Junta frena a alcaldes por arbitrios de construcción
El ente fiscal advierte que cobrarlos en obras federales puede violar PROMESA
Por Redacción InDiario|Noticias|
La Junta de Supervisión Fiscal volvió a chocar con los municipios al advertir que los alcaldes no pueden implementar leyes que permitirían cobrar arbitrios de construcción o flexibilizar procesos de contratación en proyectos financiados con fondos federales, a menos que el ente federal concluya primero que esas medidas cumplen con PROMESA y con los planes fiscales certificados.
La directriz fue comunicada por el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, en una carta dirigida al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, y al presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero.
En la comunicación, Mujica advirtió que las leyes 215-2024 y 141-2024 “no pueden implementarse” hasta que la Junta determine que no violan PROMESA, no son incompatibles con los planes fiscales aplicables y no perjudican los objetivos de la ley federal que creó el organismo de supervisión.
La Junta dio hasta el 22 de junio de 2026 para que ambas organizaciones municipales confirmen que informaron a sus miembros que ningún municipio puede implementar esas leyes sin autorización previa del ente fiscal.
El señalamiento principal está relacionado con la posibilidad de cobrar arbitrios de construcción a proyectos financiados con fondos federales. Para la Junta, imponer esos cargos podría ser interpretado por el gobierno federal como un uso ineficiente o indebido de fondos destinados a la reconstrucción y a obras esenciales.
Mujica sostuvo que ese riesgo aumenta si los municipios imponen arbitrios más altos a proyectos federales, lo que podría encarecer obras, crear un marco desigual entre los 78 municipios y provocar que contratistas pierdan interés en participar en proyectos de infraestructura, particularmente en el área energética.
La amenaza de acudir al tribunal
La Junta también se reservó el derecho de tomar acciones bajo PROMESA, incluyendo medidas para anular o impedir la implementación de las leyes si entiende que los municipios insisten en aplicarlas.
El conflicto no es menor. La Ley 215-2024 modificó aspectos del Código Municipal relacionados con contratación y recaudos municipales, mientras que la Ley 141-2024 elevó umbrales para subastas en proyectos de construcción y mejoras públicas. Para la Junta, esos cambios debilitan controles de competencia, reducen procesos de licitación y pueden afectar la transparencia en el uso de fondos públicos.
Desde la perspectiva municipal, sin embargo, los arbitrios de construcción representan una fuente histórica de ingresos que ayuda a costear servicios, atender el impacto de obras dentro de las comunidades y sostener operaciones en ayuntamientos que ya enfrentan presiones presupuestarias.
Federación de Alcaldes rechaza planteamiento
El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, rechazó la posición de la Junta y sostuvo que el organismo parte de una premisa equivocada al sugerir que las leyes eliminan controles o reducen la competencia.
Hernández Rodríguez defendió que los municipios continúan sujetos al Código Municipal, a reglamentos federales y a múltiples mecanismos de fiscalización. A su juicio, las medidas buscan agilizar procesos y preservar ingresos necesarios para la estabilidad fiscal de los gobiernos municipales.
El también alcalde de Camuy argumentó que los municipios dependen de varias fuentes de ingresos para sostener servicios esenciales, mantener infraestructura y responder a las necesidades de sus ciudadanos. En esa ecuación, los arbitrios de construcción forman parte del esquema fiscal municipal desde hace décadas.
La controversia ocurre en momentos en que alcaldes del PNP y del PPD han reclamado más fondos a la Junta Fiscal para sostener servicios esenciales, emergencias, programas de amas de llave, policías municipales, obras permanentes y pareos de reconstrucción.
Otro golpe a las finanzas municipales
La determinación de la Junta coloca nuevamente sobre la mesa la tensión entre la supervisión fiscal federal y la autonomía municipal. Para el ente fiscal, el objetivo es proteger los fondos federales, evitar aumentos en costos de reconstrucción y garantizar que los procesos de contratación respondan a estándares de competencia.
Para los alcaldes, la directriz limita herramientas de recaudo en momentos en que los municipios enfrentan menos ingresos, más responsabilidades y mayores exigencias operacionales de parte de sus ciudadanos.
El choque también tiene implicaciones prácticas para proyectos de energía, infraestructura y reconstrucción. Si los arbitrios municipales encarecen las obras, la Junta sostiene que el gobierno federal podría mirar con mayor cautela futuras asignaciones. Si los municipios no pueden cobrarlos, los alcaldes advierten que se debilita su capacidad de atender el impacto local de esas construcciones.
La disputa podría terminar nuevamente en el Tribunal Federal si la Junta decide impugnar actos municipales o si los alcaldes insisten en defender la aplicación de las leyes aprobadas por la Legislatura y firmadas por el Ejecutivo.
Por ahora, la Junta puso una fecha límite y un mensaje claro: ningún municipio debe aplicar las leyes 141 y 215 hasta que el organismo determine que cumplen con PROMESA. Los alcaldes, por su parte, advierten que la autonomía municipal y los servicios directos al ciudadano vuelven a quedar bajo presión.
