Gobierno inicia revisión del Plan de Uso de Terrenos en medio de presiones
Desde el 4 de noviembre iniciará un proceso en tres fases de 90 días que culminará con un plan para aprobación de la gobernadora Jenniffer González
A pesar de los insistentes llamados para enmendar el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT-PR) de la Junta de Planificación, con el fin de facilitar más terreno para el desarrollo de vivienda asequible, entre otros tipos de proyectos de construcción, la agencia estatal anunció que iniciará un proceso de ordenación territorial que, como mínimo, se extenderá por nueve meses y cuya aprobación no tiene un tiempo definido.
Tal y como establece la Ley Núm. 550-2004, el Plan de Uso de Terrenos, aprobado por última vez en 2015, debe revisarse cada diez años. Ante esta obligación legal, el presidente de la Junta de Planificación, Lcdo. Héctor Morales Martínez, anunció hoy la adopción de la Guía Interna para el Proceso de Revisión del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. Sin embargo, el funcionario descartó que exista una inclinación por parte de su agencia para favorecer o restringir más terrenos destinados a desarrollos urbanos, como han insistido varios sectores —tanto de entidades privadas como de agencias públicas— en la isla
"Vamos hacer una revisión integral de manera completa y con transparencia", indicó Morales Martínez.
El funcionario adelantó que, a partir del 4 de noviembre, iniciará un proceso compuesto por tres fases, cada una con una duración mínima de 90 días, que culminará con la adopción de un plan que luego pasará a la consideración y aprobación de la gobernadora Jenniffer González. Tras recibir el insumo de los sectores comunitario, público (agencias estatales y gobiernos municipales) y privado, la Junta de Planificación daría el visto bueno a un plan condicionado al escrutinio y la aprobación de La Fortaleza.
Cabe destacar que, actualmente, la Junta está compuesta por cuatro miembros, y que la Gobernadora podría nombrar otros tres para completar el total de siete integrantes que poderían adoptar el plan antes de su aprobación.
Por su parte, Morales Martínez indicó que el documento debería pasar a la aprobación de La Fortaleza dentro de un marco de tiempo razonable, aunque las voces que abogan por enmendarlo en favor de la industria de la construcción cobran cada vez más fuerza. Incluso, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, figura como uno de los principales proponentes para enmendar un plan que establezca un balance más equitativo entre la conservación y el desarrollo. Asimismo, algunos sectores empresariales, como la Asociación de Constructores de Hogares, han subrayado las limitaciones de la industria para poder construir nueva vivienda.
En términos generales, se estima que en Puerto Rico alrededor del 76 % del territorio está bajo algún tipo de protección, un 14 % se encuentra urbanizado y el 10 % restante está clasificado como suelo rústico común. Esta última categoría representa una zona intermedia o ambigua que, en teoría, podría destinarse a la construcción si el terreno cumple con las condiciones adecuadas. No obstante, gran parte de esas áreas no reúne los estándares técnicos ni los códigos requeridos. Del mismo modo, del porcentaje urbanizado, algunos estimados apuntan que sólo el 1 por ciento se puede utilizar para el desarrollo, lo que supone un reto enorme para la industria.
La Junta, al evaluar la revisión del nuevo Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT-PR), considerará una serie de factores que han transformado al país en los últimos años, entre ellos los desastres naturales, la pandemia del COVID-19, el éxodo migratorio, y el envejecimiento poblacional provocado por la baja natalidad. También tomará en cuenta otros fenómenos de igual relevancia, como la gentrificación en el sector de la vivienda.
La agencia subrayó que se recibirá el insumo de todos los sectores del país con el propósito de elaborar un plan que “mejore la calidad de vida de todos los puertorriqueños”. Asimismo, la agencia destacó la revitalización de los cascos urbanos como una de las metas prioritarias del proceso, aunque aún no se ha precisado de qué manera concreta se impulsarán los proyectos relacionados con este objetivo.
“Además, por primera vez, el Plan incluirá métricas claras que nos permitirán medir el cumplimiento de sus objetivos y dar seguimiento a los compromisos establecidos”, indicó Morales Martínez.