes en la base de datos de la CEE.
La investigación del CPI, publicada el pasado mes de septiembre destapó que miles de nombres de personas muertas se encontraban aún en el Registro General de Electores como votantes activos, una situación que ha suscitado preocupaciones sobre la precisión y transparencia del sistema electoral en Puerto Rico.
La CEE, quien aún no ha dicho si terminó de depurar los datos para excluir a todos los difuntos del registro, consideró que la publicación de esta información podría violar leyes de privacidad y solicitó al Departamento de Justicia que investigara cualquier acceso no autorizado al registro, alegando que estos datos confidenciales solo pueden ser utilizados para fines oficiales y no para divulgación pública.
Sin embargo, el Departamento de Justicia aclaró en su comunicado que este caso no se rige bajo las disposiciones de la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), la cual establece una norma de 15 días para notificar si la agencia realizará una investigación preliminar en casos aplicables. La agencia subrayó además que este referido de la CEE no se considera como uno de esos casos.
La aclaración responde a las inquietudes de la ciudadanía y el gremio periodístico sobre el impacto de este tipo de investigaciones en la libertad de prensa y en el derecho a la información.
Mientras tanto, el debate sobre los derechos de acceso a la información y la privacidad de los datos personales continúa en el ámbito público. Organizaciones de transparencia y derechos civiles en Puerto Rico reiteran que la vigilancia de los procesos electorales es fundamental en una democracia, y hacen un llamado a la CEE a corregir cualquier irregularidad en lugar de disuadir a quienes exponen posibles fallas en el sistema electoral.