Justicia federal acusa a Raúl Castro y otros cinco cubanos
Pliego acusatorio por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy la radicación y divulgación de una acusación federal ampliada contra Raúl Modesto Castro Ruz, de 94 años y residente en Holguín, Cuba, junto a otros cinco presuntos funcionarios vinculados al gobierno cubano, por su alegada participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales.
La acusación también incluye a otros nacionales cubanos identificados como Lorenzo Alberto Pérez Pérez, de Las Tunas, Cuba; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raúl Simanca Cárdenas; y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
El caso está relacionado con el ataque aéreo que provocó la muerte de cuatro integrantes de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
“Más de tres décadas después, seguimos comprometidos con llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de cuatro valientes estadounidenses”, indicó el secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Todd Blanche.
Blanche sostuvo que se trata de la primera ocasión en cerca de 70 años en que altos dirigentes del gobierno cubano enfrentan cargos criminales en territorio estadounidense por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
Hermanos al Rescate era una organización con base en Miami que realizaba vuelos humanitarios sobre el estrecho de Florida para localizar y asistir a balseros cubanos en peligro.
Según la acusación, agentes de inteligencia cubanos habrían infiltrado la organización desde principios de la década de 1990 y transmitido información detallada sobre sus operaciones aéreas al gobierno cubano.
Las autoridades federales alegan que esa información fue utilizada por el liderazgo militar cubano para planificar la operación del 24 de febrero de 1996.
De acuerdo con el documento judicial, tres aeronaves de Hermanos al Rescate despegaron ese día desde el sur de Florida rumbo a Cuba. La acusación sostiene que aviones militares cubanos, bajo una cadena de mando supervisada por Raúl Castro, dispararon misiles contra dos avionetas civiles Cessna desarmadas mientras volaban fuera del territorio cubano.
El ataque destruyó ambas aeronaves y causó la muerte de los cuatro ocupantes.
La acusación federal incluye cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
La acusación también alega que, en las semanas previas al ataque, pilotos militares cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento dirigidos a localizar e interceptar aeronaves civiles de vuelo lento. El día del incidente, tres aviones de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-locka para una misión humanitaria planificada al sur del paralelo 24. Dos de las aeronaves —con matrículas N2456S y N5485S— presuntamente fueron interceptadas y derribadas en espacio aéreo internacional, provocando la muerte de las cuatro víctimas.
De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses. Castro Ruz y Pérez Pérez también enfrentan hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos relacionados con la destrucción de aeronaves.
Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 65 años y residente de La Habana, Cuba, permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses en espera de sentencia este mes en el Distrito Medio de Florida por alegadamente realizar declaraciones falsas en un documento migratorio.
La Fiscalía federal también agradeció la colaboración de la Oficina del Procurador General de Florida.
“Agradecemos el respaldo brindado por el procurador general James Uthmeier y su equipo durante esta investigación”, expresó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.
El anuncio coincidió con una ceremonia celebrada en la Freedom Tower de Miami para honrar a las víctimas del derribo. En la conferencia de prensa participaron el secretario de Justicia interino Todd Blanche; el fiscal federal Reding Quiñones; la senadora federal Ashley Moody; el subdirector del FBI Christopher G. Raia; y el procurador general de Florida, James Uthmeier.
Los fiscales federales Abbie D. Waxman y Michael E. Gilfarb, del Distrito Sur de Florida, están a cargo del procesamiento del caso, mientras que la investigación fue dirigida por la oficina del FBI en Miami.
