Justicia pide FEI contra jueza por escándalo de casi $175,000 en bonos a empleados de la CEE
Investigación concluye que Jessika Padilla autorizó pagos ilegales, se benefició personalmente y usó fondos sin autorización de la Junta Fiscal ni la OGP
Por Rafelli Gonzalez|Noticias|
La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la jueza Jessika D. Padilla Rivera, quien se desempeñó como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hasta abril de 2025.
La determinación fue notificada como parte de la política de divulgación de información pública y tras culminar una investigación preliminar relacionada con el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos de la CEE durante abril de 2025 que suma $174,105.20. La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que el informe fue remitido al Panel, así como a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina del Inspector General (OIG) y a la propia jueza Padilla Rivera.
Según explicó la directora de la división adscrita a Justicia, Sonia I. Martínez Ortiz, la investigación se inició luego de que el 29 de mayo de 2025 el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, presentara un referido por un posible uso indebido de fondos públicos en la CEE. Como parte del análisis, Justicia evaluó además el informe OIG-QI-26-004 preparado por la Oficina del Inspector General.
Tras examinar la prueba recopilada, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que Padilla Rivera incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico. Asimismo, determinó que hay causa para creer que incurrió en la conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
El referido de hoy se produce en un contexto marcado por señalamientos previos de la OIG, que en agosto de 2025 había confirmado el referido de 65 casos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental por la otorgación de bonos sin la autorización requerida de la Junta de Control Fiscal ni de la OGP, en aparente violación a las restricciones impuestas tras la aprobación de la ley PROMESA.
Con la recomendación ya en manos del Panel, corresponderá ahora a la OPFEI evaluar el informe y determinar si procede la designación de un Fiscal Especial Independiente. Debido a que el asunto está bajo consideración del Panel, el Departamento de Justicia indicó que no emitirá comentarios adicionales sobre el caso.