Orden federal contra Recursos Naturales por dragado sin permiso
La orden de cese y desista advierte al DRNA multas de hasta $68,446 diarios y hasta penas criminales por dragar sin permiso federal la desembocadura en Loíza
Por Redacción InDiario|Noticias|
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos emitió una orden de cese y desista contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), dirigida personalmente al secretario Waldemar Quiles, al alegar que la agencia descargó material de relleno y realizó actividades de dragado en la desembocadura del Río Grande de Loíza sin el permiso federal requerido, según un documento obtenido por INDIARIO. La orden, fechada el 8 de julio y firmada por el coronel Brandon L. Bowman, comandante del Distrito de Latinoamérica y el Caribe, instruye a la agencia a detener toda actividad en aguas navegables de Estados Unidos hasta que el asunto quede resuelto. El señalamiento sube de tono porque, según el propio documento, las obras alegadamente se realizaron a pesar de múltiples conversaciones recientes entre personal del Cuerpo, el propio Quiles y miembros de su equipo sobre el requisito de obtener el permiso antes de iniciar trabajos de esa naturaleza. "Se le advirtió previamente que ningún dragado, excavación o descarga de material de relleno podía ocurrir en estas aguas hasta obtener la autorización federal apropiada", consigna la carta, que añade que el Cuerpo incluso ofreció adiestramientos y materiales de orientación al personal del DRNA sobre el programa de permisos. Ese historial de avisos, advierte la agencia federal, será considerado al evaluar la respuesta de ley correspondiente.
MULTAS DIARIAS Y HASTA CÁRCEL SOBRE LA MESA
La carta notifica las posibles consecuencias civiles y criminales por violar la Ley de Agua Limpia y la Ley de Ríos y Puertos. El DRNA podría incurrir en penalidades civiles de hasta $68,446 por cada día de violación, mientras que las penalidades criminales bajo la Ley de Agua Limpia incluyen multas de hasta $50,000 diarios, prisión, o ambas. La violación a la Ley de Ríos y Puertos podría acarrear multas de hasta $100,000 para individuos y $200,000 para corporaciones, y hasta un año de cárcel. El Cuerpo también podría exigir la restauración del área impactada, y advirtió que puede notificar la situación a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), cuya directora de la División de Protección Ambiental del Caribe, Carmen Guerrero, recibió copia de la orden, junto al Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas. La agencia tiene 15 días para responder, y entre las rutas de solución figuran la restauración del área, un permiso retroactivo o la vía legal. Ni Quiles ni el DRNA han sido acusados formalmente, y la orden constituye una alegación en etapa de investigación.
EL REGULADOR AMBIENTAL, SEÑALADO POR LOS FEDERALES
La ironía no pasa desapercibida. La agencia responsable de fiscalizar el cumplimiento ambiental en la isla queda ahora señalada por el gobierno federal por alegadamente violar las mismas leyes que administra en su ámbito. El pasado 12 de junio, el propio Quiles supervisó en esa desembocadura una operación con maquinaria pesada para abrir una brecha de varios pies y liberar dos manatíes que quedaron atrapados en el estuario, tras reconocer que la salida al mar estaba obstruida en su totalidad. La orden federal no precisa a qué trabajos específicos se refiere. El golpe llega, además, en la peor semana pública del funcionario, cuando alcaldes de la propia Palma, encabezados por el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel "Gaby" Hernández, lo han emplazado por la parálisis de Playita Rosada en Lajas, el Parque de las Cavernas del Río Camuy y otras instalaciones bajo su jurisdicción. Al cierre de esta edición, el DRNA no había reaccionado públicamente a la orden.