Junta Fiscal sube oferta a bonistas para cerrar deuda de AEE

La Junta de Supervisión Fiscal colocó una nueva cifra sobre la mesa para intentar cerrar uno de los capítulos más prolongados y costosos de la crisis fiscal de Puerto Rico: la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El ente federal divulgó este martes una oferta de $3,000 millones dirigida a los bonistas de la AEE que todavía no han aceptado el Plan de Ajuste. La propuesta fue presentada el pasado 1 de junio en el proceso de mediación y contempla un pago en efectivo, la emisión de nuevos bonos o una combinación de ambas alternativas.

Según la Junta, la oferta permitiría a esos bonistas recuperar aproximadamente un 35% de los $8,500 millones reclamados, en comparación con cerca de 19% bajo el plan vigente. En términos prácticos, el organismo está aumentando en unos $1,400 millones la compensación disponible para los acreedores no consensuales.

La Junta busca cerrar el caso

El director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, sostuvo que Puerto Rico tiene que cerrar la quiebra de la AEE para dejar atrás el último gran capítulo de su crisis fiscal y avanzar hacia un sistema eléctrico más confiable y asequible.

La quiebra de la corporación pública se tramita bajo el Título III de PROMESA y busca resolver más de $10,000 millones en deuda no relacionada con pensiones, incluyendo reclamaciones de bonistas, prestamistas de la línea de combustible y acreedores no asegurados.

Si los bonistas aceptan la nueva propuesta, la recuperación total para los acreedores no relacionados con pensiones ascendería a unos $4,000 millones.

La pregunta clave: ¿de dónde sale el dinero?

Aunque la oferta marca un intento serio por cerrar el caso, la propia Junta reconoció un punto medular: todavía no se ha determinado una fuente definitiva para financiar cualquier pago en efectivo ni para cubrir el servicio de deuda de los nuevos bonos.

Ese detalle es crucial. Puerto Rico ya carga con una de las facturas eléctricas más altas y volátiles de Estados Unidos, y cualquier intento de pagar deuda mediante cargos adicionales a los abonados enfrentaría fuerte resistencia pública y política.

La Junta ha insistido en que cualquier acuerdo debe ser fiscalmente sostenible y no hacer inasequible el servicio eléctrico. Sin embargo, mientras no se identifique claramente la fuente de repago, la propuesta deja abierta la interrogante de si el costo terminará saliendo del Gobierno central, de alguna estructura financiera alterna o, directa o indirectamente, del bolsillo del consumidor.

Pago adicional si mejora la AEE

Como parte de la negociación, la Junta también expresó disposición a discutir un Instrumento de Valor Contingente. Bajo ese mecanismo, los bonistas podrían recibir pagos adicionales si la AEE logra aumentar su flujo de caja neto por encima de las proyecciones del Plan Fiscal certificado de 2025.

La condición es importante: no bastaría con vender más electricidad. Tendría que haber un aumento real en el flujo de caja neto de la corporación pública. Si sube el consumo, pero no mejora la posición financiera de la AEE, no habría pago adicional bajo ese instrumento.

Bonistas no han dado el sí

La Junta decidió hacer pública la oferta luego de que el mediador principal informara que los asesores de los bonistas no recomendaban a sus clientes aceptarla, debido a las restricciones que podrían enfrentar para negociar sus valores.

El movimiento también puede leerse como presión pública. Al divulgar la propuesta, la Junta busca presentar su oferta como razonable, colocar a los bonistas en posición de responder y demostrar ante el tribunal que continúa intentando una salida consensuada.

Varios acreedores ya aceptaron el Plan de Ajuste, incluyendo prestamistas de la línea de combustible, acreedores no asegurados y algunos bonistas. Esos acuerdos permanecerían vigentes.

Un cierre necesario, pero no gratis

La deuda de la AEE ha sido una piedra en el zapato de la recuperación fiscal de Puerto Rico. Sin resolver ese caso, el país mantiene incertidumbre sobre el futuro financiero del sistema eléctrico, la capacidad de atraer inversión y el manejo de los fondos federales destinados a la reconstrucción de la red.

Pero cerrar la quiebra tampoco puede convertirse en otro golpe a los abonados. Esa será la línea fina del nuevo intento de acuerdo: resolver la deuda sin empeorar la factura de luz ni comprometer recursos públicos que ya enfrentan múltiples presiones.

La Junta puso $3,000 millones sobre la mesa. Ahora falta saber si los bonistas lo aceptan, si el tribunal lo valida y, sobre todo, quién termina pagando la cuenta.